Mariana Wallace cuestiona la baja de imputabilidad y pide más prevención

En un contexto marcado por la polarización política y la exposición mediática de casos graves, la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad y la eventual creación de un nuevo sistema de justicia penal juvenil volvió a ocupar el centro del debate público. En ese escenario, distintas voces advierten sobre los riesgos de reducir una problemática compleja a respuestas punitivas sin un abordaje integral.

Desde una mirada jurídica y académica, Mariana Wallace, jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y profesora de la Universidad Católica de Córdoba, plantea reparos sobre el momento y la forma en la que se reabre la discusión. Wallace aclara que no ejerce como jueza penal juvenil y que su intervención en el tema se da desde su rol como docente y directora de la Sala de Familia y Niñez de esa casa de estudios, donde trabaja de manera específica estas problemáticas. Desde ese lugar, en conversación con Perfil Córdoba aporta una mirada experta sobre los alcances y límites de las reformas en debate.

El contexto político y mediático del debate

—¿Cuál es su primera impresión sobre la reforma que propone el Gobierno nacional en relación con la imputabilidad y la justicia penal juvenil?

—Las novedades nunca son para rechazar. Lo que hubiera sido deseable es un contexto más aquietado. En ninguna disciplina, incluida la penal juvenil, las polarizaciones y la utilización mediática son el escenario más efectivo. Este es un tema que se viene discutiendo desde hace décadas y reaparece en coyunturas que no son propicias para un debate exento de esas tensiones.

—El proyecto que se reflota fue presentado en 2024. ¿Qué evaluación hace de ese punto?

—Ya pasó más de un año y medio desde su presentación. Es un proyecto que no se limita a la edad de responsabilidad penal, sino que también propone mejoras en infraestructura, resocialización, educación y salud. La pregunta que me hago es qué avance concreto tuvieron esas áreas durante este tiempo.

—¿Encontró avances en esos ejes?

—Hubiera sido muy útil ver qué evolución práctica tuvieron los indicadores de delincuencia en edades tempranas cuando hay intervención en educación y salud. Pero, revisando rápidamente, no encontré grandes modificaciones en las políticas públicas de mejora o profundización en esas áreas, que son justamente las que el proyecto menciona.

—Se habla mucho de prevención. ¿Cómo interpreta ese concepto en el proyecto?

—No se trata solo de prevención en abstracto. Estamos hablando de intervenciones concretas frente a hechos típicos ya cometidos. El proyecto menciona la prevención, pero vinculada a la pena, para evitar la reincidencia o disminuir riesgos. Aún sin una ley que baje la edad de responsabilidad penal, nada impide fortalecer hoy estrategias de salud y educación. Eso hubiera sido muy valioso desde el punto de vista de la política pública.

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Edad, responsabilidad y derecho penal

—Desde el derecho, ¿qué edades están en discusión?

—Hay distintas experiencias regionales. En Argentina, como en Cuba, la edad es 16 años. Entre los 16 y los 18 existe una responsabilidad penal relativa, según la entidad del bien jurídico afectado. Hay hechos que no son punibles y otros que sí lo son. Hasta los 16 años no hay responsabilidad penal.

—¿Qué variables analiza el derecho para pensar una modificación?

—El derecho no mira solo estadísticas. También dialoga con la medicina y la sociología. Para que una estrategia funcione, los tres poderes del Estado tienen que estar de acuerdo. No hay política posible sin presupuesto del Legislativo ni sin control del Poder Judicial. Muchas veces estos debates resurgen a partir de hechos fuertemente mediáticos. El proyecto menciona un crecimiento estadístico de delitos cometidos por menores de 18 años, y es cierto que hay un incremento, pero no se lo compara con la evolución de otros delitos cometidos por adultos en el mismo período.

Prevención, sanción y el rol del Estado

Desde su experiencia, Wallace remarca que el foco no debería ponerse exclusivamente en el endurecimiento de las penas, sino en la capacidad del Estado de intervenir de manera temprana y sostenida. “La sociedad que tiene menor índice de delito sostiene que no es la cantidad de la pena, sino la certeza de que va a haber sanción lo que impide que los ciudadanos infrinjan la ley penal”, advierte, y subraya que esa lógica corre tanto para adultos como para jóvenes.

Sin embargo, insiste en que la prevención sigue siendo el eje más eficaz. “Siempre la prevención es superadora de cualquier otro tipo de intervención”, señala, y agrega que esa prevención debe incluir educación, salud y el desarrollo de una capacidad empática con la víctima. En ese sentido, plantea la necesidad de que el sistema penal sea repensado en clave más amplia, incorporando herramientas restaurativas que permitan comprender el daño causado y evitar su repetición.

Wallace también pone el acento en la responsabilidad estatal frente a las trayectorias de vulnerabilidad que atraviesan muchos niños y adolescentes. “El primero que se interesa en el niño va a captar su atención”, afirma, y se pregunta qué presencia llega antes a esos territorios: “¿El que los invita a delinquir o el que los acompaña para ver si tuvieron los controles médicos correctos o si están yendo a la escuela?”.

Para la jueza y docente, ninguna sociedad está exenta del delito, incluso las más consolidadas, pero eso no exime al Estado de diseñar políticas integrales. “Tiene que haber previsto un sistema para dar respuesta a los hechos que ya se han cometido”, aclara, aunque insiste en que sin una base territorial fuerte, preventiva y sostenida en el tiempo, cualquier reforma legal corre el riesgo de quedarse en una respuesta incompleta frente a un problema estructural.