La Legislatura de Córdoba postergó para el lunes 31 de agosto la 14ª sesión ordinaria del año, en una decisión que abrió un nuevo frente de tensión política alrededor del peronista Ramón “Cañito” Flores. Los legisladores del arco opositor recibieron un mensaje enviado a sus celulares con la novedad del aplazamiento del plenario previsto para este miércoles. La oposición halcón interpretó la maniobra como una forma de evitar que el caso de los (ex) asesores de Flores ocupe el centro de la escena en el recinto.
“Para no hablar del legislador Flores. La patean una semanita más”, lanzó una voz opositora. En el oficialismo niegan esa circunstancia. La lectura se instaló rápidamente entre los bloques no oficialistas, que vinculan la postergación con el pedido de licencia presentado por el legislador de Río Seco y con las diferencias que, según distintas fuentes, existen dentro del propio PJ sobre cómo abordar políticamente el caso.
En medio del ruido interno, un opositor sumó más leña al fuego: sin sesión no hay tratamiento de la licencia. Por lo tanto, Flores continuará formalmente como legislador hasta que la Unicameral apruebe su pedido. “Sigue siendo legislador y cobrando hasta el 31 de agosto”, cuestionó el interlocutor con banca, en una crítica que sintetizó el malestar de la oposición.
En los pasillos de la Legislatura circula con fuerza la versión de que la licencia solicitada por Flores no genera consenso dentro del oficialismo. Algunas voces opositoras aseguran que habría legisladores peronistas que “no garantizan quórum” para sesionar porque no están de acuerdo con avalar la licencia.
El caso ya se metió de lleno en la interna del PJ. “No quieren recibir palos en el recinto por Cañito”, resumió una voz de peso en la Unicameral, al explicar la resistencia de algunos oficialistas a quedar expuestos en una discusión que volvió a escalar en las últimas semanas.
Desde el oficialismo, sin embargo, desmienten que exista una fractura alrededor del pedido de licencia. “No es así”, respondió un peronista consultado en los pasillos. “¿Qué cambian unos pocos días de diferencia?”, retrucó, relativizando la decisión de postergar la sesión.
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Más allá de la explicación formal, el clima evidencia que el caso Flores se convirtió en un problema político que comenzó a generar costos para el oficialismo en la Legislatura. La discusión sobre la licencia se da en un contexto muy sensible ante la situación de los dos exasesores José Aníbal Ricardo Villarreal y Ariel Alejandro Rodríguez, que respondían al legislador del PJ y que quedaron bajo la lupa por la gravedad de sus antecedentes judiciales.
Villarreal está detenido e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming en una investigación judicial que tiene como víctimas a tres adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco. A esa grave acusación se le suma un antecedente por los delitos de reducción a la servidumbre y abuso sexual en una causa relacionada con su hermana adoptiva que data de 2021. Por su parte, Rodríguez fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por peculado y usurpación, sentencia que quedó firme.
La UCR insiste con el apartamiento
La oposición radical ya adelantó que no considera suficiente la licencia. Tras los nuevos elementos incorporados a la investigación que lleva adelante la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, los legisladores Brenda Austin y Matías Gvozdenovich endurecieron su postura y reclamaron el apartamiento de Flores de su banca.
El bloque UCR fogonea un proyecto de resolución para pedir la exclusión del legislador por el departamento Río Seco. La iniciativa se apoya en el artículo 99 de la Constitución Provincial y en la causal de “indignidad”, bajo el argumento de que la gravedad de los hechos trasciende a Flores y compromete la imagen institucional del Poder Legislativo.
Desde la bancada radical confirmaron a Perfil Córdoba que insistirán con ese planteo en la sesión del lunes, donde finalmente debería tratarse la licencia solicitada por el peronista. En paralelo, Encuentro Vecinal pidió formalmente la suspensión de Flores. La ofensiva opositora se explica por la sucesión de revelaciones judiciales en torno a sus asesores, que tras el escándalo fueron desvinculados de la Unicameral.
"Si Flores no está imputado corresponde darle la licencia", razonó un oficialista desde una mirada jurídica. "Si la causa toma otro cauce, habrá que reevaluar la situación", completó.
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Dos sesiones en la mira
La postergación también le permite al oficialismo ordenar una agenda legislativa que llega con los tiempos ajustados. Uno de los proyectos prioritarios es la adecuación del Código Procesal Penal Juvenil de Córdoba al nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso nacional.
La reforma debe estar sancionada antes del 5 de septiembre, cuando comenzará a regir la nueva legislación nacional. Entre sus principales cambios aparece la reducción de la edad de imputabilidad, ya que el fuero especializado pasaría a intervenir desde los 14 años.
“Es una reforma muy técnica. Y es un problema del Ejecutivo que se demoraran al filo del vencimiento”, cuestionó un opositor.
Para continuar con el tratamiento, la Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas, convocó para este martes a un nuevo plenario de comisiones con el objetivo de avanzar en el despacho definitivo que debería llegar al recinto el lunes.
La iniciativa presentada por legisladores oficialistas y opositores, que refleja un alto nivel de consenso en torno a un anteproyecto fruto del trabajo técnico de una mesa interinstitucional, modifica y deroga artículos de la Ley 11.035 de Procedimiento Penal Juvenil para adecuarla a la Ley Nacional 27.801 de Régimen Penal Juvenil.
El pliego del juez electoral
La postergación también aparece vinculada, según fuentes legislativas, con el ingreso contrarreloj del pliego de Guillermo Arias como nuevo juez electoral de Córdoba. Arias quedó primero en el orden de mérito del concurso y su designación debe ser remitida por el Ejecutivo para que tome estado parlamentario.
En la Legislatura sostienen que los tiempos no alcanzaban para que el pliego ingresara y fuera tratado en la sesión prevista originalmente para este miércoles. Con la reprogramación, el expediente tomará estado parlamentario el lunes 31, fecha que además coincide con el último día de licencia de la actual jueza electoral, Marta Vidal.
El escenario que se perfila es, por lo tanto, el de dos sesiones durante la próxima semana: la primera, el lunes, con el tratamiento de la licencia de Flores, el avance de la reforma penal juvenil y el ingreso del pliego de Arias; y una segunda, probablemente el miércoles, para avanzar con la designación del nuevo juez electoral. El juecismo ya anticipó su rechazo al pliego de Arias.
De este modo, la Legislatura llegará a la próxima semana con una agenda cargada y dos focos políticos sensibles: la situación de Flores, que genera ruido interno dentro del oficialismo, mientras la oposición reclama su apartamiento del cuerpo, y la designación del nuevo juez electoral, que volverá a poner a prueba los acuerdos entre el PJ y la oposición.
