Es sabido que desde hace años los edificios donde se brinda el servicio de justicia en Argentina se encuentran en un estado deplorable. No funcionan los ascensores, hay riesgos serios de derrumbe, los baños que no están clausurados carecen de los más elementales medios de higiene. En efecto y aunque parezca surrealista, no están dotados de alcohol en gel, jabón y ni siquiera de papel higiénico.
Esta circunstancia en si misma pone en riesgo a decenas de millares de trabajadores abogados, judiciales, magistrados y al pueblo que a diario concurren por allí en procura de “justicia”, mientras el Consejo de la Magistratura Nacional, máximo responsable de esta circunstancia, continúa inmerso en su propia rosca.
Ese es el escenario en donde explotó el peligro de contagio del coronavirus a nivel judicial. Sitios precarizados con una enorme circulación de personas y sin las más mínimas condiciones de seguridad e higiene.
Venimos reclamando desde hace años por esa escandalosa manera en la que nos toca trabajar. El Consejo de la Magistratura sigue sin ocuparse como debiera y en vez de mejorar, todo cada día está peor. En ese escenario, el día 11 de marzo presentamos una nota ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) solicitando que urgentemente se pida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y al Consejo de la Magistratura de la Ciudad el adelantamiento de feria en procura de salvaguardar la salud e integridad de los matriculados en nuestro Colegio. En la misma nota solicitamos que se posterguen las elecciones de le Entidad previstas para el 22 de abril.
Rápidamente, nuestro Colegio que preside Eduardo Awad solicitó el adelantamiento de la feria de julio. Al pedido se sumó la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) que dirige Julio Piumato y la Junta de Presidentes de Cámara encabezada por Javier Leal de Ibarra. La Corte, más preocupada en cuestiones de poder que por el Covid-19, convocó a través de su Presidente a una reunión para el domingo 15 de marzo. La misma fue vendida hacia afuera como “decisiva” ya que, se decía en off que aquel domingo se declararía o no la feria. A pesar de la información circulante, manifestamos a quien nos preguntara que se trataba de una fake news ya que ese día nada se resolvería atento no ser de un Acuerdo de Ministros. Así fue.
La Corte Suprema de la Nación declaró inhábiles los días que quedan de marzo en el Poder Judicial
El lunes 16, tras muchas horas de debates y cabildeos en los que algunos iban por el mantenimiento del funcionamiento del servicio de justicia y pocos por la declaración inmediata de una feria extraordinaria, terminó suscribiéndose una suerte de “feria encubierta” en donde continuarían obligados a concurrir a juzgados, tribunales y dependencias el personal superior que no estuviera dentro de los que están considerados como personas de riesgo. Gran parte de los miles de Abogados dejarían de hacerlo atento que solo deberían en caso de urgencias.
El resto de la actividad continuaría a distancia a través de la utilización de firma electrónica por intermedio del vapuleado y siempre tambaleante Lex100.
Esta decisión causó un profundo malestar en la “familia judicial”, la que consideraba que el sistema ideado por la mayoría del Alto Tribunal los ponía en serio riesgo de contagio. Ante ello tardíamente (decimos tardíamente porque el momento era aquel en que el CPACF, la UEJN y la Junta de Cámaras lo hicieran) la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) presidida por Marcelo Gallo Tagle presentó un pedido de feria extraordinaria, mientras que las Cámaras dictaban acordadas anárquicas (cada una con su propio sistema) tratando de paliar la situación que por su timorato actuar y falta de criterio había generado la CSJN.
Tras ello, otra vez comenzaron los cabildeos en la Corte. Reproches y acusaciones por doquier. Cuentan que uno de los Supremos en el único día que pasó por su despacho y ante cualquier cosa que le fuera llevada a su escritorio, gastaba cantidades industriales de desinfectante en aerosol para rociarlas antes de entrar en contacto con ellas.
Finalmente el viernes 20 de marzo, a más de una semana del pedido, la Corte por fin, pero comportándose como furgón de cola del Poder Ejecutivo Nacional y no como la cabeza de uno de los 3 poderes constituidos del Estado, declaró la feria extraordinaria marcando generalidades pero sin adentrarse en los cronogramas de emergencia y cuestiones puntuales las que delegó en las Cámaras de Apelaciones y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
"Ante la feria extraordinaria y su segura continuidad es imperioso tomar una serie de medidas para el funcionamiento de la justicia"
Toda esta situación imposibilita de trabajar a los abogados, ergo de poder ir cobrando los honorarios que sirven para llevar el pan a sus mesas. Asimismo, se congela el cobro de indemnizaciones por accidentes de trabajo o tránsito, despidos, alimentos, reajustes jubilatorios, etc. Es cierto que somos coincidentes y contestes con la declaración de feria extraordinaria, pero no lo es menos que ante la situación y su segura continuidad, se hace imperioso tomar una serie de medidas, tanto por parte de la Corte como del Poder Ejecutivo Nacional. A saber:
Confección de un cronograma claro y preciso con la determinación exacta de los lugares donde se brindará el servicio de justicia durante la feria, léase inicio de expedientes y mesa única receptora por Fuero, tratando en la medida de los posible que Abogados y/o Justiciables no deban deambular por la ciudad.
Liberación de todo giro judicial consentido o por consentir que haya sido dado en pago mediante transferencia electrónica a una cuenta que denuncie el beneficiario. En ello, por supuesto, se incluyen los honorarios de los Abogados intervinientes en el proceso.
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Una Acordada aclaratoria en donde se especifique que los Abogados son asimilables en ejercicio de su función a las excepciones del personal vinculado con el servicio de justicia para poder asistir en caso de emergencias a sus clientes. Se elimine, mientras dure la emergencia todo impuesto con vencimiento y/o cargas sociales en cabeza de Abogados, Estudios Jurídicos y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Se trata de una situación excepcional en donde se debe seguir haciendo frente a los egresos (en particular salarios) sin que se generen ingresos, produciéndose una iniquidad tal que puede llevar a una hecatombe laboral en poco tiempo.
Suspensión del vencimiento de todos los servicios públicos, incluidos los indirectos y asimilables por la modernidad como son Internet, Celular, Obra Social e incluso Televisión por Cable o Satélite. Grandes males requieren de grandes decisiones.
Es hora de ideales y no de intereses. Es el tiempo de tener más presente que nunca que,
“…Nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti” (John Donne, luego Ernest Hemingway).
*Abogado y periodista
