La semana pasada el presidente de Electroingeniería, Osvaldo Acosta, se presentó en la Fiscalía Anticorrupción N°1 para ser considerado parte en la causa en la que se investiga la situación de la Central Pilar de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec). Desde esa dependencia aclararon que “no está imputado” sino que se lo aceptó como parte a tenor del artículo 80 del Código Penal que establece que toda persona investigada o denunciada puede hacer valer los derechos que la ley le acuerda a los imputados.
Acosta concretó el trámite apenas retomó la presidencia de la empresa, luego de permanecer detenido en la denominada causa de los cuadernos que se tramita en el juzgado porteño de Claudio Bonadío.
El expediente radicado en Anticorrupción se abrió a partir de una denuncia del exlegislador Juan Pablo Quinteros contra Epec y Electroingeniería. Planteó la sospecha de serias deficiencias en el mantenimiento de la Central Térmica de Ciclo Combinado Bicentenario, ubicada en la localidad de Pilar.
La Central es de Epec pero está mantenida por la empresa privada a partir de un convenio suscripto en 2010.
Acosta, patrocinado por el abogado Ezequiel Mallía, es considerado parte y podrá aportar prueba o peritos de control en caso de nuevas pericias que ordene el fiscal. Además, el gremio de Luz y Fuerza fue admitido como querellante. Y también podrá acceder al expediente y participar de la producción y control de la prueba.
Apenas recibió la denuncia, en octubre del año pasado, el fiscal Matías Bornancini realizó una inspección ocular junto a personal técnico de Policía Judicial. Lo hizo, según trascendió en aquel momento, para descartar riesgos que pudieran significar daños a personas. Se planteó que, en realidad, no se había observado un estado de abandono tal como se había descripto en la presentación. Se cuestionó, no obstante, que los técnicos que inspeccionaron la Central no hayan tenido una capacitación específica para un trabajo altamente especializado.
COSTOS
Electroingeniería fue la empresa encargada de la construcción de la central termoeléctrica de Pilar por US$565 millones, monto que luego se elevó al doble por las refinanciaciones. Y, además, se acordó el pago de US$372 millones para su mantenimiento hasta febrero de 2020. El control de parte de la Provincia de la ejecución de las tareas concesionadas es otro punto de la denuncia.
