El economista Alfredo Blanco da una mirada sobre la batalla por alivianar las tarifas de servicios públicos.
CONSENSOS. ”Desaparecen cuando se plantea cómo morigerar los efectos”. |
Cedoc Perfil
Varios siglos antes de Cristo, el célebre Esopo, en su fábula El gato y los ratones describió cómo, en ciertas circunstancias, la conveniencia de realizar algo que se considera necesario no encuentra quien esté dispuesto a hacerlo. El debate actual sobre el tema de las tarifas parece encajar en aquella antigua fábula.
Los funcionarios nacionales, provinciales y municipales, con prescindencia del partido político al que pertenezcan, coinciden en su discurso sobre la necesidad de que las tarifas sean reajustadas. La decisión es absolutamente ineludible para reducir el nivel de los subsidios que, tras más de una década de imprudente congelamiento tarifario, han alcanzado un nivel que explica buena parte del déficit del sector público. Avanzar en la reducción de dicho déficit aparece como un imperativo de cualquier política antiinflacionaria.
Sin embargo, nadie parece estar dispuesto a pagar el costo de las decisiones necesarias. El Gobierno nacional, cuya política en la materia muestra cuanto menos un grado de improvisación alarmante, plantea que deben reducirse impuestos de otras jurisdicciones para morigerar el efecto de los aumentos. Las provincias, por su parte, sugieren que esto se realice reduciendo los impuestos nacionales que gravan al consumo de estos servicios (básicamente el IVA), y plantean también que deben eliminarse las tasas municipales sobre los mismos.
Finalmente, los municipios dicen que la fragilidad de sus cuentas es producto de no recibir suficientes recursos de las jurisdicciones superiores y que, por lo tanto, les resulta imposible renunciar a esos ingresos. La síntesis entonces es que todos coinciden en que reajustar las tarifas es necesario, pero el consenso desaparece cuando se plantea cómo morigerar los efectos inevitables de la decisión.
Obviamente la responsabilidad del reajuste es del Gobierno nacional y, como en anteriores oportunidades, está claro que pudo haberlo hecho de mejor forma. La táctica de comunicar una decisión y modificarla ante las reacciones que suscita puede ser vista como la virtud de quien escucha y se rectifica, pero también es una muestra de torpeza inadmisible cuando se torna una práctica habitual.
El Gobierno nacional ha logrado recuperar parcialmente el nivel de las tarifas, pero seguir con dicho proceso le exige que considere la situación de los ciudadanos de un país que exhibe cifras de pobreza, exclusión y deterioro de ingresos que, aunque no sea de su exclusiva responsabilidad, no pueden ser ignorados.
No continuar con la recuperación del nivel de las tarifas complicaría la posibilidad de cumplir las metas fiscales y, además, mantendría la discriminación que sufren los habitantes de las provincias con relación a los de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, quienes aún tienen precios menores de estos servicios.
Hacerlo sin considerar el escenario social sobre el que impactan solo malogrará la oportunidad. Un mayor plazo para lograr la recuperación plena de las tarifas, un cuidadoso examen de los conceptos “externos” que se cargan sobre los importes de los consumos, una adecuada revisión de las tarifas sociales, pero, por sobre todo, una mayor sinceridad de los actores para lograr acuerdos mínimos sobre el tema parece ser el camino adecuado. Los ratones de la fábula coincidían en que sus vidas dependían de colocarle un cascabel al gato para advertir cuando este se aproximaba. Con el reajuste tarifario la analogía es obvia. El problema es quien se lo pone.
