ZONA DE PESCA

¿A dónde van los dólares de la Comisión Mixta del Frente Marítimo argentino-uruguayo?

Resulta llamativo que se asignen U$S 156.000 a la delegación argentina, fondos que se transferirían a una cuenta bancaria en Uruguay y que luego —según versiones— serían retirados en efectivo para trasladarlos a Buenos Aires, desconociéndose su destino final.

Mar Argentino Foto: Télam

En la «Convención Preliminar de Paz», el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Reino del Brasil acordaron en 1828 —por la presión de la pérfida Albión— la independencia de la Banda Oriental, luego Uruguay, al tiempo que establecieron una cláusula adicional que, por quince años, aseguraba la libre navegación para ambas naciones. Sin embargo, no se fijó el mar territorial y ello generó diferencias, a punto de provocar algún conflicto armado y dar lugar, 145 años después, a la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, en Montevideo, el 19 de noviembre de 1973.

El tratado fue ratificado por Argentina mediante la Ley 20.645 y por Uruguay mediante la Ley 14.145, poniendo fin a graves desentendimientos entre dos países original y culturalmente hermanos. Se trata, probablemente, del más importante acuerdo de cooperación y administración de espacios y recursos entre dos vecinos.

Las comisiones y los cargos

Ahora bien, con la creación de comisiones para administrar ese tratado, aparecieron innumerables candidatos de ambos países para integrarlas. ¿Vaya a saber por qué? O sí: un conchabo político, un cargo diplomático, viáticos en dólares, cuestiones aduaneras u otra razón de peso. Aunque conocemos algunos casos de empresarios y técnicos que realizaron importantes aportes, el sistema merece primero una auditoría y luego una renovación profunda.

El 16 de agosto de 1976 se constituyó la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), que realizó su primera sesión plenaria el 4 de febrero de 1977. Entre sus funciones principales (arts. 80° a 82°) se encuentran la realización de estudios y la adopción y coordinación de planes y medidas relativos a la conservación, preservación y explotación racional de los recursos vivos y a la protección del medio marino en la zona de interés común, para lo cual dispone de los fondos necesarios (art. 81°).

Pese a ello, poco o nada ha hecho respecto de la pesca ilegal en alta mar que afecta los recursos migratorios originarios de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de ambos países, a pesar de tratarse de un organismo binacional con capacidad jurídica propia para cumplir sus objetivos.

El rol del puerto de Montevideo y los controles

Cabe preguntarse también qué ha hecho la CTMFM —además de establecer capturas máximas permisibles en la “Zona Común”— respecto del puerto de Montevideo, que brinda cobijo y logística a cientos de buques mercantes y pesqueros que trafican con Malvinas o capturan ilegalmente en este archipiélago argentino o sobre recursos migratorios del Atlántico sudoccidental.


El debate sobre la pesca ilegal en el gobierno de Chubut

Pareciera un retroceso al siglo XIX, cuando barcos contrabandistas y negreros hacían pie en Montevideo, aunque entonces no existía este tratado construido con tanto esfuerzo para promover la unión. Del mismo modo, deberían evaluarse los cuestionamientos a buques y puertos argentinos dentro o incluso fuera de la jurisdicción del tratado cuando pudiesen afectar la población pesquera de ambos Estados ribereños.

Funcionarios y designaciones

Los funcionarios designados por ambos países para ocupar los cargos de la CTMFM no estarían cumpliendo debidamente con el objetivo de «sentar las bases de la más amplia cooperación entre los dos países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unía a sus pueblos».

Como expresó el entonces presidente Juan Domingo Perón el 19 de noviembre de 1973: «Será éste el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos…», destacando el espíritu de fraternidad argentino-uruguaya (cesarlerena.com.ar, “El destrato del Río de la Plata y su Frente Marítimo”, 7/1/2019).

La CTMFM está compuesta por funcionarios argentinos y uruguayos con inmunidad diplomática, y la presidencia rota anualmente. Durante 2025 la presidió el embajador Luis Eugenio Bellando (Argentina), hoy vicepresidente. En 2026 preside la comisión el Sr. Álvaro Fernández González, acompañado por delegados y asesores de ambos países.

Se destaca la ausencia de un representante empresario pesquero argentino en la comisión y también de representantes de la provincia de Buenos Aires, cuya jurisdicción corresponde directamente al área involucrada (César Lerena, El Saqueo. La Apropiación de los Recursos Pesqueros de Buenos Aires, 2024).

Irregularidades administrativas

Una designación cuestionada es la vicepresidencia de la delegación uruguaya (Resolución CE 316360 del 28/10/2025), a cargo del Sr. Ricardo Posada Mannucci, ya que el reemplazo natural del presidente debería ser el Dr. Alem García, conforme al artículo 8° del reglamento interno, lo que podría violar lo previsto en los artículos 1° y 8° de los estatutos de la CTMFM.

Asimismo, resultaría irregular el uso de oficinas de la comisión para el ejercicio jurídico privado (arts. 4° y 17°), práctica que se habría desarrollado con frecuencia.

Presupuesto y gastos de funcionamiento

El presupuesto anual 2026 de la comisión alcanza casi un millón de dólares (U$S 994.000), financiado por aportes de ambos países por U$S 750.000 y contribuciones adicionales de las cancillerías. De ese total, U$S 367.173 se destinan a operaciones relacionadas con la pesca, U$S 261.692 a gastos de funcionamiento y U$S 312.000 se distribuyen entre las delegaciones.


La Argentina no debería ratificar el tratado de alta mar

Esto implica que las delegaciones absorben el 31,38 % del presupuesto por reunirse una vez al mes. Surge entonces la pregunta sobre la necesidad de una estructura de tal magnitud —además aparentemente deficitaria— cuando las tareas podrían realizarse desde organismos nacionales como la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y el INIDEP en Argentina, y la DINARA en Uruguay, reduciendo honorarios y viáticos.

Transferencias y pagos cuestionados

Aunque no figuran expresamente en el presupuesto, los delegados uruguayos estarían percibiendo unos U$S 2.500 mensuales y el presidente unos U$S 3.000. La delegación argentina, en cambio, actuaría ad honorem por tratarse de funcionarios públicos.

Resulta llamativo que se asignen U$S 156.000 a la delegación argentina, fondos que se transferirían a una cuenta bancaria en Uruguay y que luego —según versiones— serían retirados en efectivo para trasladarlos a Buenos Aires, desconociéndose su destino final.

En una auditoría del 22/12/2025 de la Cancillería uruguaya se menciona un aporte de U$S 5.000 para compensar déficits, pero se omite señalar que el presupuesto refleja un aporte total de U$S 156.000.

Costos de investigación y pagos pendientes

Dado que Uruguay no posee buques de investigación, se utilizan embarcaciones del INIDEP argentino. La CTMFM abonaría U$S 2.500 por día de campaña a través de ARGENINTA. Si en 2025 se realizaron 91 días de navegación, correspondía transferir U$S 227.500; sin embargo, solo se habrían abonado U$S 107.500, quedando un saldo pendiente de U$S 120.000, sin contar otros pagos por equipamiento.

El procedimiento resulta llamativo por la tercerización de pagos, las transferencias al exterior y la diferencia entre el monto abonado y el costo real operativo, que fuentes especializadas estiman entre U$S 10.500 y U$S 14.000 diarios para el buque de investigación Víctor Angelescu.

Necesidad de auditoría y revisión

Más allá de un replanteo integral de la comisión, las cuestiones expuestas ameritarían una auditoría urgente e incluso la intervención de la justicia de ambos países para determinar la legalidad del manejo de fondos públicos y el destino de los recursos destinados a la investigación en la Zona Común.

La salud institucional de ambas repúblicas hermanas así lo exige.

Ya sea “bo” o “che”, todas estas cuestiones deberían estar pronto resueltas. Uruguay-Argentina o Argentina-Uruguay deben trabajar para consolidar el espíritu de federación que quiso Artigas, sabiendo que, como dijera San Martín, «para los hombres de coraje se han hecho las empresas».

 

(*)  Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)