Esta semana la sociedad se movilizó en la marcha convocada por alumnos, docentes, no docentes y autoridades de las universidades públicas, en defensa de su funcionamiento frente al recorte presupuestario aplicado por el gobierno nacional. Recorte que coronó una serie de otros realizados por el gobierno nacional desde su asunción. Desde entonces, asistimos a cortes de aportes que el gobierno nacional hacía. En estos anuncios se mezclaban recortes económicos con cambios de funcionamiento y criterios frente a muy diversos campos: la presentación de la ley Bases y el DNU, ambos cargados de aspectos que superan muy ampliamente lo económico-financiero para eliminar la capacidad de control y regulación del Estado. Estas medidas las explica el gobierno frente a un Estado hipertrofiado, caro, ineficiente y corrupto debido al descontrol del último período del gobierno de Alberto Fernández. Aclaremos que la corrupción no es nueva, recordemos los gobiernos del presidente Menem y los que le siguieron. Tampoco las diferencias entre el presidente y el vice, como lo vivimos en 2001.
El presidente Milei llega al gobierno ofreciendo un cambio que no era muy claro para la ciudadanía, pero que él repetía y, sin detallar, sugería cambios profundos pero que muchos que lo votaron o no nunca creyeron que fueran viables. Además, en el balotaje influyó la necesidad de cambiar a quienes habían gobernado 16 de los últimos 20 años, lo que no permitía otra opción. La motosierra siempre la mostró y se ufanó de que la iba a aplicar para la casta, sin definir bien quiénes eran la casta. Una vez en el gobierno, encendió la motosierra y, ¡oh sorpresa!, la empezó a aplicar a la ciudadanía y a muchos de sus votantes, justificándola en la necesidad de limpiar lo que habían dejado los anteriores y la necesidad de sufrir hoy para estar mejor mañana. Esto tampoco es nuevo, basta recordar el “Hay que pasar el invierno“ de Alsogaray. El mensaje electoral fue apoyado por varones, las mujeres siempre estuvieron más reticentes. En estos cuatro meses hemos visto recortar todos los fondos nacionales a las provincias, echar o no renovar convenios temporales de personal del Estado nacional, considerando que eran cargos políticos sin revisar e ignorando que era algo que se realizaba automáticamente desde hacía años.
Vivimos la interrupción de prestaciones como el subsidio a comedores comunitarios por sospecha de corrupción, la fiebre de auditar para detectar ilícitos interrumpiendo las prestaciones y servicios en muy diversos campos con graves consecuencias como la interrupción de tratamientos médicos de alto costo, por ejemplo los oncológicos, y la suspensión de contratos considerados políticos, como recientemente la suspensión de 619 contratos de agentes sanitarios que con poco sueldo lograron disminuir el 50% de los embarazos no intencionales en la adolescencia en menos de cinco años, ahorrando al país más de 800 millones de dólares por año por pérdidas socioeconómicas según el Fondo de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, pérdida que se acumula durante toda la vida de las niñas madres. Se suma el deterioro de las jubilaciones y la suspensión de la obra pública, sin diferenciar lo necesario de lo superfluo; permitieron cerrar las cuentas a un precio muy alto y que afecta más a mujeres y niñas. La gota que rebasó el vaso fue el corte del presupuesto de las universidades públicas. La multitudinaria marcha del martes 23 de abril fue una demostración del apoyo masivo a la educación pública y gratuita que supera clases sociales, lugares de residencia y otros factores, y que permite la movilidad social y es un valor compartido por toda la sociedad. El apoyo de algunos sectores sindicales y políticos no explica el tipo y diversidad de los participantes, especialmente el gran número de mujeres madres, abuelas, hijas y nietas que predominaron.
