Crónica de un golpe anunciado
El 24 de marzo de 1976 no se produjo ningún hecho sorpresivo. Sólo faltaba saber la hora en que el gobierno de María Estela Martínez de Perón llegaría a su conclusión anticipada. ¿Por qué se llegó a ese desenlace? ¿Por qué las fuerzas civiles no impidieron un nuevo golpe militar a menos de tres años de haber asumido el gobierno electo con el mayor respaldo electoral de la historia argentina?
Las violaciones indiscriminadas a los derechos humanos ejercidas por la dictadura militar instalada a partir de esa fecha ha dejado en tinieblas los hechos y conductas que la precedieron.
El débil, fallido y brevísimo gobierno de Héctor J. Cámpora, la masacre de Ezeiza, la amañada presidencia provisional de Rául Lastiri (en el orden de sucesión correspondía que asumiera el Presidente Provisional del Senado, pero quien ocupaba el cargo fue extrañamente enviado a un misión internacional), las elecciones presidenciales donde se impone la hasta entonces impensable fórmula Perón-Perón, el comienzo de la actividad de la Triple A y la persecución de opositores, artistas, intelectuales, obreros disidentes de la CGT única fueron el preámbulo de la asunción como presidenta de la vicepresidenta electa. Destaco este hecho porque suele callarse el carácter electivo del mandato de Isabel Perón. El 62% de los electores que votaron la fórmula conocían la edad de Perón y la posibilidad de que la vicepresidenta lo sucediera conforme indica la Constitución.
La incredulidad sobre las habilidades de la mandataria para ejercer su cargo era extendida aún en el oficialismo que se disimulaba ante el poder simbólico de su apellido. Esto llevó a que en el año 1975 se aprobara la reforma de la ley de acefalía vigente desde hacía más de un siglo para reemplazarla por un sistema hecho como traje a medida de la situación imperante en la República. Ya no era necesario que el Presidente Provisional convocara a elecciones sino que la Asamblea Legislativa (senadores y diputados en conjunto) eligieran para terminar el mandato un senador, un diputado o un gobernador de provincia en ejercicio. El fundamento de esta cuestionable decisión fue evitar en caso de renuncia, enfermedad o destitución de la Presidenta abrir un proceso electoral dada la situación de violencia desatada entre las distintos grupos armados del partido oficial, las fuerzas de seguridad y la organización paramilitar creada por el Gobierno, sumada a una situación económica desquiciada.
Sin embargo, las fuerzas con mayor representación parlamentaria no quisieron actuar y poner en funcionamiento este mecanismo de sustitución para evitar un nuevo golpe militar, el sexto a partir del inaugural de 1930. La diputada por el Movimiento Popular Jujeño, María Cristina Guzmán, pidió el juicio político a la Presidenta sin lograr el apoyo de los partidos mayoritarios. Tampoco el Congreso decidió declarar la incapacidad para el ejercicio del cargo de la Presidenta, pese a las prolongadas licencias que tomó en su breve mandato.
Las fuerzas de la legalidad no actuaron para impedir el golpe. Como en las tragedias griegas, pero sin su elocuencia se aceptó como destino ineludible un nuevo régimen militar. Una ciudadanía indiferente vio pasar los tanques por las avenidas de las grandes ciudades. Algunos aplaudieron. Otros festejaron que se hiciera claro quién era el enemigo. Muchos corrieron a ofrecerse para colaborar con el nuevo gobierno. Otros se sumaron a los que ya habían comenzado a vivir en el exilio. Sólo un puñado lamentamos un nuevo quiebre del orden constitucional. No éramos mayoría los que pensábamos que la única salida para una crisis era el sostén de un orden democrático, que la prosperidad igualitaria sólo se logra dentro de un sistema de legalidad institucional.
Este aniversario es una buena oportunidad para recordar la importancia de sostener y reforzar las instituciones. Máxime en un orden internacional que se quiebra y en la reaparición de discursos negacionistas de los crímenes de lesa humanidad.
Sólo dentro del derecho se puede conseguir la paz y el bienestar general que es el fundamento de la existencia de un Estado.
*Profesor de Derecho Constitucional.