La aprobación a fines del año pasado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ahora dirime las diferencias verdes y celestes en torno al aborto en los ámbitos judiciales, y este jueves 18 de enero la jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti hizo lugar en Chaco a un amparo que alegaba la "inconstitucionalidad" del aborto, suspendiendo la vigencia de la Ley 27.610 en el ámbito de esa provincia. Hace unos días un pedido similar había sido denegado por la Justicia de la provincia de Salta, y se descuenta que la misma situación se irá presentando en todos los distritos del país en las próximas semanas.
La presentación del amparo pidiendo que se rechace la vigencia de la ley de aborto en el Chaco había sido hecha por un grupo de firmantes entre los que se hallaban Cristina Chemes, Clelia Avila, Gabriela Monzón e Hilda Dallamea entre otras, patrocinadas por el abogado Fernando Guirado.
Solicitaban en la presentación ante la jueza Aucar de Trotti, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de Resistencia, que se suspendiera la vigencia de la IVE en esa provincia.
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En el amparo presentado alegan que el derecho "a la vida y a la libertad desde el momento de la concepción" está avalado por la Carta Magna chaqueña en su artículo 15, por lo que la norma nacional chocaba de lleno con las leyes provinciales.
Sostenían en el pedido de inconstitucionalidad de la ley nacional del aborto que ante el conflicto de poderes se priorizara "la interpretación de la ley más favorable a la persona humana", es decir se dejara vigente la disposición de la Constitución chaqueña. Y la magistrada apoyó esa postura, ordenando que se suspenda la vigencia de la Ley 27.610 en el Chaco, decisión que apunta "al Gobierno de la Provincia del Chaco y/o el Ministerio de Salud Pública del Chaco y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco y/o quien resulte responsable".
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La respuesta del sector a favor del aborto legal
"Este tipo de cautelares evidencian la trinchera antidemocrática, que suspende el ejercicio de un derecho y la implementación de una política pública sanitaria sin hacer un control mínimo, serio, de admisibilidad y procedencia de la acción", dijo a Soledad Deza, abogada tucumana feminista que representó y logró la liberación de Belén, la joven que estuvo presa en esa provincia a causa de un aborto espontáneo.
Deza aludió a la cautelar admitida por la jueza de feria Aucar de Trotti, considerando que "es una vergüenza jurídica propia del activismo conservador que se alía para mudarse al poder judicial cuando perdió en el debate legislativo. Previsible la demanda, pero no deja de sorprender la connivencia judicial", señaló la abogada.
Sectores a favor del aborto legal señalaron en el mismo ámbito chaqueño que ya estudian la correspondiente apelación al fallo de la jueza Aucar de Trotti, que será presentado a la brevedad.
TE/HB