Opinión/El futuro de la Afi

Servicios de inteligencia y recursos naturales: qué deben hacer los espías y qué las ONGs

La responsable de la AFI planifica destinar los recursos de la Agencia a la defensa de los recursos naturales del país. Un especialista en seguridad critica la medida y explica cuál es el rol de la inteligencia en la defensa nacional.

Cristina Caamaño, al frente de la Afi Foto: Cedoc Perfil

Si uno revisa los basics de los servicios de inteligencia profesionales de occidente como la CIA o el SIS MI6, se encuentra con misiones y desafíos que giran alrededor de “evitar las amenazas y asegurar los objetivos de seguridad nacional mediante la recopilación de información importante, la producción de análisis objetivos de todas las fuentes, la realización de acciones encubiertas efectivas y la protección de los secretos que ayudan a mantener a nuestra nación segura, persiguiendo puntualmente detener el terrorismo, interrumpir la actividad de los estados hostiles y dar… una ventaja cibernética”.

Usualmente su función se centra en “cerrar las brechas de inteligencia con una mejor recopilación y análisis de los países, actores no estatales y temas más críticos… dar una ventaja en la decisión….  aprovechar  los avances tecnológicos para un mejor desempeño en todas las áreas de la misión: recopilación, análisis, acción encubierta y contrainteligencia, mientras protege contra amenazas tecnológicas a la seguridad de nuestra información, operaciones y oficiales”.

Del otro lado geopolítico, el servicio de inteligencia ruso es “Parte vital del sistema de seguridad de Rusia destinado a proteger al individuo, la sociedad y el estado de las amenazas externas mediante el uso de los medios y recursos estipulados en la Ley Federal, mientras que la Republica Islámica de Irán le otorga nivel de ministerio a la Inteligencia, haciéndola parte del proceso de análisis de múltiples áreas del quehacer público.

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Usualmente, a nivel global, los distintos países usan sus servicios de inteligencia como soporte de sus políticas de protección en dos maneras; con operaciones dentro y fuera de sus territorios (este aspecto cambia mucho según los países y ramas de los servicios, conforme la existencia de ciertas limitaciones y prohibiciones para operar intra territorio), y con mecanismos de recolección y análisis de información para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo (nunca judicial o legislativo, salvo comisiones de control ex post).

La situación de Argentina. Recientes declaraciones de la Interventora del servicio de inteligencia argentino parecieran plantear la intención de una profesionalización del mismo. Necesario es decir que se trata de una tarea que requiere conocimiento específico de la materia y experiencia, lo cual no pareciera por ahora evidenciarse.

Y ello surge a poco se observe que el actual gobierno argentino pareciera estar buscando hipótesis de amenaza en principio no contempladas por la ley de Inteligencia (“con el eje puesto en la protección de los recursos naturales de la Argentina…. y los intereses del Estado”  en detrimento de su función específica fijada por la ley, a saber Defensa y Seguridad, que gobiernos anteriores tampoco respetaron ()

La ley de inteligencia argentina 25.520 es una buena ley, útil.

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Disecciona el sistema de inteligencia en dos subsistemas, de Inteligencia Estratégica Militar y de Inteligencia Criminal, cada uno de  ellos incardinado en el ministerio competente, de Defensa y de Seguridad. Define a la Inteligencia Nacional como la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación; y entiende la Inteligencia Criminal como la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional, y la Inteligencia Estratégica Militar como la parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, así como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar.

Nótese que la Ley de Inteligencia de Argentina no autoriza operaciones externas, por consiguiente todas sus operaciones serán de inteligencia interna (ya que persiguen los eventuales efectos que puedan producir los fenómenos en nuestro país, aun aquellos que se producen en el exterior). Este es un dato relevante a tener en cuenta, dado que se percibe cierta confusión gubernamental al referirse repetidamente a la prohibición de la realización de inteligencia interior (la limitación que surge del art 15 de la ley de Defensa se aplica a la inteligencia militar en relación a “Las cuestiones relativas a la política interna del país”).

Hasta ahí, las bases y puntos de partida son muy buenos. Pero a partir de ello es que se debe avanzar en la producción de decisiones que efectivamente  generen una inteligencia útil y proactiva. Y, en ese punto, todos los países tienen un punto de partida común; la Inteligencia se define siempre a partir de las amenazas y trabaja en la producción y recolección de información y su procesamiento y análisis  para evitarlas o preverlas.

En esos términos, estimo que la profesionalización del sistema argentino debe, como mínimo:

  1. Definir expresamente su ámbito de acción por materias, delimitado por las amenazas que reconozca como existentes; que conforme la ley vigente deben estar encuadradas en “hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación”.
  2. Entre esas amenazas críticas, sin duda, serán excluyentes el terrorismo (ya sea que afecte recursos naturales o no); la prevención de aparición o fortalecimiento de grupos criminales peligrosos (como en Brasil se generó el PCC en las cárceles paulistas); y el tráfico de armas.
  3. Definir las metodologías a ser utilizadas legítimamente, y en qué condiciones (similar a EEUU la diferencia entre HUMINT inteligencia humana, usualmente ejecutada por la CIA, y SIGINT inteligencia de señales, que ejecuta la NSA interfiriendo comunicaciones)
  4. Transparentar los objetivos y métodos; esto ciertamente no se produce revelando masivamente  la identidad de los actores del sistema; se genera mediante la creación de documentos claros y concretos de exposición de apreciaciones con acceso al público y sometidos al escrutinio social.
  5. Esos documentos claros y de acceso público deben establecer cuáles son los objetivos y modos de acción del sistema y por ende los recursos humanos afectados (práctica usual en todos los sitios web de servicios de inteligencia occidentales), indicando los modos de reclutamiento.
  6. Debe emitirse una Apreciación de Contraterrorismo (que exprese exactamente qué se considera terrorismo bajo la ley argentina y cómo se lo enfrenta, dado que la ley argentina en esa materia es confusa), una Apreciación de Crimen Organizado (que reúna narcotráfico y grupos criminales penitenciarios), y una Apreciación de Contraproliferación de Armas (que abarque todos los riesgos que esa actividad genera tanto en materia de Defensa como de Seguridad).

Si el gobierno argentino realmente pretende iniciar un proceso de profesionalización, debe comprender que la inteligencia nacional (militar y criminal) no es una materia de ONGs y académicos de izquierda o derecha; es una actividad crítica, muy compleja y a veces dura, mediante la cual se protege a un país y se defiende a sus habitantes.

 

*Experto en armas y terrorismo. Fue Team Leader del equipo de investigación de uso de armas químicas ONU-OPAQ en Siria, y experto en armas del Grupo de Expertos de ONU en Yemen.