El empleo público cordobés en la era de la flexibilidad

La reforma laboral nacional reactivó el debate sobre las reglas del trabajo en la Argentina. En Córdoba, ese clima encuentra una traducción propia: no hay ley estructural en discusión, pero sí cambios concretos en el empleo público, con incorporaciones proyectadas, reconfiguración de los esquemas de contratación, mayor presión contributiva y una conflictividad que ya se trasladó a los tribunales.

Aunque Córdoba es la provincia con menor cantidad de empleados públicos por habitante del país (33,1 empleados públicos por cada 1.000), conforme el dictamen número 38 del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el Estado provincial continúa siendo uno de los principales sostenes del empleo formal. El último informe oficial de planta de personal, correspondiente a junio del año pasado, consigna 129.902 agentes: 110.624 de planta permanente y 19.278 contratados.

Si se compara ese número de planta (110.624) con el que surge de las planillas de personal anexas a la Ley de Presupuesto 2026, surge una diferencia de 9.147 agentes, lo que elevaría el número total de cargos a 119.771, incluyendo docentes con horas cátedra. Es probable que parte de esas incorporaciones se haya concretado durante el segundo semestre de 2025, ya que la cifra de cierre de ese año aún no fue difundida, mientras que el resto está previsto para el ejercicio en curso.

En principio, los números sugieren una reversión de la baja registrada entre 2024 y 2025, aunque el artículo séptimo deja claro que el Poder Ejecutivo provincial puede incrementar el total de cargos y horas cátedra de la planta de personal permanente “cuando las necesidades del servicio y las posibilidades financieras del Estado provincial así lo determinen”.

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El interrogante no pasa únicamente por la cantidad de cargos, sino por la evolución de las modalidades temporarias y flexibles. La incógnita es si la expansión proyectada convivirá con un esquema de contrataciones que preserve márgenes de discrecionalidad y menor rigidez presupuestaria.

Desde el oficialismo sostienen que la estrategia apunta a administrar con prudencia los recursos humanos. Las incorporaciones en áreas sensibles —Seguridad, Salud y Justicia a la cabeza— se presentan como respuestas específicas a demandas concretas, sin alterar el equilibrio general del gasto. En un escenario de retracción del empleo privado registrado, el Estado funciona como amortiguador social, pero lo hace “procurando no consolidar estructuras permanentes que luego resulten difíciles de sostener”, dicen en el Panal. Para los gremios, en cambio, esa lógica no supone una mejora estructural, sino que convive con formas de contratación más inestables y con un mayor esfuerzo contributivo que, en los hechos, deteriora las condiciones laborales.

La otra reforma

El conflicto laboral se inscribe en un marco más amplio: la reforma previsional aprobada en diciembre por la Legislatura unicameral. La Ley 11.087 —denominada oficialmente de “Equidad Jubilatoria”— declaró la emergencia del sistema previsional por cinco años y modificó el esquema de aportes personales de los trabajadores activos. La alícuota fija del 4% fue reemplazada por un sistema progresivo según nivel salarial, con porcentajes que pueden alcanzar el 8% en los ingresos más altos.

La norma también introdujo cambios en el aporte solidario de jubilados y pensionados con haberes superiores a $1.890.000, con alícuotas que oscilan entre el 5% y el 20%, de acuerdo con el nivel de ingresos.

El impacto fue inmediato en los salarios de activos y pasivos, y actuó como catalizador del conflicto sindical. Las movilizaciones frente a la Caja de Jubilaciones y Apross derivaron en una estrategia judicial que busca frenar o declarar inconstitucionales los cambios.

El viernes pasado, sindicatos estatales presentaron un amparo colectivo en Tribunales I contra la Ley 11.087, con la intención de que el planteo pueda escalar, de ser necesario, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese contexto, Sergio Castro, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), calificó la situación como “crítica” y advirtió que el aumento de aportes constituye “un nuevo avance regresivo sobre los ingresos y derechos de los trabajadores públicos”. El gremio también viene denunciando despidos, bajas de contratos y deterioro de condiciones laborales en el sector salud.

La disputa ya produjo movimientos en el fuero contencioso-administrativo. Aunque algunos tribunales rechazaron amparos iniciales por considerar que no existía daño actual concreto, en las últimas semanas comenzaron a dictarse resoluciones cautelares en casos particulares. El 12 de febrero, la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación concedió efecto devolutivo —y no suspensivo— a una apelación presentada por la Caja de Jubilaciones en un caso que involucra a jubilados de Epec. En términos prácticos, implica que la discusión de fondo continuará, pero sin que se interrumpan los efectos de la cautelar favorable a los amparistas hasta que haya sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del marco normativo. 

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Conflicto permanente

La combinación de mayor presión previsional y reordenamiento de los esquemas de contratación configura un escenario complejo para el empleo público cordobés.

Para los sindicatos, se trata de una misma lógica: contener el gasto sin recurrir a despidos masivos, trasladando parte del esfuerzo fiscal a través de mayores aportes y de una reorganización laboral cuyos efectos —sostienen— aún no están plenamente definidos.

Desde el Gobierno provincial rechazan esa lectura y sostienen que el sistema previsional arrastraba un déficit estructural que hacía inevitable una intervención para preservar el 82% móvil y garantizar la sostenibilidad del régimen. Las incorporaciones a planta permanente, afirman, forman parte de una política de ordenamiento y fortalecimiento de áreas estratégicas.

El trasfondo es político y económico. Con un mercado privado debilitado y un debate nacional que redefine las reglas laborales, Córdoba ensaya su propio equilibrio: expansión selectiva de la planta, contención del gasto estructural y judicialización del conflicto previsional. ¿Será este modelo una respuesta transitoria a la crisis o es el anticipo de una nueva normalidad laboral?