El 24 de marzo y la disputa por los valores

Las marchas del 24 de marzo volvieron a mostrar que la memoria argentina es un territorio vivo. Mientras cientos de miles de personas salieron a las calles para repudiar el golpe de 1976, el Gobierno eligió un camino distinto: evitó condenar explícitamente la interrupción violenta de un gobierno constitucional que, con todos sus problemas, estaba a meses de terminar su mandato, y difundió un mensaje oficial que relativiza el terrorismo de Estado y cuestiona el consenso democrático construido desde 1983. Ese contraste –la multitud reafirmando el Nunca Más y un gobierno intentando reescribirlo– muestra por qué el 24 de marzo sigue siendo un campo de disputa política, histórica y simbólica.

El repudio al golpe no es homogéneo. Conviven distintas tradiciones: quienes lo condenan desde una perspectiva democrática-liberal, porque destruyó la institucionalidad y convirtió al Estado en un aparato clandestino de persecución; quienes lo repudian desde la tradición de derechos humanos, poniendo el foco en el plan sistemático de desaparición, el robo de bebés y la impunidad estructural; y quienes lo leen desde una tradición militante que entiende el golpe como un ataque a un proyecto político transformador. A esto se suma la discusión sobre la violencia anterior al 76: la Triple A, el asesinato de Rucci, los enfrentamientos internos del peronismo y la acción de organizaciones armadas. Para algunos, ese contexto “explica” el golpe; para otros, no lo justifica, porque el Estado tiene responsabilidades que ninguna organización armada tiene. En el Juicio a las Juntas impulsado por Alfonsín, la Justicia resolvió este punto en 1985: el Estado no puede ponerse al nivel de un grupo insurgente.

En el centro de esta disputa aparece el peronismo, que fue a la vez víctima de la dictadura, acusado por algunos sectores de haber albergado facciones que ejercieron violencia previa y protagonista –junto al radicalismo y otras fuerzas políticas– de la reconstrucción democrática. Desde 2003, además, la memoria del terrorismo de Estado se institucionalizó como política pública. La discusión sobre qué peronismo se recuerda –el víctima, el atravesado por la violencia interna, el que impulsó políticas de memoria– es también una discusión sobre su identidad.

La disputa por el 24 de marzo no es arqueológica: es una discusión sobre qué sentido darle a la historia. A pesar de la heterogeneidad de visiones, hay tres puntos en los que quienes repudian el golpe coinciden: que la democracia es un valor irrenunciable, que el golpe fue ilegítimo y que el terrorismo de Estado fue un crimen. La multitud del 24 de marzo expresa justamente eso: que hay hechos que no pueden relativizarse, que hay crímenes que no admiten equivalencias y que existe un piso ético desde donde mirar la historia.

Mientras intenta reescribir el pasado, el Gobierno enfrenta su propio presente: problemas económicos persistentes y episodios éticos que ponen en duda su autoridad para reinterpretar la historia. En lo económico, con un mercado interno paralizado, una inflación que no baja lo suficiente, el dinero que no alcanza, el crecimiento de la desocupación y del trabajo informal. En lo moral, el caso Adorni, con inconsistencias patrimoniales y decisiones cuestionadas como incluir a un familiar en un viaje oficial, y el caso $Libra, que involucra al Presidente en un entramado de pagos, sociedades offshore y comunicaciones previas al lanzamiento de una criptomoneda investigada en varios países.

 La multitud también le plantea a la oposición el desafío de construir una alternativa coherente y creíble frente a un gobierno que tensiona consensos básicos y nos obliga a preguntarnos cuál es el futuro que espera a las próximas generaciones.

*Consultor y analista político.