—¿Cuál es el dato más significativo sobre la adhesión a la nueva ley del régimen penal juvenil?
—Nación tiene la potestad de lo que se llaman las leyes de fondo como los códigos penales, el Código Civil. Las provincias debemos acatar esos códigos, pero dictar nuestras normas de procedimiento. La Nación dice: “Mire, esto es así, el delito es tal, tiene tanta pérdida” y la provincia debe decir cómo lo va a implementar. Eso se llaman las leyes de procedimiento. Córdoba hizo eso en la última sesión. ¿Qué es lo que modifica Córdoba? El año pasado ya había sancionado —a raíz de distintos casos complejos que tuvimos en la provincia—, una ley de procedimiento, aun cuando la legislación nacional todavía no estaba ni siquiera en discusión. Por lo tanto, tenemos muchas cosas avanzadas. ¿Qué es lo que cambia? Adaptar que la ley de punibilidad que fija Nación ahora es a los 14 años y que también fija un sistema de penas para determinados delitos graves y fija una escala penal que tienen esos delitos para los jóvenes que delinquen. Córdoba se reserva algo que nosotros venimos implementando, las medidas socio-educativas. Todo joven que comete una infracción o que esté en el marco del delito, debe tener una consecuencia y esa consecuencia no debe ser siempre o no puede ser siempre la privación de la libertad. Esas medidas socio-educativas, socio-comportamentales que se llaman, tienen que tener una duración equis y después los jueces en la audiencia de imposición de penas pueden decir, “con esta medida alcanza o vamos a imponer otra pena”. En ese proceso intervienen los fiscales, los defensores, asesores, y una cosa muy importante que sí se incorporó ahora en esta reforma y a mí me parece central, es la palabra, la voz de la víctima, en consonancia con la ley Joaquín que se sancionó hace poco aquí. La Provincia se aggiorna con Nación, pero mantiene un equilibrio, que es salir de la discusión facilista entre el garantismo y el punitivismo. Hacer un equilibrio en donde todo hecho que va contrario a la normativa tiene que tener una consecuencia. Esa consecuencia debe servir para que el joven tome conciencia, se responsabilice, sea tratado adecuadamente y vuelva a la reintegración social en mejores condiciones.
—La ley nacional establece la edad en 14 años pero hay una diferenciación entre 14 y 16 años y menores de 16 a 18. ¿De qué manera se va a implementar la ley en Córdoba, procedimentalmente?
—Por eso traje a colación que el año pasado Córdoba había sancionado ya una legislación procedimental, que incluyó en ese momento a los jóvenes entre 14 y 16 con delitos graves. En ese momento dispusimos un espacio diferenciado de los jóvenes de más de 16 años. Córdoba era la única provincia que tenía datos objetivos cuando esto se discutió nacionalmente. Nosotros sabemos que el año pasado por delitos graves que son los que contempla la misma ley nacional, en el Complejo Esperanza transitaron 27 jóvenes por disposición de la justicia en todo el 2025, que es cuando se sancionó nuestro Código de Procedimiento y que ahora se reformó. Córdoba ya tiene un dispositivo diferenciado en el marco del Complejo Esperanza.
—¿Va a continuar la articulación con la Senaf y también con organizaciones no gubernamentales para asistir en situaciones complicadas?
—Absolutamente, de hecho en Córdoba, no así en todo del país, el régimen penal juvenil está bajo la órbita de la Senaf. Nosotros articulamos con muchas instituciones, organizaciones sociales que vienen trabajando. De hecho uno de los programas más importantes que tenemos de reintegración social lo hacemos con escuelas ocurrentes y ha tenido un resultado tremendo, que es la reinserción laboral de los jóvenes que han cometido algún delito y a partir de la presencia de ese programa, los jóvenes que participan en ese programa, que hoy estamos en más de 60, el nivel de reincidencia ha sido ínfimo, por lo tanto sin lugar a duda nosotros valoramos este esfuerzo entre la sociedad civil y los tres poderes del Estado.
