La ley Justina (N° 27.447), aprobada a mediados del año pasado, significó una modificación sustancial para los procesos de donación de órganos en nuestro país. Convirtió a todos los ciudadanos en donantes potenciales, salvo que el individuo exprese la voluntad de no serlo. Y agilizó al máximo los procedimientos de autorización judicial en casos de donantes vivos donde debe mediar el aval de un juez.
En el artículo 67, la norma -que tomó el nombre de Justina Lo Cane, la niña de 12 años que murió esperando un trasplante de corazón- estableció claramente que podrían intervenir “tribunales federales o provinciales en lo civil”, de la jurisdicción donde viven quienes pidan la autorización. El espíritu de esa definición fue habilitar a todos los tribunales para que quienes lo necesiten acudan a la sede judicial más cercana, sin obstáculos.
A contramano de la letra de la norma, el juez federal Ricardo Bustos Fierro decretó el 20 de diciembre su incompetencia al analizar el pedido de una mujer para ser donante viva de un riñón que pudiera ser trasplantado a la actual pareja de su padre. En sus argumentos el magistrado señaló que el fuero federal “es de excepción” y por lo tanto no debía abocarse a analizar el pedido. Y concluyó: “Atento a la naturaleza de la cuestión y la urgencia del caso, procede remitir al Juzgado Civil y Comercial que por turno corresponda en los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Córdoba”.
Finalmente un juzgado civil cordobés concedió la autorización el 11 de enero pasado y ahora donante y receptora están esperando la fecha de la cirugía que se realizará en el Hospital Córdoba.
Discrepancias. Lo llamativo de la decisión de Bustos Fierro es que se separó del criterio que venían teniendo sus otros dos colegas de Córdoba. Incluso con la ley anterior (24.193) se declararon competentes y realizaron las diligencias estipuladas, como la designación de peritos oficiales, la realización de una audiencia con la presencia de donante, receptor, profesional tratante, etc; todo ello en tiempos perentorios atento a la naturaleza de este tipo de pedidos.
PERFIL CORDOBA pudo corroborarlo con al menos dos decretos. Uno de ellos es del Juzgado Federal N° 2, donde en un caso de similares características el juez Alejandro Sánchez Freytes dio la autorización en diciembre de 2016.
El otro fue posterior a la Ley Justina, en octubre de 2018 y fue otorgada por el Juzgado Federal N°3, con la firma de Miguel Hugo Vaca Narvaja.
El caso actual. M.M. (se omite la identidad por razones legales), una mujer de 31 años y madre de dos hijos, acudió en diciembre último a tribunales federales para pedir la autorización para la ablación de uno de sus riñones, con el objetivo de que luego sea trasplantado a la actual pareja de su padre, N.S., con quien no tiene vínculos sanguíneos. Lo hizo con el patrocinio de la defensora oficial, Mercedes Crespi.
N.S. se encuentra en lista de espera para un trasplante renal desde abril de 2016. Se hicieron los estudios de histocompatibilidad entre ambas mujeres y los resultados fueron positivos. Antes de programar la cirugía en el Hospital Córdoba era necesario contar con la venia judicial, que en estos casos es un requisito a cumplir para descartar cualquier sospecha de comercialización o mercantilización de los órganos.
De hecho, en el escrito ante el juez, M.M. dejó en claro qué la animó a donar su riñón: “Las circunstancias vividas por N.S. me llevaron a pensar sobre nuestra realidad existencial y llegué a la conclusión que, un pequeño acto de amor -como es la donación de un órgano- podría permitirle a ella seguir viviendo y disfrutar de su familia, en especial de sus hijas, de tan corta edad”. Bustos Fierro ni siquiera analizó el contenido del pedido y simplemente lo rechazó al declararse incompetente.
EL CASO MIHANOVICH
En 2012 un juez de Capital Federal autorizó el trasplante renal de Sandra Mihanovich a Sonsoles Rey Obligado, hija de su pareja, Marita Novaro. Existió intervención judicial porque no había consanguinidad entre la donante y la receptora. En su resolución, el juez Alejandro Jorge Nobili acreditó el intenso y extenso vínculo afectivo que las unía, ya que Mihanovich había sido, además, su madrina de bautismo.
CRESPI A LA CAMARA
La defensora oficial Mercedes Crespi expresó su preocupación por el criterio que adoptó en este caso el juez Ricardo Bustos Fierro. No obstante ello, no apeló la resolución para no dilatar más la realización de la cirugía y con ello un eventual desenlace fatal. Y tampoco lo hizo para no generar más demoras al nuevo trámite, porque la donante tuvo que comenzarlo desde cero en los tribunales provinciales.
Pero Crespi no se detuvo allí. El 5 de febrero último presentó un oficio a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la instancia superior a los jueces. Puso en conocimiento la decisión de Bustos Fierro, evidenciando la diferencia de criterios con los otros dos magistrados federales ante casos parecidos.
Y manifestó la “incertidumbre en las personas que acuden a esta casa en procura de justicia” instando a que el tribunal, aún sin tener que analizar el caso concreto, establezca “reglas claras en la materia”. La abogada no escatimó críticas al juez: “Esta decisión va en contra del texto de la ley pero, lo que es más grave aún, significa un retroceso en materia de trasplantes”, sentenció.
