Lezcano inauguró su gestión con la mira en flagrancias y territorialidad

A 18 días de asumir como fiscal general, Carlos Rubén Lezcano (66) está tomando el pulso del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Conoce en primera persona el Fuero Penal porque desde el 1 de julio de 2003 hasta el 31 de marzo pasado fue juez de Control en la Capital provincial y antes, durante una década, ejerció como abogado penalista. Sabe que es el área más caliente.

Su prioridad hoy es seguir de cerca la implementación de las últimas dos grandes reformas: la creación de las Unidades Fiscales de Flagrancias y el Plan de Territorialidad para las fiscalías de Instrucción en Capital. Tiene su despacho principal en Tribunales I y una oficina en el Polo Judicial de barrio Observatorio, donde se reúne esporádicamente con funcionarios de esa sede.

La semana pasada fue visitado por fiscales civiles, de Quiebras, Familia y del fuero Contencioso Administrativo, donde se plantean derechos que deben ser resguardados por el Estado provincial y se atacan normas como la Ley de Equidad Jubilatoria. Si bien todo es importante, las intervenciones en el Fuero Contencioso y la capacidad operativa de los fiscales de Instrucción en materia penal son los espacios que considera más álgidos.

Sobre el sistema de flagrancias —proyecto en el que interviene el asesor externo Héctor Chayer— ya están los primeros resultados. Trascendió que la cantidad de casos y los tiempos de resolución del primer mes fueron los esperados. El detalle será comunicado oficialmente en los próximos días en forma conjunta con el Tribunal Superior de Justicia. 

Para los fiscales de territorio no sólo es cuestión de números sino de sinergia en el trabajo. No están dispuestos a admitir que se liberen detenidos por flagrancias mientras están imputados en múltiples expedientes. Exigen mantener el criterio de “reiterancia” sobre el cual dio directivas el exfiscal general Delgado.

En cuanto a la territorialidad, hay fiscales que siguen reclamando una mejor distribución porque hay distritos saturados de delincuencia en grandes barriadas. Lezcano señala que él no estuvo ni participó del diseño, por lo que no sabe con qué criterio se hizo. Y, entre sus pares, suele decir “al rengo hay que mirarlo cómo camina para saber dónde cojea”.

Todavía no encaró la reorganización de tareas entre los adjuntos. Hasta que no concluya el Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso —Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro—, Betina Croppi continuará en su puesto. Ella sigue encargada de Violencia Familiar, de Género e Interior. Cuando deje la vacante, recién ahí asumirá Néstor Gómez como adjunto y se completarán todos los cargos con hombres y ninguna mujer. Siguen Héctor David, José Gómez Demmel y Alejandro Pérez Moreno.

Recursos escasos

Lezcano asumió en un contexto de ajuste provincial generalizado, con un presupuesto aprobado y gestionado por el TSJ, del cual dice “no tener idea”. Sí admitió gestiones para incorporar como colaboradores a dos funcionarios públicos, Walter Montenegro y el actual asesor de Silvina Rivero en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, Julio Comello. Este último intervendría en el área de Administración del MPF.

Lezcano se horrorizó con un pedido que encontró en su despacho: el de un funcionario de la Unidad Judicial Móvil de Punilla que no tiene nada, literalmente. Ni medios para movilizarse, ni computadora, ni oficina. No puede acceder al SAC, el sistema de administración de causas. ¿Cómo hace para trabajar?, se pregunta.

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¿Quién intervendrá con los naranjitas no autorizados?

La aprobación de la ley que modificó el Código de Convivencia, regulando la intervención en casos de cuidacoches y limpiavidrios no autorizados, generó ruido entre el Ministerio Público Fiscal y el Gobierno provincial. ¿Quién actuará en los conflictos que se produzcan en la vía pública? La semana venidera habrá una reunión entre la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia.

El problema es claro: si los sumariantes de las unidades judiciales tienen que dedicarse a tramitar expedientes por naranjitas ilegales o limpiavidrios que siguen en las esquinas, no podrán abocarse a otra investigación. ¿Quién hará cumplir la nueva ley?

En paralelo, la Municipalidad —que tiene el poder de policía— tendrá que establecer con nitidez cuáles son las cooperativas que podrán cobrar estacionamiento en las calles, quiénes las integran y qué monto se podrá exigir al conductor del vehículo estacionado. ¿La solución es detener a todos los naranjitas y limpiavidrios, un sector socioeconómico vulnerado? No sería la idea principal del fiscal general.

Una entrevista con definiciones polémicas

La semana pasada se vio en redes sociales una entrevista del abogado Federico Macciocchi, de la organización Club del Derecho, donde el fiscal general Carlos Lezcano citó falsas denuncias en dos casos de abuso sexual donde actuó como juez.

Dice que esas experiencias “lo marcaron” y aclara que no son recientes. Desde la especialización del Fuero de Violencia Familiar y de Género, a él no le tocó intervenir más como juez de Control en ese tipo de expedientes.

Lezcano insiste en que las decisiones de la Justicia deberían estar animadas por el “sentido común”, algo que desde su óptica dejó de ser una realidad. Y explica que debería ser así por la natural “subjetividad” de los operadores judiciales. “Somos humanos y fallamos; puede haber fiscales más extremistas que otros”, advierte.

Desde su criterio, los fiscales de Instrucción no tienen que direccionar las investigaciones en base a la certeza, sino plantear la probabilidad y en esa tarea usar “el sentido común”. “En un juicio, en la Cámara del Crimen, la prueba es la que condena”, añade. A la par, sostiene que “es preferible que haya cien culpables sueltos que un inocente preso”, como lo aprendió en la Facultad de Derecho de juristas como Ricardo Núñez. Aclara que esa perspectiva académica cambió en las últimas décadas.

En realidad, se agravó el fenómeno de la inseguridad y provocó profundas transformaciones en la sociedad y su modo de ver el delito y las penas.

Su pensamiento se expresa en un momento crítico donde se pone en debate la existencia de falsas denuncias, en un cíclico movimiento pendular que incluye el debate jurídico y doctrinario. Lo que debería proceder con investigaciones e imputaciones sobre quienes brindan testimonios falsos, termina en generalizaciones poco constructivas.

Entre los fiscales del fuero penal hay expectativas sobre la gestión. Algunos prefieren esperar para hacer una evaluación luego del rodaje en la función. Otros le atribuyen una gran capacidad de negociación. “Es un componedor”, advierten.
A otros, en cambio, les cayeron pésimo las expresiones de Lezcano en la entrevista que se vio en redes sociales. “Innecesariamente abordó un tema muy sensible y en pleno debate”, apuntó un fiscal a este medio. “El norte es la protección de la mujer, los niños y la víctima, con estrictas garantías a los imputados”, agregó otro.

Numerología

Lezcano tiene muy presente dos fechas de su historia personal. Egresó como abogado de la UNC el 18 de diciembre de 1992. Tenía 33 años. El mismo día, pero de 2025 —33 años después— la Legislatura de Córdoba aprobó sus pliegos para ser designado fiscal general de la Provincia.

El número 33 de la secuencia narrada le remite al significado que tiene en la masonería, de la cual dice conocer poco y nada: es el grado máximo que se puede alcanzar en la organización.