La industria del tabaco es uno de los negocios con mayores restricciones a causa de que la postura del Estado está enfocada en desalentar el consumo de sus producciones, básicamente los cigarrillos. A diferencia de la mayoría de los productos y servicios que se comercializan de manera legal, las empresas tabacaleras tienen prohibido por ley en la Argentina hacer publicidad para captar consumidores y hasta deben incluir en el empaquetado intervenciones sanitarias alusivas a lo perjudicial que puede ser para la salud fumar un cigarrillo o un habano.
Así y todo, el mercado está dentro de la ley, con restricciones e impuestos. Uno de ellos es el llamado “Mínimo”, que por estos días mantiene preocupada a la firma local de mayor peso, Tabacalera Sarandí, que denunció al Estado por supuesta connivencia con las tabacaleras multinacionales para que el cálculo del tributo sea “a medida”. Eso, sostienen, pone en peligro la continuidad y cientos de puestos de trabajo.
Sarandí es una firma argentina que opera desde el año 2000 y que en los últimos años ha crecido en popularidad gracias a su producto insignia, los cigarrillos “Red Point”, una de las marquillas más elegidas por sectores populares que no pueden pagar los precios de las primeras marcas. Desde hace varias semanas, sus dueños están preocupados porque consideran que en el último tiempo la normativa tributaria del país los ha perjudicado de una manera grave, al punto de considerar el riesgo de cerrar sus puertas definitivamente por la caída de las ventas.
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El Impuesto Mínimo es una carga que surgió durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2004 y que en 2008, durante la gestión de Cristina Kirchner, se transformó en ley. A su vez, con la reforma tributaria de Mauricio Macri, se cambió la manera de calcularlo y se estableció un porcentaje fijo, actualizable por inflación. Para Tabacalera Sarandí, “se rompió la lógica proporcional de calcular el impuesto”.
Al menos eso consideró Maximiliano Rusconi, abogado de la firma, ante PERFIL: “Todas las empresas determinan el impuesto que van a pagar en función del precio de la marquilla más vendida, que obviamente es de la multinacional. Sus marcas de cigarrillos se venden muy caro porque necesitan comprar dólares y enviar las regalías a las casas matrices mientras que ‘Red Point’, por ejemplo, que es un cigarrillo nacional bastante bueno, tiene un costo de producción menor y por ende se vende más barato. De tener que pagar el impuesto, el precio tendría que subir al nivel de esas marcas y dejarían de comprarlo”.
El letrado contó que hace poco hubo una reunión con los trabajadores y trabajadoras de la firma y que uno de ellos graficó muy fácil el problema: “Nos obligan a vender un Fiat 600 con el precio de una Ferrari. ¿Quién lo va a comprar?”.
En rigor, sostienen que la normativa se podría traducir en el cierre definitivo de la empresa nacional, que hoy está posicionada entre las tabacaleras más pequeñas y las extranjeras British American Tobacco (ex Nobleza Piccardo) y Massalín Particulares (Philliph Morris, Marlboro). La marquilla local se vende a entre 60 y 90 pesos menos que los cigarrillos de las primeras marcas en manos de las multinacionales. “Es un escándalo. Me pregunto cuál es la razón por la que tengo que definir mi precio de venta en función del de otros. Sólo se explica como un intento por sacar de la cancha a las empresas nacionales, porque si querrían efectivamente que el impuesto se aplique por una cuestión de salud pública, a las primeras que se debería atacar es a las de afuera”, opinó el abogado.
La suspensión de una cautelar
Si bien el impuesto era una de las preocupaciones de la empresa, las alarmas se encendieron en mayo pasado cuando los jueces de la Corte Suprema firmaron un fallo que dejó sin efecto una cautelar que había logrado Tabacalera Sarandí en 2016 para quedar eximida de tributar el impuesto.
Fue la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que otorgó esa posibilidad al considerar que la ley 27.430 (donde se fijó la última reforma al impuesto) “instituye sendos pisos fijos de tributación mínima aplicables por igual a cada uno de los casos allí contemplados (NdR: a todas las empresas y marcas por igual) sin discriminar categorías”.
Ello, siempre según la resolución judicial a la que accedió este medio, “vulnera la defensa de la competencia por un probable fenómeno de concentración económica y/o comercial en el mercado del tabaco en beneficio de un sector”. Como consecuencias, los magistrados firmantes indicaban que Tabacalera Sarandí podría sufrir la “pérdida de clientela, competencia en desventaja y hasta la quiebra producto de los efectos negativos de la descapitalización que el tributo podría traer aparejado en la situación patrimonial”.
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Así fue como la firma local estuvo eximida de tributar ese impuesto, sobre el que se explica el 70% del valor del producto tabacalero. Sin embargo, esa situación cambió cuando el tema llegó a la Corte. “En el Máximo Tribunal a las corporaciones les va normalmente bien y por eso se revocó la medida, lo que provocó a la empresa un nivel de angustia muy importante que motivó la presentación de una denuncia que está bajo análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dijo Rusconi, quién permanentemente remarcó “el alto poder de lobby de las multinacionales”.
El fallo que sacó la Corte en mayo pasado fue firmado por el supremo Juan Carlos Maqueda y sus pares Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y la ex jueza Elena Highton de Nolasco. Carlos Rosenkrantz se excusó de intervenir luego de ser recusado por la tabacalera por su vínculo previo a ser ministro con Massalín Particulares y British American Tobacco. De todos modos, la decisión cortesana fue leída como un gesto de “favoritismo” judicial.
El supuesto lobby
En el frente judicial, la empresa tiene pendiente una definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunció al Estado argentino con la firma de 300 trabajadores y trabajadoras. “Ellos recibieron nuestra denuncia y la empezaron a estudiar. Lo que deberá pasar próximamente es que se nos convoque a una mediación con el Estado. Mientras se resuelve la cuestión de fondo, que es modificar la ley, nosotros queremos que se reponga la medida cautelar y por eso insistimos en el Fuero Contencioso: mientras discutimos esto que no se nos aplique la ley porque nos va a llevar directamente a la quiebra”, sostuvo Rusconi.
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Además de eso, los representantes legales de la firma local presentaron una denuncia penal contra las empresa Massalín Particulares, Philip Morris Internacional y British American Tobacco S.A. y algunos funcionarios de la AFIP durante la gestión de Macri. “Hay síntomas que indican que la modificación de 2017 fue hecha a medida y negociada en el ámbito de la AFIP durante la gestión anterior. Queremos que se investigue la posibilidad de que hubiera un delito en la conexión entre las empresas multinacionales y algunos funcionarios”, sostuvo.
La denuncia fue admitida por la Justicia y recayó en el juez Ariel Lijo y el fiscal Federico Delgado. Según pudo saber PERFIL, el expediente “avanza” y los directivos de las empresas mencionadas están imputados. También está pendiente un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (Dajudeco) orientado “a demostrar como la aplicación de la ley nos lleva a consecuencias desastrosas”, según Rusconi.
En esa causa, una de las pretensiones de la firma local es sumar al expediente informes internos de AFIP que concluyeron sobre una supuesta connivencia e irregularidades entre algunos funcionarios del organismo con determinados grupos empresarios entre 2015 y 2019. Son los mismos que motivaron parte de la decisión del fisco de retirarse en septiembre pasado de la querella en la causa conocida como Oil Combustibles.
“Entendemos que hubo una decisión de la AFIP de influir en el sector económico con las empresas. Durante la gestión de Cambiemos no hubo objetividad: se usaron las herramientas tributarias, de inteligencia, de la Unidad de Información Financiera y de otros organismos para influir en la política y la economía. En esto último, la tendencia fue a favor de las multinacionales”, se limitó el letrado.
Preocupación por un artículo del Presupuesto 2022
Además de lo mencionado, el problema del impuesto a las tabacaleras tuvo un nuevo capítulo en las últimas semanas, algo que también puso en alerta a Tabacalera Sarandí. “Sabemos que hubo un intento de incluir en la ley de Presupuesto 2022 un artículo llamativo. Es una ley llena de números, formulas y cuadritos maravillosa para ocultar cosas y han intentado meter una ventaja tributaria junto con el derecho a la patente de un producto llamado tabaco caliente, que viene en capsulitas que, obviamente, produce una de las multinacionales”, contó el letrado.
Tras la afirmación, este medio consultó a fuentes del Ministerio de Economía quienes se mantuvieron en silencio. A su vez, desde la Comisión de Presupuesto varios legisladores dijeron no estar al tanto de la supuesta incorporación y sólo hicieron referencia un pedido presentado en noviembre pasado por la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM).
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PERFIL pudo acceder a ese documento en el que le piden al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que incorpore a la Ley de Impuestos internos el párrafo: “Por el expendio de unidades consumibles de productos de tabaco calentado se pagará el 25% sobre la base imponible respectiva (…) El nuevo marco tributario debería gravar con una menor carga fiscal relativa a los productos innovadores”. Lleva la firma de la Cooperativa Tabacalera de Misiones.
En la Argentina, la empresa interesada en el tabaco caliente a partir de su dispositivo “IQOS” es Massalín - Philip Morris. “El principal desafío para los próximos años es continuar trabajando en alternativas de riesgo reducido para dar respuesta a los más de 1000 millones de fumadores que existen hoy en día en el mundo y poner también a disposición esta alternativa en la Argentina”, sostuvo Matías O’ Farrell, vicepresidente de Massalin Particulares a El Cronista.
Las esperanzas de la tabacalera local están puestas en que la Justicia reinstale la cautelar, haya un entendimiento con el Estado y se cambie la ley.
cp
