El 4 de octubre de 1991, hace exactamente 30 años, se firmó en Madrid el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico, por eso también conocido como el "Protocolo de Madrid".
El Tratado Antártico, cabe recordar, se refiere al que firmaron 12 países en Washington el 1 de diciembre de 1959, al que luego se adhirieron otros 42 países. Hoy en día, sólo 29 de ese total son Parte Consultativa (toman decisiones) contempla una serie de futuras actividades que tendrán como escenario, precisamente, la Antártida.
Sin embargo, este acuerdo internacional le puso límites a esas actividades y permitió considerar al continente blanco del hemisferio sur como una “reserva natural dedicada especialmente a la paz y la ciencia”, y comprometió a los países firmantes a protegerlo.
El Protocolo se firmó “para garantizar que la Antártida siga utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y no se convierta en escenario u objeto de discordia internacional”, consta en las primeras líneas. Y “reconociendo además las oportunidades únicas que ofrece la Antártida para la observación científica y la investigación de procesos de importancia global y regional”, admite inmediatamente.
Por lo tanto, cualquier actividad contemplada en el Tratado Antártico de 1959, gracias al Protocolo de Madrid, deberá ser planificada y realizada de modo tal que no perjudique las características climáticas y meteorológicas de la Antártida; la calidad del agua y del aire; el ambiente atmosférico, terrestre (incluyendo el acuático), glacial y marino; las poblaciones de especies de flora y fauna. Y por supuesto, que no cause la degradación de áreas de importancia biológica, científica, histórica, estética o de vida silvestre.
En el artículo 3 del Protocolo, se establecieron los principios básicos aplicables a las actividades humanas en el casquete polar. "La protección del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, así como del valor intrínseco de la Antártida, incluyendo sus valores de vida silvestre y estéticos y su valor como área para la realización de investigaciones científicas, en especial las esenciales para la comprensión del medio ambiente global, deberán ser consideraciones fundamentales para la planificación y realización de todas las actividades que se desarrollen en el área del Tratado Antártico."
También se toca –tal vez con menor rigor- el tema de los residuos en el continente blanco: la Antártida no debería ser un basurero.
El Anexo III al Protocolo Medioambiental establece que “se reducirá, en la medida de lo posible, la cantidad de residuos producidos o eliminados en el área del Tratado Antártico, con el fin de minimizar su repercusión en el medio ambiente antártico y de minimizar las interferencias con los valores naturales de la Antártida”.
El Protocolo establece normas para la quema de residuos, el enterramiento, la inmersión en el mar o el almacenamiento. productos, como PCB (placas electrónicas de circuitos impresos), no pueden ser introducidos en la Antártida de ninguna manera.
Este Protocolo entró en vigor en 1998 y hasta 2048, puede ser modificado solamente mediante el acuerdo unánime de las Partes Consultivas del Tratado Antártico.
Excepto en un artículo, el 7, que no puede ser revocado ni alterado. Este artículo prohíbe todas las actividades relacionadas con la explotación o utilización de los recursos minerales de la Antártida, a menos que dichas actividades se realicen con fines científicos.
La utilización de los recursos minerales de la Antártida sólo podría contemplarse si entrara en vigor un nuevo régimen jurídicamente obligatorio.
El Protocolo de Madrid también estableció la formación del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA), integrado por expertos que asesoren den recomendaciones a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) sobre los pasos a seguir para la implementación del Protocolo.
El CPA se reúne todos los años en el marco de la Reunión Consultativa del Tratado Antártico (RCTA), donde participan representantes de todos los países firmantes.
El Protocolo de Madrid también abre el paraguas en caso de que surjan controversias. Así lo hace en el artículo 18, que establece un sistema de solución de controversias relativas "a la interpretación o aplicación del Protocolo".
En ese caso, "las partes en controversia deberán, a requerimiento de cualquiera de ellas, consultarse entre sí con la mayor brevedad posible con el fin de resolver la controversia mediante negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial u otros medios pacíficos que las partes en la controversia acuerden".
Este Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico se redactó en español, francés, inglés y ruso, y quedó depositado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América.
Argentina es uno de los primeros países que ratificó el Protocolo de Madrid y, según la Cancillería argentina, ”fiel al espíritu de cooperación internacional del Sistema del Tratado Antártico, el país aumenta y profundiza en las últimas décadas los proyectos de cooperación internacional en ciencia antártica, instalando incluso laboratorios binacionales, como por ejemplo el laboratorio Dallmann.
¿Qué hace Argentina en la Antártida?
En el año 2003, la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino pasan a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el año 2004, se instala en Buenos Aires la sede de la Secretaría del Tratado Antártico.
La principal base científica permanente de Argentina en la Antártida es Base Carlini, ubicada en Caleta Potter, Isla 25 de Mayo, que funciona desde el 21 de noviembre de 1953.
La Dirección Nacional del Antártico administra la Base Carlini y el Instituto Antártico Argentino ejecuta los proyectos científicos que se desarrollan allí durante todo el año. El personal que trabaja en la logística y algunas investigaciones de la Base Carlini proviene de la Dirección Antártica de Ejército, incluso los buzos que recolectan las muestras en el hielo y colaboran con los múltiples proyectos.
Parte de las tareas científicas de Argentina en la Antártida se realizan desde los refugios argentinos Elefante y Albatros, que están cerca.. La base cuenta con el Laboratorio Antártico Multidisciplinario Carlini (LACAR) y el Laboratorio Argentino, ambos gestionados por el IAA. En el LACAR se realizan estudios de atmósfera en particular sobre el efecto invernadero y el cambio climático.
Un convenio con el Instituto Alfred Wegener de Alemania, en 1994, permitió inaugurar el Laboratorio Dallmann, que consta de cuatro laboratorios, un acuario y varias instalaciones que se comparten con científicos de otros países con los que Argentina tiene convenios internacionales.
Por ejemplo, un convenio con el Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental de Trieste, en Italia, permitió instalar en 2001 una estación sismológica permanente. Las investigaciones científicas más relevantes que se realizan en la Base Carlini tienen que ver con la biología costera y terrestre, la oceanografía, la geología y la glaciología.
Especies en peligro en Antártida
La Antártida es uno de los puntos terrestres más perjudicados por el calentamiento global y el cambio climático, que derriten las masas heladas y en consecuencia disminuyen o perjudican el hábitat que muchas especies animales y vegetales necesitan para desarrollase. Algunas y sólo algunas de las especies con mayor riesgo extinción en el continente blanco austral son la ballena franca austral, la ballena azul, el pingüino de Magallanes, el albatros de Ámsterdam, el albatros de Tristán, el kril y la foca cangrejera.
