El Gobierno argentino concedió este jueves el asilo para elguerrillero chileno, Sergio Galvarino Apablaza Guerra, acusado por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y el directivo del diario La Tercera, Cristian Edwards y las críticas arreciaron desde el país trasandino.
La decisión final había quedado en manos de la CONARE - un órgano interministerial que se ocupa de los refugiados y depende delMinisterio del Interior - que logró reunirse y acordar el asilo de Apablaza extraoficialmente yaque estos procesos se rigen por el principio de confidencialidad.
"Lo que consideró la Comisión es que durante determinada cantidad de años Apablaza fuevictimizado por un régimen inconstitucional en Chile, que estuvo detenido y fue sometido atormentos, y que nunca se le realizó un juicio", dijo el abogado chileno del ex guerrillero, Leonel Curutchague.
Desde el Ministerio del Interior del país vecino, se dijo que "la estrategia (a seguir deahora en más) depende mucho de la línea argumentativa que esgrima laautoridad argentina para conceder el asilo" al tiempo que "vamos a tratar de llevar esto a laJusticia argentina", confirmaron fuentes de la cartera al diario La Tercera.
Según el matutino, el estado argentino podría invocar "razones humanitarias" o la posibilidadde que el ex frentista se convierta en un perseguido político si es extraditado, argumentos quedeberán considerar antes de salir al cruce de La Rosada.
Algunos dirigentes como el senador de la UDI, Andrés Chadwick, indicó que “para nosotros... sería realmente inaceptable eincomprensible que el gobierno argentino hubiese tomado la decisión de proteger a un delincuenteterrorista.... y amparar la impunidad de un crimen de un senador chileno”. Por su lado, la excanciller y senadora Soledad Alvear explicó que "es difícil comprender que no se acoja unasolicitud de extradición habiendo cometido dos delitos brutales".
Por su lado, el presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica, dijo que "sería lamentable que por razones solamente políticas senegara la extradición para que una persona se presente en el país y explique, justifique odemuestre si ha tenido participación en un hecho punible", se quejó el magistrado antes de queconociera la decisión del refugio.
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