En septiembre del 2020, en plena pandemia, la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, reconocía que había 20 balaceras diarias en la ciudad, “es alarmante el nivel de violencia armada”, decía y por ello se creó la Unidad de Investigación y Juicio especializada en balaceras.
“El fenómeno de las balaceras o lo que llamamos casos de intimidación pública, que son las ráfagas de disparos a determinados objetivos que no llegan a ser un homicidio; pero sí, a modo de amenazas o extorsión. Veíamos que había una conducta delictiva que no estaba siendo adecuadamente abordada. Trabajamos para llegar al porqué del fenómeno”, explicó la fiscal Valeria Haurigot a cargo de la unidad, junto a sus pares Federico Rébola y Pablo Socca.
“Las balaceras aumentan después de un homicidio, son las idas y vueltas de un conflicto, es el vuelto entre facciones. Cuando balean el frente de una casa, nosotros reconstruimos todo a través de testimoniales. Cuesta mucho conseguir que se patentice de alguna forma en la calle lo que uno puede llegar a lograr en investigación. Nosotros también hacemos nuestra autocrítica, no contamos con los medios pertinentes, tampoco con la capacitación correspondiente para investigar esto. Vamos construyendo en base a la práctica”, señaló la fiscal Haurigot a PERFIL.
Mientras en Rosario se elevó a 162 los crímenes narcos, -15 este mes- el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, apura reuniones para maquillar la situación y pedir más fuerzas federales. Las balaceras se multiplican en los barrios y los controles se muestran en el centro de la ciudad y no en las zonas calientes.
El desastre de las PASO en las urnas los obliga, de cara a las próximas elecciones, a mostrar que la inseguridad está en la agenda política. Las balaceras no solo son entre grupos o facciones violentas, sino que se repiten a viviendas, a frentes de casas donde muchas veces dejan notas intimidatorias o amenazas directas: “plata o plomo”. “En Rosario, se fue generando un liderazgo narco con personas de gran poder lesivo que después se atomiza en un montón de otras personas con mucho menos organización y terminan logrando estos horrores”, agregó la funcionaria.
La fiscal del Ministerio Público de la Acusación explicó que “con las balaceras: advertimos que puede llegar a haber un patrón común y lo que hacemos es lo contrario a una investigación de un delito como el de flagrancia, donde se detiene a una persona con un arma y se buscaba una condena por ese hecho puntual. Nosotros lo que buscamos es que desde la portación o desde la amenaza coactiva con balaceras, vamos para atrás en el tiempo: tratar de ubicar los conflictos y hacer una investigación conjunta. Lo que venimos viendo que nos da como resultado -y venimos condenando-, impactamos en la prevención de manera indirecta, trabajamos en el ejercicio de la acción penal. De un conflicto entre dos facciones, --no necesariamente son bandas--, se ve un interés común de tres o cuatro sujetos en la venta de drogas que se cortan solos y generan violencia de manera inusitada. Advertimos que de un solo conflicto pueden surgir entre cinco, siete o hasta diez balaceras que reconocen un único conflicto entre facciones o personas determinadas. El número que se releva en la prensa no representa la inseguridad que verdaderamente percibe el ciudadano común. La Unidad ha llegado a un gran número de esclarecimientos. Cuando nos llega una balacera, hasta que se esclarece el conflicto, a qué banda pertenece, pasan dos meses, porque casi siempre la mejor fuente de información es el celular. Es decir, hasta que no se secuestre el celular, no se perite, no podemos establecer vínculos. Las organizaciones están todas relevadas y mapeadas, los que trabajan en Investigaciones saben a qué organizaciones trabaja cada grupo”, detalló Haurigot.
Perotti le pidió a Aníbal Fernández un "comando unificado" contra el narcotráfico en Santa Fe
En tanto, Lautaro Sappietro, subsecretario de la Agencia de Prevención de Violencia con Arma de Fuego que depende del ministerio de Seguridad abordó un tema central de su área como es reducir el circulante de armas y controlar las armas institucionales. “Desde que empezamos la gestión en el ministerio de Seguridad hace dos años, hicimos un informe de registro de armas secuestradas por parte de la policía, que es de un promedio de 10 por día. De enero del 2020 al 30 de junio de este año, se secuestraron 5496 armas de fuego, es un poco más de 10 armas secuestradas por día, así la circulación continúa. Eso habla de también de la sedimentación de armas que también hay en la sociedad.”
Si bien las armas son secuestradas en allanamientos, en procedimientos en los barrios, causas judiciales y cacheos en la vía pública, las sospechas que vuelven al circuito ilegal por parte de las mismas fuerzas muchas veces están vinculadas a las bandas, lo confirman las detenciones de policías que estaban relacionados a Los Monos o a la banda liderada por Esteban Alvarado. Consultado sobre si hay un inventario de las armas policiales, Sappietro informó que otras medidas están destinadas “directamente al control de la propia fuerza, que en diversas investigaciones aparece comprometida en la facilitación de armamento a las bandas delictivas''. En ese sentido, “el gobierno provincial implementó una serie de medidas para ceñir la filtración de armas y municiones policiales, entre las cuales se destacan el marcaje e identificación de las balas, el control institucional del gasto de municiones, la modernización normativa y las inspecciones a armerías policiales”.
Este año se decidió que las municiones 9 mm sean marcadas con la sigla PSF (Policía de Santa Fe) “esto permite establecer al momento de levantar los casquillos se puede saber si esas municiones pertenecían a la fuerza”, señaló Sappietro. Sin embargo, la fiscal Valeria Haurigot, menos optimista agregó que “las personas que delinquen están dos o tres pasos adelante que nosotros. Por ejemplo, el fin de semana hubo tres balaceras y hay testigos que ven cómo los propios autores levantan las vainas en el lugar. Cuando se implementó marcar los casquillos con la sigla PSF, está buenísimo, pero ellos se avivan y levantan la vaina. Cuando uno llega al lugar donde se produjo una balacera, después de un llamado al 911, el personal policial no encuentra nada o bien el personal está en connivencia, se guarda la vaina y le cobra después al grupo criminal que corresponda”.
Kicillof anunció clases los sábados y a contraturnos en la provincia de Buenos Aires
En tanto, los tiratiros, gatilleros o sicarios se siguen abasteciendo de armas y municiones. Sappietro desde el incansable trabajo de la Agencia de Violencia apuntó que “una de las fuentes del circuito ilegal son los robos a privados, legítimos usuarios o no, que tienen armas en su casa, y cuando roban una casa es lo primero que buscan, porque es un botín esencial. También se redujo el extravío de armas por parte de la policía y las filtraciones estatales, donde, por ejemplo, desbaratamos una organización policial, que desde una unidad regional estaban alquilando armas.
En los últimos meses, trabajando en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre lo que llamamos el mercado gris, que son las armerías, el usuario comercial privado, que tienen los permisos en regla para funcionar como armería, venden de forma legal e ilegal. Había armeros que trabajaban para organizaciones ilegales. Por ejemplo, una armería anotaba como que vendía municiones a determinado legítimo usuario, pero después un fiscal citó a declarar a esa persona que había efectuado la compra y éste aseguraba con pruebas que no había comprado nada. Es decir que elegían al azar a clientes habituales y los anotaban como que la habían realizado”. Otra de las preocupaciones son las armas modificadas por armeros conocedores que trabajan para las bandas, modifican la capacidad de municiones a las pistolas para adaptarla de semi automáticas en automáticas.
De las más de cinco mil armas secuestradas, la mayoría son armas cortas, pistolas y revólveres, calibre 9 mm y 22, usadas en las balaceras porque son las más fáciles de portar. “Un arma en el circuito ilegal, que no tiene manera de rastrearse, cuanto más fría esté cuesta más cara; ahora, si el arma está más caliente que se usó en algún hecho reciente, es más barata porque se corre más riesgo. Vemos que las armas se prestan, se alquilan, pero no vemos que haya grandes proveedores de armas ilegales”.
Finalmente, la Agencia de Prevención de Violencia con Arma de Fuego de la provincia de Santa Fe informó que fue la única que en la pandemia llevó adelante un plan de incentivación de desarme a cambio de dinero. En un año y medio se entregaron 796 armas y 13.700 municiones, y se entregaron en dinero 1.494.000 millones de pesos como incentivo económico.
MF CP
