Después de más de 50 años sin modificaciones, el Congreso de la Nación comenzó a debatir en serio la baja de la edad de imputabilidad penal, una iniciativa que podría reducirla de los actuales 16 años a 14, o incluso a 13 o 12, según distintas propuestas impulsadas por el oficialismo. El tema volvió a la agenda tras una serie de crímenes cometidos por adolescentes y genera fuertes cruces entre especialistas, dirigentes políticos y organizaciones sociales.
Un debate que vuelve con posibilidades reales
El exjuez de menores Alberto Crucella, con décadas de experiencia en el fuero, destacó que por primera vez el Congreso aborda el tema con chances concretas de avanzar. “ No importa solo lo que vamos a debatir, lo importante es que finalmente nos vamos a ocupar. Después de medio siglo, el Congreso discutirá el destino de nuestros niños, algo que no se hizo antes porque los proyectos siempre quedaban en la nada”, afirmó en diálogo con Cadena 3.
Crucella consideró que el eje no debe ser ideológico sino práctico y contextual: “No es lo mismo un chico de 15 años de hoy que uno de hace 50 años. Hoy sabe perfectamente distinguir lo malo de lo bueno: matar, robar o violar”.
Desde su mirada, el régimen actual quedó desactualizado frente a los cambios sociales y tecnológicos, y propuso modificar la franja etaria de responsabilidad penal. “Me parece correcto que los delitos graves y violentos cometidos por menores de 14 a 16 años tengan sanción. No hablo de represión, hablo de responsabilidad”, sostuvo.
Más que una edad: el sistema que falta
El exmagistrado advirtió que reducir la edad sin un esquema integral sería insuficiente. “La edad sola no sirve para nada si no está acompañada de un sistema que garantice protección y readaptación”, remarcó, y cuestionó los extremos del debate público.
“Nuestro grave error es que siempre nos vamos a los extremos por cuestiones ideológicas. Pasamos del garantismo puro a descuidar a la víctima o a querer mandarlos a la cárcel común”, señaló. En ese sentido, reclamó institutos adecuados, diferenciados del sistema carcelario adulto, y políticas públicas sostenidas.
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Crucella también apuntó al rol del Poder Ejecutivo nacional y a la falta de recursos asignados. “El señor presidente tendrá que asignar recursos, aunque le guste decir que "no hay plata". Si no hay presupuesto, no se va a lograr nada, porque para completar la baja de imputabilidad hace falta un régimen de protección", advirtió a Cadena 3.
En ese escenario, la discusión ya no gira solo en torno a un número, sino a qué modelo de responsabilidad penal juvenil está dispuesto a construir el Estado. Como sintetizó Crucella, el desafío no es solo sancionar, sino decidir si el sistema será capaz de ofrecer una verdadera oportunidad de recuperación.
