“No soy narcotraficante, soy pirata del asfalto”: la confesión de Juan Viarnes en 2013

A sus 66 años, Juan Francisco ‘el Francés’ Viarnes terminó su vida acribillado en Florencio Varela, en el conurbano bonaerense: un epílogo trágico conteste con su derrotero criminal confeso. No le bastó estar detenido innumerables veces; ser condenado; estafar y ser descubierto; mentir sobre su identidad al punto de resultar indescifrable; fugarse a Paraguay antes de ser juzgado en Córdoba, y ser extraditado de ese país. Regresar. Nunca se recuperó del delito. Reincidió constantemente. 

Cayó un pastor evangélico y dos mujeres por el asesinato de "El Francés" Viarnes, el estafador que destapó el narcoescándalo de Córdoba

De todo eso fue consciente y puedo dar testimonio directo porque me lo dijo y explicó sin rodeos en una entrevista que le hice en 2013, a propósito de sus revelaciones sobre lo que se denominó el “narcoescándalo de la Policía de Córdoba”. 

Como periodista judicial de más de 30 años de experiencia en tribunales, fue el único imputado a quien escuché definirse delincuente. Todos, salvo él, sostienen su inocencia o eluden sus eventuales responsabilidades, aún con condenas firmes. Nadie dice “soy culpable”. Menos los estafadores, como Viarnes.  

Aún antes del rosario de condenas que le cayeron encima me dijo: “No soy narcotraficante, soy pirata del asfalto”. Fue el modo con el que eligió despegarse de quien —en aquel momento— era jefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, Rafael Sosa. Todos a los que él señaló fueron condenados por armar causas narco plantando drogas. 

Su confesión, su “arrepentimiento”, permitieron encontrar la punta del ovillo. Declaró como imputado arrepentido generando uno de los expedientes judiciales más impactantes que erosionaron el poder político que construyó y mantuvo el exgobernador José Manuel de la Sota. Una década después Viarnes también recibió condena de prisión efectiva.

Lo entrevisté una fría mañana, a mediados de 2013. Él había decidido salir a la palestra pública, había concedido notas a otros periodistas para exponer lo que sabía de Sosa y su gente. 

Fui a la casa que alquilaba en la calle Barros Pazos al 3.500, muy cerca del Parque de las Naciones, en el barrio Urca de la ciudad de Córdoba. Tenía custodia policial. Me recibió en el living, escueto de adornos, con grandes sillones. El diálogo —en tono verborrágico— duró un par de horas. Recorrió su vida criminal, me contó que supo del secuestro del joven correntino Cristian Shaerer —hijo de un exfuncionario de esa provincia, desaparecido en 2003 y de quien nada se sabe hasta el día de hoy—. 

Quiso que  me quedara clara una idea: él no tenía trato con la droga, no consumía ni comercializaba. Y solo había sido un “agente infiltrado” para detectar bandas narco. Ese fue el pecado original de Sosa y sus hombres: confiar en alguien que los traicionaría.

Viarnes había caído preso por una investigación de falsificación de dólares y por pagar un auto que compraba con los billetes apócrifos. Sintió que los policías para los cuales trabajaba como buchón, le soltaron la mano y decidió hablar. 

Sabía mucho pero era difícil descifrar qué era verdad y qué era mentira. La secuencia judicial indica que finalmente Rafael Sosa y otros tres jefes policiales fueron condenados por las irregularidades en procedimientos de narcotráfico. 

El final de la vida de Viarnes se parece demasiado a cómo se autodefinió en 2013. La hipótesis de los investigadores bonaerenses sobre su asesinato apuntan a presuntas deudas que habrían motivado un ajuste de cuentas.

La otra pista se vincula a un episodio ocurrido en diciembre pasado de piratas del asfalto: el robo a un camión cargado de mercadería y de unos $20 millones, la “especialidad” de Viarnes.

Por ese hecho, fue detenido y liberado pocos días después. La causa quedó radicada en la UFI 4 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Nicolás Espejo.

El viernes pasado fueron detenidos un pastor evangélico y dos mujeres como presuntos autores o partícipes del crimen de ‘El Francés’. Su cuerpo apareció en un descampado con seis balazos, uno impactó en la aorta. 

Estiman que la data de la muerte se ubica entre el viernes 10 de enero y el día siguiente, cuando fue encontrado en el descampado. 

Una hecatombe que De la Sota supo cómo encauzar y capitalizar

En 2013, cuando estalló el Narcoescándalo, De la Sota salió airoso de la hecatombe, como hábil político. De reflejo rápido, disolvió la división Drogas Peligrosas de la Policía y decidió crear una fuerza especial, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Se sumó a un fuero judicial especial para investigar el narcomenudeo. 

Sacó la gestión represiva en materia narco de la Policía —que responde al Poder Ejecutivo— y la depositó en el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial. 

El movimiento coincidió con el gran debate, aún no clausurado, a nivel nacional sobre la desfederalización de la investigación de narcomenudeo, la transa de drogas de escasas cantidades. Diferenciando los últimos eslabones, en teoría el fuero extraordinario quedaría en mejores condiciones para dedicarse de lleno a investigar el crimen organizado.

La desfederalización y la disolución de Drogas Peligrosas tuvo efectos colaterales. De pronto, la Justicia Federal de Córdoba se quedó sin policías para investigar el narcotráfico en territorio provincial, un remezón que motivó una caída estrepitosa de expedientes en el fuero extraordinario.

Hasta el presente, la FPA y el fuero de narcotráfico son pilares no solo para la Justicia Provincial sino también para los gobiernos que sucedieron al delasotismo. 

En la actualidad, según pudo saber Perfil CÓRDOBA, la política criminal de narcotráfico es una de las especiales recomendaciones que hizo el gobernador Martín Llaryora al futuro fiscal general, Carlos Rubén Lescano, cuando le ofreció el puesto a fines del año pasado. Al parecer, hubo promesas de más recursos. 

La respuesta política que encontró De la Sota al escándalo de 2013, una década después sigue rindiendo frutos a la política vernácula