Dioxitek: La Municipalidad busca resolver una encrucijada que lleva más de 40 años

El conflicto de Dioxitek se convirtió en un nuevo foco de tensión entre la gestión de Daniel Passerini y el Gobierno Nacional. El conflicto data de 1985, pero tras el vencimiento de la última prórroga en diciembre de 2024, lo que era un enfrentamiento administrativo, en las últimas semanas pareció transformarse en una disputa que de alguna manera se politizó.

Para entender la magnitud del problema, hay que mirar el mapa energético del país: Dioxitek opera en el corazón de Alta Córdoba, un barrio densamente poblado, produciendo el dióxido de uranio, insumo indispensable para fabricar los elementos combustibles que alimentan a Atucha I, Atucha II y la Central Nuclear de Embalse. Sin este material, el sistema interconectado nacional perdería una de sus fuentes de energía más estables y soberanas.

Sin embargo, esta relevancia estratégica choca de frente con la realidad local. Desde que en 1985 se modificó la ordenanza de uso de suelo, la actividad de la planta quedó técnicamente prohibida en zona urbana. Durante cuatro décadas, la solución “parche” ha sido la promesa de un traslado a Formosa, donde se proyectó la Nueva Planta de Uranio (NPU). Pero la obra en el norte sufre parates crónicos y, hoy, esa demora es el centro de la grieta: mientras sectores nacionales acusan a Córdoba de poner en riesgo la energía del país, el municipio denuncia que la Nación prefiere pedir prórrogas antes que invertir lo necesario para terminar la mudanza definitiva.

Una herencia compartida 

Gabriel Martín, Secretario de Ambiente municipal, insiste en que la postura del municipio no es un bloqueo ciego. “Estamos conversando permanentemente. No somos necios, entendemos qué es lo que se produce allí, pero pedimos un plan de trabajo para la erradicación definitiva que sea serio, con etapas concretas, monitoreables y cumplibles”, afirmó en diálogo con Perfil Córdoba.

El funcionario, quien el miércoles probablemente asista al Concejo Deliberante a exponer sobre el tema; recordó que la dilatada historia de Dioxitek no es nueva para quienes hoy critican desde la oposición. “Esta historia la tuvieron los radicales en su momento y también el juecismo cuando les tocó estar en la intendencia”, explicó Martin y subrayó que en aquellos años la planta ya operaba fuera de norma.

“Hoy, esos sectores son socios políticos del Gobierno Nacional; lo que podrían hacer es pedirle a la Nación que haga la inversión en Formosa y se radique allá de una vez”.

En la gestión de Ramón Mestre, fue el en ese momento subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, un habitué de los cruces con Dioxitek, empresa a quien llegó a clausurar en algún momento.

Pero el “tema Dioxitek”, lejos está también de ser un problema generado en la gestión de Javier Milei.  El físico Rolando Granada, profesor emérito del Instituto Balseiro e investigador de la CNEA responsabilizó al desfinanciamiento de la actividad científica y tecnológica durante el gobierno de Mauricio Macri y a la “incapacidad rampante” de la gestión de Alberto Fernández por el estancamiento del proyecto.

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El costo del traslado

En este momento para la Municipalidad de Córdoba, el argumento de la “emergencia energética” ya no es suficiente para tapar la falta de gestión de la empresa, que cuenta con capitales del Estado Nacional (51%), la CNEA (48%) y Mendoza (1%). “Las últimas inversiones son parte del plan de seguridad necesario de la planta, para seguir operando, eso es algo que les corresponde; lo que nosotros pedimos es que presenten un plan para radicarse en Formosa”.

 “Esta es una historia de más de 30 años de incumplimientos sistemáticos", señaló Martín. El funcionario recordó que desde 1995 existen convenios de relocalización que nunca se materializaron: "El 7 de noviembre de 2012 se firmó un acuerdo donde se les daba 18 meses para irse. En 2014 hubo prórrogas por decreto. En 2017 y 2019, acuerdos judiciales fijaban el retiro total para marzo de 2020. Todos fueron incumplidos”, detalló.

“Dioxitek reconoce que se tiene que ir en función de las normativas municipales, pero lo que falta es voluntad del Estado Nacional para terminar la inversión en Formosa”, agregó.

En términos comparativos, el funcionario apuntó contra las prioridades presupuestarias del Ejecutivo Nacional: “Según sus propios funcionarios, terminar Formosa cuesta unos 50 millones de dólares. Eso es mucho menos dinero que el perjuicio que sufrieron los cordobeses con la quita del subsidio nacional al transporte. Si pudieron ajustar allí, ¿por qué no invierten en cumplir con la ley ambiental?”, afirmó.

El rol de la Justicia

Actualmente, la planta se encuentra bajo la lupa de tres autoridades de aplicación: el municipio como autoridad ambiental, la provincia a través del control de residuos peligrosos y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), además de la fiscalización de Bomberos.

“Nosotros nos hacemos responsables de los acuerdos hasta acá, pero la palabra final la tiene el Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja”, concluyó Martín. La resolución judicial que se espera en los próximos días determinará si Dioxitek obtiene una nueva bocanada de aire por ocho años o si la ciudad de Córdoba finalmente logra cerrar una cicatriz urbana que lleva abierta cuatro décadas.