La causa judicial por la sustracción de propofol y otros fármacos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se encuentran procesados el anestesista Hernán Boveri y la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, deberá volver a la etapa de investigación.
Como informó el portal especializado Fiscales.gob y, además, como fuentes judiciales le dijeron a la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional decidió que la causa contra los dos médicos del Hospital Italiano procesados por el supuesto desvío de la droga para uso personal, debe volver a su etapa de instrucción al considerar que la investigación se cerró sin generar pruebas fundamentales.
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Esta resolución fue tomada por la Sala de Turno del tribunal, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF), que había cuestionado la elevación a juicio indicando que todavía faltaba la apertura y el análisis de los dispositivos electrónicos de los imputados.
Cómo arrancó la causa
Este expediente comenzó en febrero y tiene como acusados a un exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano y a la residente de tercer año de esa misma especialidad.
Según la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo al procesamiento confirmado en junio por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Boveri habría sido el autor de la maniobra, mientras que Lanusse habría participado de forma secundaria.
La investigación rastrea una supuesta administración fraudulenta en perjuicio del hospital a través del desvío de ampollas de propofol, un anestésico de uso médico que los imputados habrían usado para fines personales.
En la etapa de instrucción, el fiscal Lucio Herrera (h), al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, pidió que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) hiciera una pericia sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Sin embargo, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 determinó que esa medida podía llevarse a cabo en el debate oral y avanzó con el cierre de la investigación, pese a la oposición al respecto del fiscal, quien también había pedido registros para definir en cuántas intervenciones médicas participaron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 donde se hubiera registrado el uso de ampollas de propofol.
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Esta controversia llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, donde la fiscal María Luz Castany afirmó que el expediente debía volver a la etapa de instrucción, indicando que el análisis de los teléfonos podía proveer información relevante para profundizar los hechos investigados.
El juez Pablo Vega apoyó este planteo, considerando que la elevación a juicio había sido prematura, por lo que regresó las actuaciones al juzgado de origen; sin embargo, el magistrado de primera instancia aceptó parcialmente esta decisión, remitiendo nuevamente a juicio el tramo de la investigación correspondiente a uno de los imputados.
En ese contexto, Castany pidió que se declarara la nulidad del cierre de la instrucción y de todos los actos posteriores. También señaló que llevar la producción de esa prueba al debate oral postergaría un tema que debía solucionarse durante la investigación preparatoria.
Este planteo fue apoyado por el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi, quien afirmó ante Casación que no se trataba de una diligencia complementaria, sino de terminar una medida de investigación pedida durante la instrucción y cuya importancia había sido ratificada por la fiscalía de juicio.
Al estudiar el expediente, el camarista Nicolás Grappasonno consideró que la pericia sobre los dispositivos electrónicos era útil y pertinente para aclarar los hechos investigados y advirtió que sus resultados podían cambiar la hipótesis acusatoria y la delimitación de la plataforma fáctica del caso.
Además, afirmó que el juzgado no había tenido en cuenta el efecto que podía tener esa medida al insistir con la elevación a juicio sin esperar sus resultados.
