“Todos somos Agostina”, dice Fernanda Alaniz. Lo afirma una y otra vez a lo largo de la entrevista para poner en valor el trabajo que implicó la presentación de un proyecto para dar forma a la “Ley Agostina”, una iniciativa que busca contemplar todas las fallas del sistema, que no logró detectar las señales de alarma que atravesó Agostina Vega, de 14 años, incluyendo cuestiones familiares y ligadas a la escuela e institucionales.
La abogada de Gabriel Vega, papá de Agostina, sostiene que “la ley cubre todas las problemáticas que tuvo Agostina a lo largo de su vida. Todas las falencias y las carencias que tuvo el sistema. Cada eje parte de las necesidades que ella tuvo, de todas las alertas que no se supieron detectar o que, si se detectaron, no se acudió donde tenía que acudirse”.
Agostina fue asesinada hace poco más de tres meses a manos de Claudio Barrelier, de 34 años. Actualmente se encuentra bajo prisión preventiva, imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y violencia de género. El delito que prevé la pena de prisión perpetua.
Así como los asesinatos de Candela Sol Rodríguez y Lucio Dupuy impulsaron cambios legislativos para corregir las fallas que sus casos dejaron expuestas, la familia de Agostina busca que su historia también transforme el sistema. Pero, a diferencia de otras normas que abordan aspectos puntuales, la Ley Agostina reúne en un mismo proyecto todas las instancias en las que el Estado puede intervenir: desde la prevención y la detección temprana de potenciales peligros, hasta la protección y el seguimiento de niños y adolescentes en situación de riesgo.
“Hay proyectos que abarcan estas situaciones por separado, pero nosotros quisimos reunirloas en una sola ley porque entendemos que todas esas fallas formaron parte de la vida de Agostina”, explicó la abogada.
Con esa premisa, Vega presentó en la Unicameral la iniciativa que propone crear un sistema integral de prevención, detección e intervención frente a situaciones de vulnerabilidad que involucren a niños, niñas y adolescentes. El proyecto fue elaborado durante casi tres meses por el padre de la adolescente; los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torriani; Dolores Barrionuevo, psicóloga y esposa de Vega, y especialistas en infancia, a partir del análisis del expediente judicial y de cada una de las instancias en las que, entienden, el Estado pudo (y debió) haber actuado.
La propuesta comenzó a gestarse a mediados de junio, mientras el equipo jurídico estudiaba la causa. “Empezó como una idea cuando estábamos trabajando con Gabriel en el expediente. Armé un esquema, se lo mostré y desde ese momento empezamos a desarrollarlo hasta llegar al proyecto definitivo, que ya presentamos en la Legislatura y también acercamos a la vicegobernadora y al ministro Julián López”, asegura Alaniz.
Cabe destacar que, hasta el momento, no se aprobó ninguna ley mediante iniciativa popular en Argentina.
Qué cambiaría con la Ley Agostina
La iniciativa no se limita a crear un nuevo programa, sino que reorganiza la respuesta del Estado frente a situaciones de vulnerabilidad. El proyecto establece que, ante indicadores objetivos de riesgo, deberán activarse mecanismos de alerta temprana e intervención inmediata para evitar que los casos queden sin seguimiento. También reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a pedir ayuda y ser escuchados, aun cuando no estén acompañados por un adulto.
Entre sus principales medidas incorpora la creación de la Línea Agostina, un canal gratuito, confidencial y disponible las 24 horas mediante teléfono, aplicación, mensajería y plataformas digitales para que chicos y adolescentes puedan comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros y acceder al sistema de protección.
En las escuelas propone el “Programa Agostina”, con formación preventiva sobre grooming, abuso, trata, violencia, consumos problemáticos, salud mental, autolesiones, riesgo suicida y seguridad digital. Además, establece protocolos obligatorios frente a ausentismo reiterado, cambios de conducta, violencia, abuso, grooming y otras señales de vulnerabilidad, junto con la creación de “Gabinetes Agostina”, equipos interdisciplinarios destinados a escuchar, orientar, evaluar y derivar cada situación al organismo correspondiente.
El proyecto también prevé la actuación inmediata ante la desaparición de un menor, sin exigir el transcurso de horas para iniciar la búsqueda; protocolos de protección en clubes e instituciones deportivas; intervenciones interdisciplinarias frente a consumos problemáticos; mecanismos de comunicación entre la Justicia y los organismos de protección cuando existan indicadores de riesgo; un registro provincial de restricciones judiciales de contacto con menores; un sistema permanente de evaluación mediante estadísticas anonimizadas y la articulación entre Senaf, Educación, Salud, Justicia, el Ministerio Público Fiscal y los municipios. Además, complementa la Ley Lucio, fortaleciendo la respuesta estatal una vez detectada una situación de vulnerabilidad.
“Que los docentes vuelvan a enseñar”
Alaniz sostiene que actualmente la detección de situaciones de vulnerabilidad termina recayendo casi exclusivamente sobre los docentes, sin el acompañamiento de equipos especializados: “Lo que nosotros hacemos, sobre todo en las escuelas, es utilizar los gabinetes que tendrían que existir hace muchos años para que se ocupen de las situaciones reales, de las problemáticas y de las alertas de vulnerabilidad. También queremos despegar a los docentes de esa obligación exclusiva que hoy recae sobre ellos. Ellos tienen que poder ejercer su verdadero rol, que es enseñar. Muchas veces la escuela no está pudiendo enseñar porque los docentes tienen que estar permanentemente atentos a este tipo de situaciones y aun así no alcanza. Queremos ‘Gabinetes Agostina’ dedicados exclusivamente a la detección y la prevención”.
La propuesta también crea una herramienta para que los propios chicos puedan pedir ayuda sin depender de un adulto. “Hoy muchas veces un niño está en una situación de peligro y, si no va acompañado por un adulto, no puede realizar ningún tipo de denuncia o directamente no es escuchado. Nosotros planteamos también el derecho a pedir ayuda y que los niños puedan acceder a la Justicia por ese mecanismo”, sostuvo.
Buena recepción al proyecto
Fernanda Alaniz aseguró que el proyecto denominado “Ley Agostina” recibió una buena recepción tras las primeras reuniones que mantuvieron con funcionarios provinciales y confía en que logre el respaldo político necesario para avanzar en la Legislatura. “Creemos que va a llegar a buen puerto. Tiene que entrar en debate y seguramente habrá ajustes, pero sentimos que existe una necesidad muy grande de cambiar la forma en que el Estado responde cuando un niño pide ayuda. Esa necesidad es la que finalmente va a convertir este proyecto en ley”, dijo Alaniz.
