Manifestaciones en el peaje: La Calera denuncia un sistema injusto y apunta al Gobierno provincial

La Calera volvió a manifestarse contra el peaje ubicado sobre la avenida Ejército Argentino y el reclamo escala hacia el Gobierno provincial, al que señalan como responsable de una definición de fondo. Vecinos, funcionarios y organizaciones locales participaron de una protesta masiva para exigir la eliminación o reubicación de la cabina, en un conflicto que ya lleva tres años.

La movilización, realizada el 17 de abril por la tarde, reunió a más de 500 personas pese a la lluvia. La protesta se enmarca en una serie de reclamos históricos por el costo que implica el paso diario hacia Córdoba y por la falta de caminos alternativos, lo que —según sostienen— genera una barrera entre ambas ciudades.

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El concejal Lucas Larrosa cuestionó la legitimidad del cobro al asegurar que el peaje está ubicado dentro de un tramo urbano. “La raíz de nuestro fundamento es que el peaje se encuentra dentro del radio urbano, con semáforos, reductores de velocidad y paradas de colectivo”, explicó, y agregó que “no está equiparado a cualquier otra cabina de peaje”.

En esa línea, también apuntó contra el destino de los fondos recaudados. “Ese aumento absurdo del costo de la obra en Valle Escondido lo pagan quienes usan la red de acceso a Córdoba en el peaje de La Calera”, afirmó, y cuestionó que los vecinos financien obras que no los benefician directamente. Según plantean, gran parte de lo recaudado se destina a infraestructura en otras localidades como Villa Allende, lo que profundiza el malestar. “Es el extremo de reírnos en la cara”, sostuvo el edil al describir la situación.

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Además, Larrosa remarcó que la ciudad no ha recibido obras significativas por parte de la empresa concesionaria. “La Calera no tiene ninguna obra de relevancia de Camino de las Sierras. Recién el año pasado, fruto de las manifestaciones, pintaron la calzada y mejoraron la señalética”, indicó, al tiempo que señaló que esas intervenciones respondieron más a cuestiones básicas de seguridad vial que a una inversión estructural.

Larrosa remarcó que el conflicto fue abordado en una mesa de diálogo impulsada por el Gobierno provincial, pero denunció que fue interrumpida hace ocho meses. “La solución a este problema es política. Es la decisión del gobernador de reubicar la cabina o eximirnos del pago”, sostuvo.

El reclamo también cuenta con respaldo institucional. El intendente Fernando Rambaldi dispuso acompañar activamente las acciones vecinales, en línea con una ordenanza aprobada por unanimidad que declara la causa como de interés público municipal.