Revés en Nueva York: se desploma el negocio de Burford y crece el misterio sobre los socios ocultos del litigio

Burford ganó unos 221 millones de dólares con el juicio por la manera en que se reestatizó YPF en 2012. Es la diferencia entre los 15 millones de dólares invertidos en la compra de la causa a la sindicatura del Tribunal Número 3 en la Justicia Civil y Comercial de Madrid, a donde fue a adquirir vía licitación los papeles necesarios para litigar; y la venta en tres momentos diferentes del 35% de la causa en unos 236 millones a diferentes inversores interesados en cobrar al final del juicio, en una situación que todos presuponían más que favorable a los demandantes.

Casi un caso definido a su favor con un solo riesgo: que Argentina, al final de la historia y con un inevitable fallo final de la Justicia norteamericana a su favor, no pagara y prefiriera entrar en default antes que pagar los US$ 16 mil millones que dictó en primera instancia la jueza Loretta Preska. En el momento de vender estas acciones, ese era el único riesgo. Por lo demás, solo restaba esperar un negocio seguro. Easy Money, como se dice en Wall Street. Pero algo pasó camino al cielo. La Cámara de Apelaciones de Nueva York falló el mes pasado dos a uno a favor de la Argentina, y demolió el negocio. Quizá, para siempre. 

Para Burford, la consecuencia fue una pérdida de ganancia de casi 10 mil millones de dólares, habiendo invertido originalmente US$ 15 millones. De ahí el hundimiento de sus acciones en el New York Stock Exchange (NYSE) en un 50%. En definitiva, un “Costo de Oportunidad”. O “Una Ganancia No Realizada”. Un “Lucro Cesante”, en términos más contables. O, como se dice en los floors de la Bolsa de Comercio de Nueva York, “Left The Money on The Table”, no haber ejecutado una ganancia cuando convenía. Habrá que decir, como se contó en estas líneas la semana pasada, que hacia agosto y septiembre de 2025 los lobistas de Burford Capital lo intentaron. Buscaron de todas las maneras posibles (y fueron muchas) de tomar contacto con Javier Milei o con Luis “Toto” Caputo y el secretario de Finanzas Pablo Quirno para que accedan a una mesa de negociación para investigar alternativas de pago bajo el paraguas de un acuerdo extrajudicial amparado y apañado por Loreta Preska. Sin embargo, no hubo caso.

El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios de Burford Capital.

El Presidente y sus funcionarios del quinto piso del Palacio de Hacienda dinamitaron todos los puentes aclarando que todo se dirimiría en la Justicia norteamericana. Y que solo al final de esta historia, luego de una intervención de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con fallo eventualmente adverso, se podría hablar. No antes. Al final de la película, esta actitud pétrea del oficialismo libertario sería la adecuada. Burford, entonces, solo podrá contar como ganancias (al menos hasta aquí) esos 221 millones de dólares de diferencia, entre lo que se pagó por la causa al síndico madrileño y el 35% vendido en el caso. En definitiva, Casualities of War. Nada que un fondo de altísima especulación no tenga en su cartera de eventualidades. 

El problema entonces es la pérdida absoluta de los inversores de ese 35%. Los que le compraron a Burford parte del juicio en una apuesta casi segura. Pero que falló. Son los integrantes de la famosa “Lista de Preska”. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York que falló en contra de la Argentina tiene en sus manos uno de los grandes misterios de la democracia recuperada desde el 83. El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios de Burford Capital. Esta persona, personas, sociedades o fondos de inversión le compraron parte de la causa al demandante, dinero que se utilizó para costear, supuestamente, los gastos de la presentación. Y quizá, para cubrir favores varios. La principal operación de este tipo se dio el 16 de junio de 2017, cuando luego de la presentación oficial y pública de la demanda ante la jueza de Nueva York, vendió el 15% del litigio a un grupo de inversores por unos US$ 66 millones; tres años después de haber adquirido en 2014 la causa total por unos US$ 15 millones al Tribunal N° 3 en la Justicia Civil y Comercial de Madrid; sede de la trifulca judicial original de Petersen Energía y Petersen Inversora, el nombre de fantasía legalista de todo el conflicto.

En aquella primera operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta original del 15% de la causa a los misteriosos accionistas, Burford Capital pudo solventar todos los gastos, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. La apuesta era enorme y entusiasta. Si se hubiera mantenido la sentencia de Preska, la ganancia final hubiera superado el 45 mil%. Superando incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016. No pudo ser. 

Pero menos para los “inversores” del juicio que entraron a un negocio casi seguro. 

El gran misterio que continúa latente en este juicio es saber con nombre y apellido quiénes son los socios de este juicio. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Profesionalmente es imposible que desde Burford o cualquier tribunal de los Estados Unidos dé los nombres de esos socios del fondo litigante, ya que hay un resguardo absoluto de parte de la jurisprudencia norteamericana de mantener a los accionistas en secreto. Solo por voluntad propia de Preska al considerarla información necesaria, o por un pedido expreso de algún juez local, algún colega norteamericano accedería a entregar esa información. También hubiera podido eventualmente ser un reclamo del Congreso Nacional, al momento de aprobar una hipotética ley para autorizar al Gobierno al que le caiga en suerte la liquidación de la deuda. En definitiva, es un derecho argentino saber a quién se le hubiera pagado semejante fortuna. Con el juicio a favor, paradójicamente, aparece este dato en contra. No se podrá pedir el listado desde el país. 

Es un derecho argentino saber a quién se le hubiera pagado semejante fortuna. Depende de Preska.

El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU, el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016. Petersen Energía y Petersen Inversora fueron las empresas se habían presentado en concurso en mayo de 2012, solo semanas después de la renacionalización y cuando desde el directorio de la petrolera reestatizada se prohibieron las distribuciones de dividendos. Sucedía que la forma de pago a los acreedores de Petersen que habían facilitado los dólares para que tomara el aproximadamente 26% de las acciones de la petrolera en tiempos de Néstor Kirchner, era con los ingresos por dividendos. Sin dividendos, no había posibilidad de pago. La solución fue la presentación del concurso en Madrid. Luego, la sindicatura del tribunal comercial lanzó la licitación del caso a la que se presentaron cinco candidatos. El triunfador fue Burford Capital, quien pagó los 15 millones originales. Lo demás es historia. 

Habrá que ver ahora la voluntad de Preska de dilucidar el gran misterio que queda de esta causa. Quienes son los poseedores de ese 35% de las acciones del juicio contra Argentina; hoy por hoy, los grandes perdedores del caso. Podría ser cualquiera. Empresarios, políticos, fondos de inversión, interesados varios. Cualquiera. Y, de conocerse los nombres, podría provocar un maremoto jurídico, político, económico y financiero en el país. Depende de Preska. Quien no debe estar de buen humor en estos tiempos. Al menos con Argentina.