Derecho humano y deber social

El dato que recientemente se acaba de publicar en relación con el índice de pobreza en nuestro país es, realmente, alarmante. Ningún cuerpo resiste si un 40 % de su masa corporal está afectada por una enfermedad grave. Del mismo modo, ninguna comunidad cuyo cuerpo social está afectado en un 40 % por un flagelo como la pobreza, puede resistir.

A esta altura la pobreza se ha transformado en una cuestión social en tanto no sólo afecta a los seres humanos que se encuentran en esta situación, sino que afecta a la toda la comunidad. Lamentablemente vivimos en una sociedad enferma; gravemente enferma.

La pobreza es un flagelo que viene azotando a nuestra sociedad desde hace bastante tiempo y para hacerle frente siempre se han tomado medidas de neto corte asistencialista como, entre otras, la implementación de los conocidos “planes” que, ciertamente, de planes no tienen nada. Recientemente, la imaginación ha llevado a implementar –entre otros– el llamado “ingreso familiar de emergencia” (IFE) y el “programa de asistencia al trabajo y a la producción” (ATP) ampliándose aún más el esquema asistencialista. Nada de eso resuelve el problema, sino que lo profundiza, ya que no consiste sino en una simple transferencia de recursos del 60 % de la población que todavía no está bajo la línea de pobreza para asistir al, por ahora, 40 % que allí se encuentra. Un razonamiento de elemental lógica no puede sino concluir que este camino solo lleva a subir el cupo del 40 % y a bajar el del 60 %.

Desde el punto de vista social, la sola transferencia de recursos no cambia nada. De lo que se trata es de generar riqueza. Una riqueza que no solo supone dotar a las personas de medios materiales sino, sobre todo, de dignidad. El pobre no es pobre porque no tiene esa plata con la que se lo asiste; el pobre es pobre cuando carece de la dignidad de la persona humana.

Es plenamente aplicable a esta idea aquel antiguo proverbio chino que reza: “Dale un pez a un hombre, y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá toda su vida”. La dignidad de la persona humana no florece cuando recibe una limosna, sino que se marchita. Lo que dignifica a la persona humana es el conocimiento –saber pescar– y para ello no hay otra herramienta que la educación. Lamentablemente, la administración actual –en una postura solo compatible con gobiernos que hacen de la ignorancia una herramienta de manipulación–  ha declarado expresamente que la educación no es una cuestión prioritaria en las circunstancias que está transitando nuestro país.

Es importante destacar que la educación ha sido declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas –hace más de setenta años– un derecho humano básico; lo que supone su preexistencia a cualquier Constitución Política de los países miembros y, por lo tanto, independiente del ordenamiento jurídico que cada uno adopte.

A pesar de ello, como si el propósito fuera promover el vicio y frustrar la educación, vemos que la política de flexibilización de la cuarentena que nos tiene inmovilizados, tiende a abrir casinos y a mantener cerradas las escuelas. Ciertamente, la educación es una herramienta útil para salir de la pobreza. El conocimiento, como resultado de la educación, es un bien que no se gasta y una vez que se adquiere dignifica y dota a las personas de un bien que nadie le puede robar, ni quitar. El conocimiento no se consume –como un subsidio estatal– se cultiva y, al ponerlo al servicio de la comunidad, enriquece, empodera y, consecuentemente, saca de la pobreza.

Es evidente entonces que la educación, en tanto constituye un aspecto esencial de la dignidad de la persona humana, es un arma eficiente y eficaz para enfrentar la pobreza.

*Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral.