Provincia activa manual de intervención para frenar caída de familias y pymes y reaviva debate fiscal con Nación

Mientras el Gobierno nacional sostiene que el sobreendeudamiento familiar y la asfixia del consumo son estrictamente 'un problema entre privados' sin espacio para la intervención estatal, la provincia de Córdoba ha decidido patear el tablero. En los últimos días, el gobernador Martín Llaryora y su ministro de Economía, Guillermo Acosta, estructuraron un paquete de medidas contracíclicas de fuerte impacto financiero y tributario. La premisa es clara: ante una recesión que golpea directamente los bolsillos, la Provincia utiliza su banca pública y sus herramientas fiscales para amortiguar el impacto social.

Asistencia para deudores

El corazón de este paquete es 'Alivio Cordobés'. El diagnóstico provincial es preocupante: hay 3,8 millones de cuentas de personas físicas en Córdoba y 738.000 están en mora. El proyecto de ley aprobado por la Legislatura busca rescatar a más de 250.000 endeudados.

Los beneficiarios elegibles son aquellos residentes con al menos dos años de antigüedad que estén clasificados en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del BCRA al 31 de julio de 2026, y cuyos ingresos familiares no superen los 10 salarios mínimos (aproximadamente $3,7 millones).

La medida unifica deudas corrientes (tarjetas y préstamos personales) en una cuota previsible a plazos de entre 24 y 48 meses. Lo más disruptivo es el tope de la Tasa Nominal Anual (TNA) en 35%, la mitad del mercado (que promedia el 70%). Para viabilizar este esquema sin forzar pérdidas en las entidades, la Provincia otorga una alícuota del 0% en Ingresos Brutos sobre los intereses de estas refinanciaciones.

Aire para góndolas y PyMEs

En paralelo, la Provincia activó 'Córdoba Impulsa' desde el 1° de septiembre. Este programa ataca la retracción del consumo cotidiano y la sequía de capital de trabajo en el comercio local. Por un lado, introduce 'Cuotazas': 6 cuotas sin interés con la tarjeta Cordobesa en más de 400 supermercados y farmacias. Por otro lado, asiste al comercio con una línea de $20.000 millones de Bancor que otorga hasta $10 millones por comercio para capital de trabajo (salarios o stock). El financiamiento cuenta con plazos de hasta 36 meses y una tasa final del 33% TNA, subsidiada en 4 puntos por la Provincia frente al 37%-38% del mercado.

Nueva Ley de Promoción Industrial

El tercer pilar se enfoca en la competitividad estructural. En el Día de la Industria, Llaryora presentó el proyecto de Ley de Promoción Industrial Unificada, que funde y moderniza cuatro normas de los años 70 que generaban superposición burocrática. Para las PyMEs industriales, la novedad es la ampliación del Régimen Simplificado: el techo de facturación anual para acceder al beneficio de 'Ingresos Brutos Cero' (exención de IIBB) se eleva a $4.500 millones. Para ingresar, las empresas deben comprometerse a realizar una inversión en activos fijos equivalente o superior al 1,20% de su base imponible de IIBB del ejercicio anterior. Con un mecanismo digital de aprobación provisoria automática, se eliminan las demoras en los trámites.

Para inversiones de mayor envergadura, el Régimen General ofrece exenciones impositivas de hasta 10 años (ampliables a 15 años en parques industriales o zonas postergadas del noroeste y sur provincial) sobre IIBB, Sellos e Inmobiliario, sumado a un subsidio estatal de un Salario Mínimo por cada nuevo empleo generado por un año.

“Nosotros nos quejábamos un poco internamente porque decíamos: ‘Che, la ley de promoción industrial anterior, las empresas no hacían el trámite como correspondía’. Y había empresas que pagaban Ingresos Brutos cuando no lo tenían que hacer. Justamente porque contablemente no todas las empresas están ahí metidas en cada tema para tratar de sacar el máximo rendimiento de las herramientas existentes”, analizó un industrial con planta fabril en el interior de Córdoba.

Y agregó: “En esta ley de promoción actual vos podés ingresar por facturación: si facturás menos de $4.500 millones te toca la ley, la alícuota cero para la actividad industrial. Lo que tenés que hacer es cerrarla nueva todos los años, porque todos los años hay que ver si facturás el año anterior o si no entrás por un porcentaje, por el valor residual o por inversión”.

Para el empresario, allí está una de las diferencias importantes respecto de la legislación anterior. “El resultado en esto es que seguramente todas las pymes que por ahí no están tan metidas en la cuestión administrativa van a poder acogerse a la ley de promoción industrial y no pagar la alícuota de Ingresos Brutos. Y las más chicas son las que más necesitan esto”, sostuvo.

¿Cuánto cuesta la 'receta cordobesa'?

Desplegar este blindaje tiene un costo real. El Plan de Reducción de Impuestos diseñado por Acosta para el Presupuesto 2026 contempla un costo fiscal global superior a los $900.000 millones (que de acuerdo a estimaciones oficiales se eleva hasta el billón de pesos, unos USD 600 millones).

El ministro Acosta argumentó que la reducción impositiva incrementa la competitividad, genera empleo y estimula el consumo, expandiendo la base imponible en el mediano plazo. El costo del 'Alivio Cordobés' y la tasa del 'Córdoba Impulsa' es absorbido en gran parte por los márgenes de Bancor, con un impacto controlado para el Tesoro. En el 'Ingresos Brutos Cero' industrial, la pérdida de recaudación inmediata se neutraliza con la obligación de las PyMEs de reinvertir el 1,20% de sus ingresos en activos fijos locales.

Frente al bisturí seco del ajuste fiscal nacional, Córdoba ensaya un camino alternativo, un fuerte activismo público articulado con el sector privado. El debate sobre la sostenibilidad de esta brecha de modelos está abierto y habrá que seguir de cerca los números de esta pulseada fiscal.