En diciembre de 1983, tras la dramática experiencia de la dictadura militar, Raúl Alfonsín asumía el gobierno constitucional enarbolando la consigna de que “con la democracia se come, se cura y se educa”. El vínculo esencial entre el desarrollo educativo y el proceso de democratización integral de la sociedad quedaba así planteado como el horizonte normativo de la nueva etapa que se abría. No obstante, a casi cuatro décadas de ese hito trascendente de nuestra historia, las promesas de la democracia en materia de educación básica aparecen deslucidas y su realización ofrece una importante cuota de decepción.
Vistos en la perspectiva de la larga duración, los esfuerzos de política pública que se sucedieron desde entonces presentaron escasa continuidad en sus formas de entender y orientar el desarrollo de la educación básica para el conjunto de los ciudadanos. Pese a la promulgación de leyes, los intentos de reforma y la multiplicación de programas, en estos casi 40 años nuestro sistema político-institucional no ha conseguido establecer y sostener orientaciones y compromisos societales duraderos para lidiar con las tensiones que –inevitablemente- se le plantean a las políticas educativas en la compleja búsqueda de la cobertura universal, la mejora de calidad de las experiencias y aprendizajes de los/as estudiantes y la distribución más equitativa de oportunidades y resultados.
Sin embargo, pese a la discontinuidad que caracteriza a nuestras políticas educativas, un terreno de acuerdo ha sido la agenda de la expansión de la escolarización. A lo largo de este período, los esfuerzos se dirigieron –principalmente- a la expansión de la oferta escolar, impulsando -hacia “abajo” y hacia “arriba” de la educación primaria- el acceso a niveles y grados de escolarización de grupos y sectores antes excluidos.
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Los principales resultados de estos esfuerzos se verifican en la ampliación de la cobertura de la educación inicial y la educación secundaria y el fuerte incremento de la población mayor de veinticuatro años con secundaria completa, aunque estos logros distan mucho de ser uniformes a lo largo y a lo ancho del país. En trazo grueso, el incremento del número de establecimientos, docentes y estudiantes ha constituido una política de Estado permanente, facilitada o dificultada por las capacidades fiscales y por el grado de prioridad asignada a la educación básica en cada contexto y etapa.
Pero los alcances y la calidad de la expansión resultan menos satisfactorios. En tensión con las ambiciones formativas que suelen declararse en nuestros lineamientos curriculares oficiales (inglés, programación y robótica, educación sexual integral, artes, educación ambiental, etc.), el tiempo escolar se mueve a otros ritmos. Aunque la Ley de Financiamiento Educativo (2005) preveía la meta de 30% de estudiantes de educación básica con jornada extendida o completa para todo el país, el avance en ese terreno ha sido sumamente limitado, ya que la abrumadora mayoría de los niños, niñas y jóvenes argentinos/as cursan hoy –al igual que hace cien años- en jornadas simples, a menudo caracterizadas por la pérdida sistemática de días y horas de clase.
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A la vez, este proceso expansivo de la educación básica encontró fuertes limitaciones en sus alcances y logros en la medida en que se superpuso con un marcado aumento de los niveles de pobreza. Una de las consecuencias del estancamiento económico de largo plazo y del incremento de la desigualdad, es que un porcentaje elevado de los niños/as y jóvenes/es que asisten al sistema educativo viven en situación de pobreza estructural. Una masiva “escolarización de la pobreza” (Tenti, 2007) define la realidad cotidiana de una parte importante de las escuelas, acentuando las distancias entre procesos formativos, vivencias y resultados de “alta” y “baja calidad”.
En términos estructurales, la movilidad educativa “hacia arriba” está lastrada por los niveles de precariedad en las condiciones de vida y por la baja calidad y eficacia de las experiencias formativas que viven muchos de nuestros estudiantes en su paso por la escolaridad obligatoria. Como resultado, las evaluaciones internacionales muestran que -después de 10 ó 12 años de experiencia escolar- la mitad de los/as estudiantes argentinos/as tiene importantes dificultades para comprender textos, realizar operaciones matemáticas básicas y manejar nociones fundamentales de ciencias que aseguren una base mínima para el desempeño de empleos formales, el desarrollo personal y la participación ciudadana.
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Este es el nudo social y educativo frente al cual nos enfrentamos como sociedad. En este contexto, forzar más allá de los límites la agenda de la expansión es una respuesta a todas luces insuficiente. Los necesarios esfuerzos en materia de cobertura deben articularse más orgánicamente con una estrategia orientada al cambio y la mejora sistemática. Insistir en lograr saltos expansivos –como la reciente propuesta oficial de incrementar un 25% del tiempo en las escuelas primarias- sin una planificación clara y sin una propuesta escolar que muestre ser pedagógicamente eficaz para el logro de los aprendizajes fundamentales condena a las políticas educativas a la repetición desgastante de ciclos –cada vez más cortos- de promesa y decepción.
Por eso, el predominio de los impulsos expansivos debe articularse, de manera decidida, con una estrategia integral e incremental, orientada explícitamente a la mejora de los procesos, los contenidos y los resultados educativos en las condiciones de la Argentina actual. El problema es que –hasta hoy- hemos tenido enormes dificultades para analizar en profundidad los problemas que enfrentamos y para desarrollar políticas que operen en forma consistente en el tiempo para apoyar a las/os docentes y estudiantes y movilizar la mejora, el cambio y la innovación cotidiana en las aulas.
Además de garantizar condiciones para enseñar y aprender, necesitamos de un entramado de dispositivos e instrumentos (diseños curriculares, evaluación, formación y desarrollo profesional docente, libros de texto y de ejercitación, entornos tecnológicos) que –de manera consistente- apunten a mejorar efectivamente el “núcleo técnico” del trabajo escolar; esto es, los desafíos y apoyos que los docentes proponen –en forma sistemática- para que los estudiantes incrementen sus capacidades de comprender y trabajar con conocimientos, tareas y ambientes crecientemente complejos. Necesitamos poner en práctica y generalizar herramientas y metodologías que muestren eficacia formativa aún en contextos y con públicos socialmente desfavorecidos.
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Como ha destacado la literatura internacional, quizás una de las vías privilegiadas para impulsar y sostener en el tiempo la consistencia de los procesos de cambio educativo que necesitamos sea promoviendo reformas en la formación inicial y continua de docentes y en los modos en que se estimula y se regula el desarrollo de su carrera profesional y la motivación y la calidad de su trabajo. La calidad de los cuerpos profesionales docentes –sus capacidades, compromiso y motivación profesional- son el factor más decisivo en la construcción de cualquier proceso de cambio educativo. Por eso -entre otras iniciativas- hay que celebrar la decisión del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de presentar un proyecto de reforma de la carrera profesional, que procura estimular el desarrollo de capacidades pedagógicas de los/as maestras/os y profesores mediante la capacitación sistemática y su crecimiento a través del ejercicio de una diversidad de roles vinculados con la enseñanza y el trabajo colaborativo.
El avance hacia una sociedad crecientemente interconectada y compleja eleva las exigencias hacia la formación básica, dado que sus definiciones y objetivos están siempre sujetos a los desafíos que estas dinámicas van imponiendo. Por eso, en esta era llena de incertidumbre e inestabilidades globales, no alcanza con seguir expandiendo la cobertura o de creer que todo se reduce a incrementar los recursos asignados al sector. Tras casi cuatro décadas de democracia, la Argentina necesita definir una estrategia consistente para dar orientación y sustento al desarrollo de una educación básica que brinde la experiencia formativa y las herramientas que los niños, las niñas y jóvenes necesitan para enfrentar los complejos desafíos que les plantea la vida en sociedad hoy.
El Dr. Mariano Palmidessi es Docente e investigador en educación
Rector Organizador de la Universidad de la Ciudad
