En los últimos tres años, el 8M argentino fue un grito para acabar, primordialmente, con la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres y tomar conciencia de una problemática que -pese a todas las movilizaciones- crece tanto en la cantidad de casos como en su brutalidad. Toda desigualdad esconde el nombre, la cara y la historia de una víctima. Comenzamos a conocerlas pero no encontramos el modo de frenar la opresión. ¿Bastaría con escuchar a un huérfano cuya madre integra las cifras de los femicidios, a una joven violada (y culpabilizada por ello), a una madre reciente sin futuro laboral inmediato? Asistir a estos testimonios dará una perspectiva profunda de la experiencia de las víctimas pero nunca la magnitud del fenómeno. Acá sí ayudan las cifras:
- El Indec dio a conocer la primera edición del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM). En los últimos cinco años, hubo 260.156 casos de violencia física, psicológica, económica o sexual. Los hechos se cuadruplicaron en los últimos cuatro años. El 60.2% de los casos tienen como víctimas a mujeres de entre 20 y 39 años. Sólo el 50.4% de ellas tiene un empleo, formal o informal.
- En los últimos diez años, 2679 mujeres mueren en ataques vinculados a cuestiones de género. Todos estos femicidios fueron la última etapa de una cadena de agresiones prolongadas en el tiempo. 268 hombres y niños fallecen como víctimas indirectas de estas agresiones. Durante ese mismo período, 3378 niños y niñas pierden a sus madres. El 66% de ellos son menores de edad, estimó la Casa del Encuentro.
- Por año, se practican entre 370 mil y 520 mil abortos en el país. De ellos, se estima que son 460 mil los clandestinos (Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Estimación de la magnitud del aborto inducido en Argentina).
- Un informe de Amnistía Internacional sobre embarazo adolescente indica que, sólo en 2013, en Argentina nacieron 117.386 bebés cuyas madres eran menores de 20 años. Unas 114.125 tenían entre 15 a 19 años. Los nacimientos con madres menores de 15 años fueron 3261. Este último grupo corre cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo que lo registrado en mujeres de entre 20 y 24 años. Sólo el 10.8% de las adolescentes completó la educación secundaria.
- De acuerdo con datos presentados en marzo de 2018 por el W20, foro de género del G20, Argentina ocupa el puesto 33 de 144 países en el índice global de igualdad de género. En participación y oportunidades económicas, está en la posición 101. “En momentos donde la carga de cuidado aumenta, o en épocas de crisis económicas, las mujeres suelen ser las primeras en caer de nuevo en la inactividad”, alerta un dossier del bloque.
- Según la OIT, de un relevamiento mundial sobre grandes empresas, las mujeres sólo integran el 19% de los puestos en las comisiones directivas. No hay cifras únicas sobre la brecha salarial en cargos iguales: en promedio, ronda el 20% y muestra que, en cargos directivos, las mujeres están obligadas a tener una formación mucho más alta que la de sus pares (hombres) para acceder a tales puestos.
La realidad muestra brechas que llevan décadas y están lejos de achicarse pero también un crecimiento exponencial de los femicidios en todo el país. En ese mismo período, el colectivo #NiUnaMenos nacionalizó el reclamo de las víctimas y bregó por el fin de la violencia psicológica y física. Hay más conciencia pero no menos delitos. Más allá de las consignas de cualquier facción minoritaria -y funcional al descrédito del movimiento feminista-, las mujeres piden (pedimos) ampliar el debate: se trata de recursos, imposibles de alcanzar si la batalla es de género en soledad.
Recursos, más que leyes. La pelea contra estos delitos pierde la batalla urgente de impedir muertes y abusos y todavía no inicia la estructural: independencia económica. ¿Sin recursos con que mantenerse tanto ella como su núcleo familiar, adónde va una mujer que denuncia a su agresor? ¿Ante quiénes denuncia el acoso, si cuando el caso se vuelve público lo próximo será su desempleo?
Desde 1976, Argentina cuenta con la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que “prohibe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad”. No basta. En 2009, se sancionó con la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Tampoco lo hace.
Ante ese panorama, ¿sería realmente útil una ley que despenalice el aborto? Ya hay una, con limitaciones. Su implementación es casi imposible ante la inexistencia de cuerpos médicos y legistas formados con una perspectiva de género que la aplique. La objeción de conciencia se ha vuelto una norma superior a todas, capaz de frenar el debate en el Congreso. Y si la ley fuera sancionada, ¿se promulgaría o quedaría sin efecto por un veto presidencial?
Acuerdos. El cupo de género es una herramienta fundamental para propiciar un mapa social más igualitario pero la presencia de mujeres con responsabilidades en la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado no es una garantía de la defensa del género. Esta cuestión que amerita una autocrítica -también de parte del feminismo en general- más allá de toda interna: el liderazgo femenino de las últimas décadas fue (y es) cómplice de la desigualdad que hoy padecemos.
Si, al decir de De Beauvoir, ser mujer es una construcción más allá del sexo de nacimiento, abogar por igualdad entre hombres y mujeres, permitir que accedamos a los mismos derechos y oportunidades -también el elegir cuándo queremos ser madres y en qué condiciones-, es un proyecto que no puede excluir al género masculino. En parte porque ellos también son víctimas de la violencia contra nosotras, porque el ejercicio pleno de nuestros derechos requiere de su participación. Pero también por un motivo tan utilitario como real: son quienes todavía ostentan la capacidad de decidir. Buena parte de los reclamos del 8M se dirigen al Congreso argentino. Dos datos condicionan cualquier hipótesis sobre el futuro de los proyectos de ley a debatir: más del 57% de las bancas del Senado y más del 60% de las de Diputados están ocupadas por varones. La igualdad, en el mejor de los casos, se negocia.
