Las cárceles federales de la República Argentina alcanzaron un récord histórico, con un total a 12.302 personas encarceladas en el Sistema Penitenciario Federal al segundo trimestre de 2018. Así llo informó el nuevo informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Si bien la tasa de encarcelamiento descendió en algunos países europeos y en Estados Unidos, en Argentina "las proyecciones futuras son poco prometedoras, considerando las modificaciones de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad aprobadas en 2017", dice el informe. La PPN explica que la sobrepoblación en las cárcees federales se debe a "un abuso de la prisión preventiva" y a las pocas alternativas que se ofrecen al encarcelamiento, a lo que se suma "la reducida aplicación de institutos de egresos anticipados (y) la presión de la opinión pública".
"El problema de la sobrepoblación se complejiza debido a que no existe información confiable acerca de las capacidades de alojamiento de las distintas unidades penitenciarias, observándose a menudo incrementos del cupo declarado que no van acompañados de la habilitación de nuevas plazas de alojamiento", había explicado la PPN en su informe correspondiente a 2017. Esta situación también conlleva el hacinamiento y la falta de privacidad de los presos; el deterioro edilicio y material; la degradación de las condiciones higiénico-sanitarias, y la imposibilidad de acceder a un trabajo o a programas educativos, "así como de mantener los vínculos familiares y sociales".
De la cantidad de personas privadas de libertad, 6.770 fueron procesadas y 5.087 condenadas. El 92% son varones, el 8% mujeres, y el 0,3% trans o travestis, indica el informe. Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, el informe asegura que entre mayo y junio de 2018 fueron detenidos 255 menores, de los cuales cinco tenían 11 años, y otros dos tenían diez años al momento de ser detenidos, mientras que la edad de 74 adolescentes era de entre 13 y 15 años.
Las consecuencias más graves de la sobrepoblación carcelaria son la tortura, los malos tratos, el aumento de la violencia dentro de las cárceles y la deficiente alimentación y atención a la salud que reciben las personas detenidas. Los casos de tortura y malos tratos, relevados hasta 2017, llegaron a los 615 ese año, una cifra sensiblemente menor a la de períodos anteriores. Entre enero y junio de este 2018, fallecieron 22 reclusos, seis de ellos de manera violenta, a lo que se suma un caso dudoso. En comparación con otros semestres, "en éste sobresalen las muertes a causa de enfermedades, lo que evidencia las deficiencias en la atención médica intramuros", señaló la PPN.
D.S.
