Los números de la crisis por la pandemia obligan a tomar medidas que antes de declamaban con convicción. Así hace menos de un año, el presidente Luis Lacalle Pou decía que “no estaba dispuesto a ir rumbo a un estado policíaco”, pero con dos récords negativos por muertes y por contagios, Uruguay impone ahora de tres meses a dos años de prisión a quien "atente contra la salud humana o animal".
En julio de 2020, el escenario sanitario en pandemia de Uruguay era otro, no modélico como Nueva Zelanda, pero diferente. Por eso, Lacalle Pou se explayaba al respecto: “Yo no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse, ir rumbo a un estado policíaco. Les pregunté (a la oposición) si alguno estaba dispuesto a ir conmigo a subir a un móvil policial, y empezar en una feria a meter gente adentro, gente que está tratando de hacer un peso. No se puede meter preso al que trata de ganarse el peso".
Pero “pasaron cosas”. Primero suspendió las clases hasta fines de abril. Ahora, según publicaron los medios uruguayos, el viernes 16 de abril los datos oficiales de Uruguay registraron dos récords negativos: en las últimas 24 horas: hubo 4.412 casos nuevos y murieron 79 personas. El país vecino tiene 3.461.734 habitantes.
En medio del aumento de casos afloraron también las críticas a Lacalle Pou por su gestión para la Conmebol pueda vacunar a jugadores de fútbol. “Referentes políticos de la oposición en Uruguay están escandalizados porque en medio de una situación sanitaria al borde del colapso, el presidente Luis Lacalle Pou actuó como puente para que la Conmebol recibiera 50 mil dosis de la empresa farmacéutica Sinovac Biotech, de China”, escribió el periodista Agustín Colombo en 442 de PERFIL.
En Uruguay no hay clases presenciales hasta fines de abril por el aumento de casos y muertes.
Más allá de las críticas por lo que resultaría aún más escandalosas y mediáticas si esa gestión la hubiera hecho un político de la oposición a Lacalle Pou, en Uruguay se da un “De reversa, botija”. No es una canción de una murga en el “las llamadas” durante el carnaval de Montevideo. Nada que ver. El viernes 16 de abril, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el “delito de peligro” por incumplir normas sanitarias. Esto es, el castigo penal a todo ciudadano que por su conducta ponga en riesgo la salud de la población.
El martes próximo –20 de abril–, Uruguay aprobará la modificación al artículo 224 del Código Penal para penar con hasta dos años de prisión a quienes “generen peligro por incumplir normativas sanitarias.” Según detalló el diario uruguayo El País, el texto dirá: “El que mediante violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente en aras de evitar la introducción al país o propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa de cualquier naturaleza, pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.”
Lacalle Pou en la mira: gestinó vacunas para futbolistas cuando faltan para sus conciudadanos.
Esta medida, detalló El País (Uruguay) ya había sido mencionada al gobierno de Lacalle Pou en marzo de 2020 por Jorge Díaz, un fiscal de la Corte Suprema. Este funcionario había planteado la necesidad de modificar el “delito de daño contra las medidas sanitarias” en “delito de peligro”. Esta modificación habilitaba al Poder Judicial a imputar penalmente a quienes violaran cuarentena en el escenario de emergencia sanitaria.
