El Gobierno publicó este sábado 22 de agosto en el Boletín Oficial el DNU que declara a la telefonía celular y fija, las prestaciones de internet y a la TV paga como "servicios públicos". Se trata del Decreto 690/2020, que argumenta que "el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión".
"La ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas", indicó la norma firmada por el presidente Alberto Fernández, junto a Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, Felipe Solá, Agustin Rossi, Martín Guzmán, Matías Kulfas, Luis Basterra, Marcela Losardo, Daniel Arroyo, Claudio Moroni, Ginés González García, Nicolás Trotta, Tristán Bauer, Roberto Salvarezza, Gabriel Katopodis, María Eugenia Bielsa, Sabina Frederic, Mario Meoni, Elizabeth Gómez Alcorta, Matías Lammens y Juan Cabandie.
Además, se resalta en la norma que "las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social". El Gobierno dio a conocer la determinación el viernes por la noche y anunció también que las tarifas de esos servicios quedarán congeladas hasta el 31 de diciembre.
De acuerdo con lo expresado por el presidente Alberto Fernández mediante su cuenta de la red social Twitter, ante esa decisión, se "garantizará el acceso" de los servicios para la población. El DNU también apuntó al Gobierno anterior y subrayó que "mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía".
Allí se evalúa que ello se dio "contrariamente a lo previsto en la Constitución nacional, que en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos". Además, en la misma edición del Boletín Oficial el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó la inversión de 3.000 millones de pesos para ejecutar el Programa de Aumento de Capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo).
El que se refirió este sábado al tema fue el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, quien afirmó que la declaración como servicios públicos a la telefonía celular e internet "no significa que el Gobierno vaya a fijar las tarifas", sino que implicará que "los aumentos no sean unilaterales" por parte de las empresas.
El funcionario argumentó que el anuncio dado a conocer el viernes por la noche responde a "una necesidad de proteger al consumidor". "El congelamiento responde a la situación de pandemia y crisis", indicó y remarcó que ello se encuentra en línea con la prórroga de valores vigentes de "los servicios públicos tradicionales".
Además, en diálogo con Tesis Política, el programa que conduce Román Lejtman en Radio Rivadavia, López enfatizó que la medida se dio luego de que las empresas de telecomunicaciones anunciaran que iban a concretar una suba de precios desde septiembre. Para López la declaración de internet y telefonía celular como servicio público es "una decisión más profunda con el lugar que hoy ocupan en la sociedad".
"Hoy no podríamos vivir sin accesibilidad. Tiene que ver con la educación y el entretenimiento, pero también con el desarrollo económico", aseguró el funcionario en declaraciones radiales. De ese modo, López señaló que "cada empresa, a partir de ahora, en lugar de aumentar sin que nadie le diga nada, tiene que justificar los incrementos de costos", puntualizó. López argumentó que se trata de un "precio regulado y se introduce algo muy importante, que son planes sociales".
Asimismo, remarcó que se trata de "una prestación social universal y obligatoria para quienes no puedan pagar un servicio más alto y más completo". "Queremos que la actividad crezca y se fortalezca porque es una servicio imprescindible", aseguró y evaluó que "no tendría que bajar ni la calidad de servicio ni las inversiones".
TE/HB
