Cuentapropismo e inflación

El Gobierno termina 2025 con niveles de aprobación muy similares a los de 2024. En su primer año de gestión, su promedio de aprobación fue del 44%; en 2025, el promedio arrojó un 41%. En ambos años se observó la misma dinámica: caídas hasta el último trimestre y recuperaciones hacia fin de año. En el primer año, el repunte se debió a la paulatina y persistente baja de la inflación; en el segundo, cuando parecía que nada detendría la caída, la ayuda del “amigo americano” y el temor al regreso del kirchnerismo impulsaron una victoria electoral que elevó las expectativas para 2026.

Hay un dato que no debe pasar desapercibido. Si bien la inflación como problema país ha sido desplazada por la corrupción –a la que se le adjudican los males que ocurren–, la preocupación por la suba de precios no ha desaparecido. Los votantes de Milei señalan los bolsos kirchneristas; los votantes de Massa, el caso $Libra. Pero en la vida cotidiana, la inflación y los bajos salarios siguen siendo las principales preocupaciones.

Por eso el Gobierno enfrenta desafíos para 2026. El primero es cumplir con la reciente promesa presidencial de que la inflación continuará bajando hasta llegar a 0 en el segundo semestre. ¿Podrá? Los pronósticos de los principales economistas anticipan una inflación que superará holgadamente los 20 puntos. Son proyecciones basadas en las definiciones del equipo económico respecto del comportamiento esperado del dólar y la necesidad de acumular reservas para cumplir con el FMI.

Otro desafío está vinculado a la generación de empleo. La dinámica de la economía va en contra de lo que el Gobierno postula como objetivo, que es el crecimiento del trabajo formal. La combinación de mercado interno recesivo más importación para bajar los precios generó cierres de empresas y despidos, arrojando trabajadores al mercado informal, que es lo que –según el Indec– está creciendo. Tenemos un engrosamiento de cuentapropistas. No son empresas que toman trabajadores en negro: son personas que, para insertarse en el mercado laboral, se las arreglan por su cuenta. Unos dirán que son entrepreneurs; otros, que son desesperados que no tienen más alternativa.

Cerca de un 40% de los electores piensan más como consumidores que como ciudadanos y creen que lo mejor que puede pasar es abrir la importación, porque eso permite la baja de precios y el acceso a productos que antes parecían inaccesibles. La contraparte es que seis de cada diez creen que esta apertura importadora genera cierre de empresas, despidos y que se trata de un fenómeno que se extenderá en el tiempo, empeorando día a día las perspectivas de inserción laboral y de mejores salarios.

No es casualidad que, ante la reforma laboral presentada, la mayoría crea que no servirá ni para que las empresas pongan a sus empleados en blanco ni para mejorar los salarios, pero sí para facilitar el despido de trabajadores. Quienes más apoyan la apertura importadora son los menores de 30 años. Suponen que el cierre de empresas será un fenómeno transitorio. Son los mismos jóvenes que se quejan de las dificultades para insertarse en el mercado laboral. Por ahora le echan la culpa al empresariado nacional y también a los gobernadores: a unos porque los suponen avaros que no quieren competir ni bajar los precios; a los otros porque creen que la falta de trabajo se genera por no crear condiciones para la radicación de empresas en sus territorios.

Mientras ese pensamiento se mantenga, Milei podrá conservar a ese sector de electores. Su problema aparecerá si el cierre de empresas se agudiza y las fuentes de trabajo escasean. Corre el riesgo de que el cuentapropismo, con un mercado interno estrangulado, comience a mirar lo que hace su ministro de Economía.

*Consultor y analista político.