Es difícil exagerar hasta qué punto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha transformado el panorama internacional en los últimos 14 meses. Desde la Segunda Guerra Mundial, la política exterior estadounidense ha seguido en gran medida un enfoque internacionalista. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio –todas ellas fundadas y dirigidas por Estados Unidos– contribuyeron a mantener el orden multilateral, mientras que las relaciones económicas entre la mayoría de los países funcionaban bajo el principio de no discriminación.
Trump ha trastocado ese orden, sustituyéndolo por una agenda nacionalista y abiertamente imperialista de “America First”, ilustrada vívidamente por su guerra indefinida y temeraria contra Irán. Su retirada de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud ha debilitado los canales de comunicación esenciales para vigilar las enfermedades transmisibles, coordinar las rutas aéreas, hacer un seguimiento de los fenómenos meteorológicos y fomentar la cooperación global. En el ámbito nacional, ha seguido un rumbo igualmente destructivo, atacando instituciones claves de EE.UU., incluidos los sistemas de ayuda de emergencia, la protección del medio ambiente y, sobre todo, el Estado de derecho.
Muchas de estas medidas se han adoptado con poca o ninguna planificación o previsión estratégica. Los aranceles de Trump, muchos de los cuales se basaban en cálculos dudosos y posteriormente se redujeron o revocaron, son un buen ejemplo de ello. Ni siquiera se salvaron las remotas islas Heard y McDonald, cuyos únicos habitantes conocidos son pingüinos y focas.
La justificación de los aranceles de Trump también ha cambiado repetidamente. En diferentes momentos, se han justificado como una forma de eliminar los déficits comerciales bilaterales, castigar a los países que supuestamente tratan a EE.UU. de forma injusta, reducir la inflación, mejorar la seguridad nacional e impulsar el empleo en el sector manufacturero. Sin embargo, las decisiones de Trump a menudo contradicen esos objetivos declarados. Por ejemplo, el superávit comercial de EE.UU. con Brasil no impidió que Trump impusiera aranceles generalizados a los productos brasileños en represalia por el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, su estrecho aliado político.
Vietnam ofrece otro ejemplo llamativo de la errática formulación de políticas de EE.UU. En julio, la administración Trump anunció un arancel del 20% sobre las importaciones vietnamitas, a pesar de que Vietnam había acordado eliminar sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses. Según se informa, la decisión tomó por sorpresa a los responsables políticos vietnamitas, ya que creían que habían conseguido un tipo mucho más bajo, del 11%.
La lista de incoherencias y cambios bruscos de rumbo continúa. En particular, Trump ha apuntado repetidamente a las importaciones canadienses, subiendo y bajando los aranceles sobre productos como los automóviles y el aluminio, a pesar de haber negociado y firmado el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (Usmca) durante su primer mandato.
Dada su caótica puesta en marcha, no debería sorprender que la agenda arancelaria de Trump no haya logrado ninguno de sus objetivos declarados. El déficit comercial de EE.UU. alcanzó un máximo histórico en 2025, el empleo en el sector manufacturero disminuyó y la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. En lo que respecta a la seguridad nacional, pocos podrían argumentar que las políticas de Trump han hecho que EE.UU. sea más seguro.
Al mismo tiempo, los aranceles de Trump y la incertidumbre que los rodea han sacudido la economía mundial. La reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para llevar a cabo su agenda arancelaria, junto con el posterior anuncio de Trump de que volvería a imponer un arancel universal del 10% en virtud de una ley diferente, no ha hecho más que agravar esa incertidumbre.
Como resultado, los productores estadounidenses no pueden predecir a cuánta competencia de las importaciones se enfrentarán ni a qué precio, y las empresas que dependen de insumos importados no saben cuánto acabarán pagando por ellos. Las compañías estadounidenses orientadas a la exportación, por su parte, no pueden evaluar en qué medida el aumento de los costes de los insumos las pondrá en desventaja frente a los competidores extranjeros.
Tales condiciones obstaculizan la inversión. Los productores que, de otro modo, podrían ampliar su capacidad pueden mostrarse reacios a hacerlo, ya que los aranceles que los protegen hoy pueden dejar de estar vigentes mañana. Los exportadores, que se enfrentan a mayores costes y a aranceles de represalia de otros países, pueden reducir sus operaciones globales. Muchas empresas ni siquiera pueden determinar qué tipos arancelarios se les aplican realmente.
Afortunadamente, es probable que la sentencia del Tribunal Supremo limite la capacidad de Trump para utilizar aranceles discriminatorios como herramienta de negociación. En la práctica, los exportadores a EE.UU. ya no se enfrentarían al riesgo de que un productor competidor pudiera recibir de repente un arancel más bajo sobre productos idénticos. Trump se había valido anteriormente de esta táctica al amenazar a grandes exportadores de automóviles, como Corea del Sur y Japón, ya que incluso pequeñas diferencias en los tipos arancelarios pueden desplazar la ventaja competitiva de un productor a otro.
En respuesta a la sentencia, Trump ha amenazado con utilizar otras medidas, como los derechos antidumping, para compensar la pérdida de sus aranceles discriminatorios. También ha invocado una ley que permite al presidente imponer aranceles generales durante un máximo de 150 días. Estas medidas, aunque perjudiciales, al menos se aplicarían por igual a todos los países en lugar de favorecer a un productor sobre otro.
También podrían utilizarse otras disposiciones de la legislación comercial estadounidense, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que se centra en las prácticas comerciales desleales, y la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite la imposición de aranceles por motivos de seguridad nacional. Pero estas herramientas suelen requerir largas investigaciones y conllevan retrasos procesales. E incluso si saliera victorioso, la sentencia del Tribunal Supremo ya ha restringido la capacidad de Trump para utilizar los aranceles como palanca política.
Todo esto subraya la importancia del principio de la nación más favorecida de la OMC, que fue diseñado precisamente para evitar ese tipo de discriminación. Trump no será presidente para siempre, pero el daño que su administración ha causado al sistema comercial mundial será difícil de reparar. Sea cual fuere la forma en que se restablezca un sistema comercial abierto y multilateral, la revocación de sus aranceles arbitrarios e imprudentes será un primer paso necesario.
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* Anne O. Krueger, execonomista jefa del Banco Mundial y ex primera directora gerente adjunta del Fondo Monetario Internacional, es profesora investigadora sénior de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y miembro sénior del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford.
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