El escándalo por los asesores de Flores obliga a la Unicameral a reforzar sus controles

En la Legislatura de Córdoba se trabaja en una actualización de los requisitos para la incorporación y permanencia de asistentes legislativos, en medio del impacto político generado por los casos vinculados a colaboradores del peronista Ramón “Cañito” Flores. En paralelo, el legislador Oscar Agost Carreño promueve un sistema de verificación permanente de antecedentes para todo el personal del Poder Legislativo.

El escándalo por los antecedentes y las situaciones judiciales de asesores que prestaban funciones en la Legislatura abrió una discusión sobre los mecanismos de selección y control del personal que incorporan los parlamentarios. Como respuesta, la Secretaría Administrativa de la Unicameral proyecta un nuevo régimen para reforzar las condiciones de contratación y seguimiento de los asistentes legislativos.

La actualización será plasmada en un decreto de la presidencia de la Legislatura y apunta a fortalecer los controles sobre el personal permanente y contratado. El objetivo es que la verificación de antecedentes no quede limitada al momento del ingreso, sino que exista un seguimiento periódico durante la permanencia del trabajador en la cámara.

La medida comenzó a tomar forma luego del cimbronazo provocado por los casos que involucraron a colaboradores de Flores y que derivaron en sus desvinculaciones de la Legislatura, a medida que tomaron estado público sus antecedentes y situaciones judiciales.

Uno de los casos que mayor impacto generó fue el de José Aníbal Ricardo Villarreal, quien fue detenido e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, en el marco de una investigación judicial por hechos que tienen como víctimas a adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco. A esto se sumó un antecedente judicial de 2021, relacionado con una investigación por reducción a la servidumbre y abuso sexual contra una hermana adoptiva de la familia.

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También quedó bajo la lupa la situación de Ariel Alejandro Rodríguez, quien se desempeñó como asesor y registra una condena firme a tres años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de peculado y usurpación. Ambos fueron desvinculados de la Legislatura luego de que se conocieran sus antecedentes y situaciones judiciales.

A partir de estos episodios, el área administrativa de la Unicameral ya dispuso reforzar la actualización de la documentación requerida. Entre las medidas previstas figura la renovación cada seis meses tanto del Certificado de Buena Conducta emitido por la Policía de Córdoba como del Certificado de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia.

Pero la discusión política apunta ahora a ir un paso más allá: establecer un sistema de control permanente sobre quienes trabajan dentro del Poder Legislativo.

Proponen controles cada 15 días

En paralelo al trabajo administrativo de la Unicameral, el legislador Agost Carreño presentó un proyecto para crear un sistema permanente de verificación de antecedentes y situaciones judiciales que alcance a todas las personas que trabajan en la Legislatura.

La iniciativa busca reemplazar el esquema basado principalmente en la presentación periódica de certificados por un sistema institucional que permita consultar de manera frecuente y segura la información disponible en el Registro Nacional de Reincidencia, la Policía de Córdoba, el Poder Judicial provincial y otros organismos competentes.

El mecanismo alcanzaría a todo el personal legislativo: planta permanente y temporaria, autoridades superiores, integrantes de gabinetes, asesores y contratados. El proyecto establece que las verificaciones deberán realizarse con una periodicidad máxima de 15 días y contempla mecanismos de alerta más rápidos cuando los organismos involucrados dispongan de esa posibilidad.

“Los casos que conocimos son gravísimos y naturalmente requieren explicaciones sobre cómo funcionaron los mecanismos de selección y control. Pero tenemos que ir más allá de la polémica y corregir el problema institucional. Un certificado de antecedentes es una fotografía del día en que se emite. Si al día siguiente aparece una imputación o una condena, la Legislatura no puede enterarse seis meses después”, sostuvo el jefe del bloque PRO.

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La propuesta surge luego de que tomaran estado público distintas situaciones judiciales relacionadas con colaboradores de Flores. Además de Villarreal y Rodríguez, se conoció la imputación que, según información periodística, alcanza al ex presidente comunal José Héctor Villegas, en una investigación vinculada con la explotación del trabajo infantil.

El planteo del legislador del PRO busca, de este modo, instalar una discusión en torno a una revisión integral de los mecanismos de control dentro de la Unicameral.

Protocolo de actuación

Agost Carreño remarcó que el sistema no pretende equiparar una denuncia, una imputación o una investigación judicial con una condena firme. Por eso, su proyecto contempla además la creación de un protocolo institucional de actuación que establezca de antemano cómo debe proceder la Legislatura frente a cada situación detectada.

El protocolo debería diferenciar entre condenas firmes, procesos penales en trámite, imputaciones, medidas cautelares y otras situaciones judiciales. También establecería procedimientos específicos frente a delitos contra la integridad sexual, hechos que involucren a niñas, niños y adolescentes, violencia de género, trata y explotación de personas, delitos contra la administración pública y otros hechos graves que puedan resultar incompatibles con determinadas funciones dentro del Poder Legislativo.

“Esto no puede depender de que cada legislador investigue permanentemente a sus asesores ni puede activarse solamente cuando un caso llega a los medios. El control tiene que ser responsabilidad de la Legislatura, con las mismas reglas para el oficialismo y para la oposición”, afirmó.

La discusión plantea así un cambio de lógica: pasar de un sistema basado en certificados presentados en determinados momentos a un mecanismo institucional de monitoreo continuo. En términos políticos, además, busca cerrar uno de los flancos que dejó expuestos el caso de los asesores de Flores: quién controla a las personas que los legisladores incorporan y qué ocurre cuando, una vez contratadas, sus situaciones judiciales cambian.

La reforma del sistema de antecedentes

La propuesta se complementa con otro proyecto impulsado por Agost Carreño en abril para reformar el régimen provincial de antecedentes penales.

Esa iniciativa plantea derogar la Ley Provincial N° 8.691 y utilizar el Registro Nacional de Reincidencia, regulado por la Ley Nacional N° 22.117, como fuente única, centralizada y uniforme de información sobre antecedentes penales.

De esta manera, el debate abierto por los casos de los asesores de Flores comienza a traducirse en dos planos: por un lado, la Legislatura prepara cambios administrativos para reforzar los controles sobre sus contrataciones; por otro, la oposición fogonea una reforma institucional de mayor alcance para redefinir quién debe controlar, con qué frecuencia y bajo qué reglas, a todo el personal que trabaja dentro del Poder Legislativo.