Por primera vez en Córdoba se realizará un juicio político múltiple. Están acusados tres fiscales que instruyeron, a lo largo de 16 años, el crimen de Nora Dalmasso perpetrado el 25 de noviembre de 2006.
La ley que regula el instituto de Jury establece que cada proceso debe tener un solo acusado. En este caso serán tres. El elemento que aúna las acusaciones es el expediente por el homicidio de Nora.
Claves del Jury a los fiscales: un ADN masculino NN y una extensa investigación. ¿Incluyó a Bárzola?
La fiscal general adjunta Bettina Croppi tendrá un rol preponderante por sostener la imputación por presunto mal desempeño y negligencia grave.
La sospecha se hizo patente porque, después de prescripto el delito, un cuarto fiscal, Pablo Jávega, detectó que el ADN del parquetista Roberto Bárzola coincide con las huellas genéticas levantadas del cuerpo y la bata de la víctima, en los albores de la pesquisa. ¿Por qué no lo investigaron a fondo antes?
El nudo gordiano del debate se centra en ese punto: saber si Di Santo, Miralles y Pizarro investigaron o no a Bárzola y por qué no lo sometieron a la pruebas identitarias a pesar de que él se ubicó en el lugar del crimen en horas posteriores a su consumación.

Los primeros testigos serán los miembros de la familia: el viudo Marcelo Macarrón absuelto en el juicio donde llegó acusado del homicidio, los hijos de la víctima, Facundo -quien también estuvo investigado en un momento de la causa- y Valentina. También serán citados el exfiscal general Darío Vezzaro y el último fiscal de instrucción interviniente, Pablo Jávega.
El debate oral y público será presidido por la legisladora Julieta Rinaldi, titular del Jury. Mañana habrá una reunión organizativa entre las partes para coordinar qué días habrá doble jornada y calcular, de acuerdo a la cantidad de testimonios y pruebas a ventilar, cuánto tiempo insumirá el juicio.
Por su parte, cada uno de los fiscales tiene su propio abogado: Javier Di Santo es defendido por la abogada Luciana Caminal; Daniel Miralles, por Daniel Alejandro Hernández, y Luis Pizarro, por Carlos Pajtman.
En 2023 se realizó el último juicio político a un magistrado en Córdoba. El entonces juez civil de primera instancia Francisco Martín Flores fue destituido por mal desempeño y supuesta comisión de delito. Luego fue juzgado en sede penal y condenado a seis años y 2 meses de prisión por violencia de género contra su exesposa.