Durante 2020, el año de la pandemia y la cuarentena, las cárceles del país fueron escenarios de “graves violaciones a los derechos humanos” y a medida que transcurrieron los meses la situación se tornó más “preocupante”, según el informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre la situación de los DDHH en cárceles federales y otros centros de detención del Sistema Penitenciario Federal (SPF).
“El impacto de la emergencia sanitaria al interior de las unidades fue muy significativo en diferentes sentidos, y agravó las condiciones de detención y las violaciones de derechos humanos en el encierro”, dice el informe. “Con el correr de los meses, los principales indicadores de las violaciones a los derechos humanos en el SPF presentaron índices preocupantes”, agrega.
Hacinamiento y condiciones de detención
En relación a los niveles de hacinamiento, el informe devela que “la población detenida fue descendiendo como parte de la solicitud de medidas alternativas al encierro” que se presentaron desde distintos organismos y desde la Procuración.
“Pero también, fue el resultado de que el 20 de marzo, el SPF ordenó la suspensión de los ingresos al Sistema Central de Alcaidías, lo que implicó un cese temporal en el uso de las Unidades N°28 y N°29.11”, agrega el informe.
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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó que sus alcaidías poseen una capacidad de alojamiento de 130 plazas, destinadas a permanencias no superiores a las 72 horas. “Tras aproximadamente un mes de pandemia, estos centros se vieron rápidamente colmados, lo que puede interpretarse como una consecuencia de las limitaciones al ingreso de personas al SPF”, dice el informe.
En mayo, y en simultáneo con el aumento de las personas alojadas en las alcaidías aún por encima de la capacidad oficial declarada, la Policía comunicó a la PPN que habían comenzado a quedar personas detenidas alojadas en las comisarías vecinales, dependencias que tampoco reunían condiciones las mínimas de habitabilidad ni garantizan un correcto acceso a la atención sanitaria. Desde septiembre estos espacios alojaban más de 400 personas y, para fin de año habían reportado un total acumulado de 125 contagios por Covid-19.
“La irrupción de la pandemia a nivel nacional encontró el sistema penitenciario con su máximo histórico de personas alojadas y los problemas y vulneraciones de derechos que este hacinamiento implica”, reclama el informe, que recuerda el caso de la cárcel porteña de Devoto, en abril de 2020: “Ante la incertidumbre y los altísimos niveles de sobrepoblación, los detenidos implementaron medidas de protesta para visibilizar la situación y solicitar mayores medidas sanitarias”.
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La PPN destacó además que la “falta de contacto con el exterior y en especial con los familiares” fue el principal problema de las cárceles federales durante el primer año de la pandemia. “Ante la prohibición de ingreso y visitas, en muchos casos las personas perdieron por completo o vieron muy afectado el contacto con sus familiares, incluso por teléfono”, dice el texto.
“Si bien algunas medidas se implementaron en este sentido, no fueron suficientes. La cantidad de tarjetas telefónicas entregadas y la disponibilidad de computadoras para video conferencias resultó muy limitada frente a las necesidades reales, sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre”, afirma la PPN.
Torturas, malos tratos y fallecimientos
El informe encontró que los fallecimientos tras las rejas también aumentaron en 2020: hubo un total de 58 casos, la mayor cantidad de muertes bajo custodia del sistema desde 2009, cuando la PPN comenzó a aplicar el procedimiento interno para la investigación de cada uno de los fallecimientos ocurridos en las prisiones. “El aumento relativo de muertes se vio especialmente influenciado por el Covid-19, que se cobró 17 víctimas fatales. Ello provocó un fuerte incremento de los fallecimientos no violentos, ocurridos a causa de enfermedades”, se afirma.
En relación a los episodios de tortura y malos tratos la PPN registró 176 hechos, una cifra inferior a los años anteriores, aunque afirma que “es probable que la ‘cifra oculta’ que caracteriza a este tipo de práctica se haya visto robustecida como consecuencia de esta particular coyuntura, lo que permite comprender el descenso de casos en relación a lo registrado en periodos anteriores”. “La vigencia de este tipo de hechos, aún en pandemia, vuelve a poner de manifiesto el carácter estructural y sistemático que asume la violencia institucional en contextos de encierro en Argentina”, afirma el informe.
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Coronavirus en las cárceles: alto porcentaje de positividad
Los primeros casos positivos de Covid-19 se produjeron en el mes de abril, y tras el brote que comenzó en el mes de mayo, se llegó al máximo nivel de contagios en agosto, según detalla el informe. Posteriormente la circulación del virus fue contenida en el sistema, con una relativa alza en el mes de diciembre.
“Hasta el 31 de diciembre de 2020 se registraron 509 personas infectadas de Covid-19 en cárceles federales y 17 muertes por esa enfermedad” en prisiones federales, detalla el informe, que además registró 129 casos de personas contagiadas alojadas en centros de detención no penitenciarios, como comisarías, alcaidías o institutos de menores de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe dice que por el porcentaje de positividad “es posible presumir que la cantidad de personas infectadas fue aún mayor que lo que surge de los testeos que arrojaron resultados positivos”. La cantidad de testeos realizada en las cárceles argentinas resultó “muy inferior a la necesaria” y “la positividad se mantuvo muy superior al que se registra a nivel nacional (26,6% al 5 de mayo)”, dice el informe.
“Respecto de las medidas que se tomaron durante la pandemia, advertimos en algunos casos el aislamiento de personas sintomáticas en espacios que no estaban habilitados para eso, como por ejemplo retenes, y el uso por disposición judicial del aislamiento en celdas individuales por 23 horas diarias durante 45 o 60 días, una práctica que resulta contraria a cualquier disposición en materia de derechos humanos”, se detalla.
ds
