La guerra de los carpetazos sigue al rojo vivo y abona un martes de máxima tensión

La guerra de los carpetazos escala y amenaza con trasladarse de lleno al recinto de la Unicameral en la sesión ordinaria del martes, después de varios días de fuego cruzado entre el PJ y la UCR por los casos que involucran a asesores detenidos y con antecedentes judiciales.

Antes habrá una instancia de tono diametralmente opuesto: una sesión especial por el 25° aniversario de la última Convención Constituyente de Córdoba, con invitados y señales de “amor y paz”. Una postal institucional antes de que la política vuelva a meterse en el barro.

Son muy pocos los que creen que la espuma vaya a bajar. “Los radicales paloma consideran que hay que bajar la efervescencia porque la pelea en el barro termina dañando a la institución”, deslizó una fuente parlamentaria.

Sin embargo, la temperatura sigue en ascenso. “El PJ anda como con 15 carpetas”, tiró al pasar un interlocutor, en referencia a la búsqueda de antecedentes de asistentes de distintos espacios. “Están buscando en todos lados”, dijo otro opositor. “Tienen a todos buscando antecedentes. O sea, claramente quieren armar barro”, remató. En medio de este clima enrarecido apareció otra frase: “Ahí tenemos un radical más”.

De “Cañito” Flores a Ludueña

El caso de Omar Manuel Ludueña volvió a encender las alarmas y reabrió la herida que dejó el escándalo alrededor del exlegislador Ramón “Cañito” Flores. Ludueña, empleado de planta de la Legislatura y asesor radical asignado al despacho de Alejandra Ferrero, quedó involucrado en una investigación judicial por presunto abuso sexual. Su detención volvió a poner bajo la lupa los controles internos y abrió un nuevo frente político.

El antecedente inmediato es Flores, quien terminó renunciando a su banca tras los escándalos que involucraron a sus colaboradores José Aníbal Ricardo Villarreal, detenido e imputado por delitos contra la integridad sexual, y Ariel Alejandro Rodríguez, con condena por peculado y usurpación.

Ahora, con Ludueña, el escenario se invirtió: el caso golpeó al entorno más próximo de Rodrigo de Loredo y el oficialismo reclamó a la UCR aplicar “la misma vara” que había utilizado contra el peronismo. “Tiene que enfrentar su doble y escurridiza moral”, cuestionó Facundo Torres.

Desde el radicalismo rechazaron la comparación y calificaron la ofensiva del PJ como una “canallada política”, en dichos de Matías Gvozdenovich. “No somos lo mismo”, lanzaron dos opositores de distintas procedencias partidarias. “Esto no es bueno para la institución”, advirtió otro parlamentario no oficialista, preocupado por esta “bomba” en el seno de la propia Legislatura.

El PJ apunta a Ferrero

Entre los aliados de De Loredo entienden que la ofensiva peronista tiene como destinatario político al referente radical y que el ataque se concentra sobre dos dirigentes de su riñón: Ferrero y Elisa Caffaratti.

Cerca de Ferrero aseguran que la legisladora “está tranquila” porque “no hubo encubrimiento, connivencia ni silencio cómplice”. También rechazan la acusación de que tomó licencia al conocer la denuncia contra Ludueña. “Es mentira”, sostienen, al responder a Torres y poner a disposición la factura del 30 de abril, cuando compró los pasajes para el viaje al exterior.

En paralelo, Leonardo Limia endureció el embate y presentó un proyecto de resolución para que Ferrero mantenga su apartamiento de la actividad parlamentaria. “Yo creo que en la ordinaria van a querer tratar el proyecto de Limia”, opinó un opositor que se prepara para la batalla.

“No sé si es estratégico”, contrapuso otra fuente no oficialista, que no logra descifrar si se trata de una jugada individual del dirigente que reporta a Alejandra Vigo —quien pidió la renuncia de la deloredista— o de una maniobra del bloque. De todos modos, no se descarta que el PJ lleve sobre tablas otras iniciativas vinculadas con el conflicto.

“Habrá minutos para el barro”, razonó una voz con experiencia en la rosca legislativa, al recordar que este tipo de planteos sobre tablas necesita dos tercios para habilitar el debate. “Para un apartamiento, el PJ necesita los dos tercios y no los tiene”, afirmó un opositor.

En filas juecistas

El Frente Cívico también cayó en la volteada. El bajo perfil de los juecistas durante el conflicto generó especulaciones alrededor del diálogo que mantuvieron Luis Juez y Martín Llaryora. “No lo conocen a Juez”, cruzó un dirigente del círculo chico del senador. Y recordó: “Con lo de Cañito Flores fuimos contundentes”.

En medio del revuelo de los carpetazos apareció una supuesta denuncia contra un colaborador de Daniel Juez. “La jueza archivó esa denuncia porque no tenía elementos”, aseguró un juecista puro al rechazar la acusación que se ventiló en círculos peronistas. La calificó como “una falsa denuncia” y dijo que el asesor tiene “limpio” el certificado de antecedentes, fechado el 25 de julio.

El juecismo ya se cubrió. Hizo su propio relevamiento de los antecedentes de sus colaboradores. “Tenemos todos los certificados de antecedentes, los nacionales, y ya pedimos los provinciales. No hay nada”, aseguró una voz del Frente Cívico.

Carpetazos, controles y un posible búmeran

Mientras la pelea política escala, la Legislatura intenta reforzar los controles. Los asesores deben presentar los dos certificados de antecedentes —nacional y provincial—, que serán renovados cada seis meses. El legislador Oscar Agost Carreño (PRO) aseveró que esto no resuelve el problema y demandó un cambio de régimen.

Además, la Secretaría Administrativa comenzó a pedir a los empleados el certificado analítico del secundario o una constancia de estudios. El requerimiento cobró relevancia luego de que trascendiera que Ludueña no tenía el secundario completo y había ingresado a planta permanente mediante un concurso.

“Fue un acuerdo político de otra época”, deslizó una fuente. “Se pegaron un tiro en el pie”, agregó otra voz, al advertir que la revisión puede terminar exponiendo decisiones políticas de distintos sectores.

Por su parte, desde la UCR aportan otro dato al fuego cruzado. “Si son más de mil los contratados, los nuestros son 125”, tiró un interlocutor, en una advertencia sobre el posible efecto búmeran de la guerra de los carpetazos.

Otro interlocutor planteó un principio que atraviesa el conflicto: “Si hay asistentes legislativos que están designados y tienen este tipo de denuncias o antecedentes, no pueden permanecer en la Legislatura, sean del palo que sean. No pueden”.

Frente a este escenario, el martes la Unicameral exhibirá dos caras. “Va a haber dos sesiones juntas el martes: la especial, que va a ser en paz, con invitados; y la otra, que va a ser la guerra”, deslizó una voz con banca, al resumir el clima de tensión que atraviesa al recinto por la guerra de los carpetazos.