Sociedad contradictoria: piden cárcel para los menores, pero aplauden a ladrones de guante blanco

Entre las muchas contradicciones que tenemos como sociedad, algunas pasan un tanto desapercibidas. Si bien los seres humanos caemos con frecuencias en muchas de ellas, éstas suelen quedar en el ámbito de lo privado, de lo íntimo, no mucho más que eso. Lo preocupante es cuando esas contradicciones terminan siendo propias de casi todo un colectivo social y aunque muchas veces no tienen trascendencia o son irrelevantes, otras en cambio, manifiestan un grado de contradicción, casi diría, imperdonable.

Si bien esto claramente está dentro del campo de la psicología y es saludable que, quienes somos neófitos en la materia, dejemos este análisis a los especialistas, me permito remitir a una de esas contradicciones que está ausente en el debate público y que tiene que ver con el título de esta nota. ¿Porque pedimos cárcel para un pibe sin el más mínimo análisis de las circunstancias e historias que lo llevaron a la comisión de un delito, pero no dudamos en acompañar, votar, admirar a ladrones de guantes blancos a sabiendas que lo son? Imperdonable por donde se lo analice.

Un interesante desafío para los psicólogos, y un deber ineludible para la dirigencia honesta: “poner esto sobre la mesa”, “blanco sobre negro cuando no caben los grises”. Es justo y necesario reconocer que la sanción de la Ley 27.801 de Régimen penal juvenil, trajo alivio a las familias de las víctimas de delitos en manos de menores. Es lógico, legítimo y entendible su posición al respecto. Aquí estamos todos de acuerdo.
No obstante, queda para quienes no vivimos esas trágicas y dolorosas situaciones un análisis diferente.

Le propongo al lector comenzar por un interrogante: ¿Creemos realmente que un pibe que crece en ámbitos amigables, que estudia, practica deportes, disfruta de sus amigos, duerme tranquilo, come calentito y ve llover desde adentro va a cometer un delito? Definitivamente no, pero si vamos a la realidad donde 6 de cada 10 niños son pobres, muchos de ellos indigentes, que no encuadran dentro del modelo antes mencionado, pibes que no ven un horizonte seguro, abandónicos de sus estudios, de extrema vulnerabilidad, que cuando duele el estómago de hambre es el paco quien se lo quita, que seguro tienen miedo, y muchas veces terminan en la calle porque donde viven se parece mucho al infierno.

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No hay escuelas, no hay hogar, no hay recreación y su salida o proyecto es solo la esquina donde están los transas con el veneno de la droga que seguro un ladrón de guantes blancos dejo entrar. La brutal desigualdad social, el crecimiento sostenido del narcotráfico, los elevados índices de familias monoparentales, madres solas, sin instrucción, con ingresos precarios y cuatro o cinco hijos que ya nacen con un destino marcado por la pobreza y la marginalidad.

Funcionarios, en el centro de la escena

Vayamos ahora al segundo interrogante. ¿Porque levantamos prontamente el dedo acusador con un pibe en esas condiciones, pero miramos para otro lado cuando sabemos del enriquecimiento que no pueden justificar muchos funcionarios?

Comencemos con un análisis muy simple y que seguro nos llevara de inmediato a una respuesta acertada. Aclaro que siempre hablo en términos generales, con la convicción y conocimiento que, por suerte, hay valiosas y honrosas excepciones. En términos generales, los funcionarios públicos, más aun los que tienen una larga trayectoria en la gestión tienen un estándar de vida interesante, diría casi envidiable. Podríamos decir sin temor a equivocarnos “una vida de lujo”.

Algunos vienen ya con herencia también cosechada en la función pública. Otros están en proceso de lograrla. Vamos primero con la pregunta, después viene la consigna. ¿es posible que viviendo durante años de la función pública se pueda amasar una fortuna cuando en el mejor de los casos esos sueldos oscilan entre los 7 y 11 millones de pesos? Hablando de altos cargos, presidente, ministro, gobernador, diputados, secretarios, jueces, directores etc.

Veamos entonces cuánto se gasta en una vida acomodada o de lujo a la que la gran mayoría aspira y logra ingresar. Pero sin ponernos ex extremo exigentes, vamos con los gastos corrientes: expensas de un country de gama media: entre 1.300.000 y 1.800.000; seguro por cada auto de alta gama 400.000 y 600.000, (suele haber rodados menores motos, cuatrimotor, lanchas, etc.); cobertura médica pre-paga premium entre 600.000 y 800.000 por miembro familiar; colegio privado por hijo entre 500.000 y 800.000; cuotas de socios en clubes sociales y deportivos (tenis, golf, futbol, gimnasias, etc.). Listo: se terminó el sueldo. Faltan servicios, movilidad, empleados en la vivienda, indumentaria, recreación familiar, terapias, alimentos, una cava respetable, viajes y la mar en coche. No alcanza ni para empezar.

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Además ¿cómo es que pueden tener varios inmuebles, autos de colección, caballos de carrera, y en muchos casos algunas has de campo? ¿Cómo se logra eso? Un sueldo de funcionario con familia tipo, alcanza para vivir de manera cómoda, casi sin sobresaltos, de vez en cuando un viajecito, buenos autos y punto.

A esta altura el lector ya tiene la respuesta. Una práctica ciudadana saludable, aunque inusual, es hacer un seguimiento de los funcionarios: dónde y cómo vivían entes, a que se dedicaban, y cómo, dónde y qué vida llevan después de ingresar a la gestión.

No todos, pero sí muchos han cambiado sustancialmente su estilo de vida. Frente a tantas indecorosas y no recomendadas prácticas surge indefectiblemente la comparación que debiera avergonzar a muchos. Aquel expresidente de la Nación al que muchos mencionan pero pocos imitan. Aquel que fue sacado por la fuerza de la casa de gobierno y al llegar a los umbrales sólo tenía una sencilla vivienda en Cruz del Eje. Aquel que por razones éticas y republicanas se negó a percibir la jubilación de expresidente. Aquel que salió de la casa de gobierno con menos patrimonio del que tenía al entrar en ella.

(*) Ex senadora provincial – Ex diputada nacional