La confesión de Videla

Uno debería pensar que, cuando decidieron tomar el poder, el 24 de marzo de 1976, los militares ya habían definido qué harían con los prisioneros considerados “irrecuperables”. Sin embargo, sostiene Jorge Rafael Videla que tanto él como sus colegas de la Junta Militar, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, protagonizaron el golpe sin saber bien qué hacer con esas miles de personas.

—Nosotros no tomamos esa decisión antes del golpe sino cuando se nos presentó el problema de qué hacer con esa gente que no podía ser fusilada públicamente ni tampoco podía ser condenada judicialmente. Entramos a la guerra sin saber qué hacer con todas las personas que eran el costo necesario para ganar la guerra. La solución fue apareciendo de una manera espontánea, con los casos de desaparecidos que se fueron dando. Casos espontáneos, pero que no eran decididos por un joven oficial recién recibido; no, casos que eran ordenados por un capitán que, a su vez, recibía la orden del jefe de la brigada que, a su vez, recibía la orden del comandante o jefe de Zona.

Y agrega que, en realidad, “era una figura que venía de los gobiernos anteriores, del gobierno peronista, por ejemplo”, en especial luego de los decretos firmados durante el interinato del senador Ítalo Argentino Luder, a principios de octubre de 1975.

El exministro del Interior Albano Harguindeguy coincide con Videla: asegura que irrumpieron en la Casa Rosada con “el plan de vencer a la subversión”, un objetivo para el cual no contaban con “los elementos suficientes para combatirla ajustados a la ley”, aunque sostiene que podrían haber reimplantado la legislación específica, contra la guerrilla, del gobierno del general Alejandro Lanusse.

Según Harguindeguy, “cometimos un grave error al lanzar la guerra contra la subversión en términos militares sin tener elementos suficientes para combatirla. A los montoneros les pasó lo mismo. El Código de Justicia Militar de Montoneros entró en vigencia recién el 1° de enero de 1976. ¿Qué significa no tener los medios? No teníamos los instrumentos legales para detener a un individuo, interrogarlo, pasarlo a un campo de prisioneros o demás; no los teníamos, y entonces, ¿qué quedaba? Y bueno, una de las cosas que quedaban era la desaparición. Aparte de los que caían en combate, otros desaparecían… ¡Si nosotros hubiésemos tenido claridad, clarividencia para ver las consecuencias que podían tener las operaciones como se venían realizando! Porque esto no empezó con nosotros… Empezó con el gobierno constitucional, decretos y directivas del Estado Mayor del Ejército de por medio. Teníamos códigos (leyes) muy estrictos. Si hubiésemos reimplantado la legislación que estaba toda hecha y que se había derogado el 26 de mayo de 1973… ¡No teníamos nada! Hubo mucha lucha por izquierda”.

De acuerdo con sus verdugos, esos miles de prisioneros que eran “irrecuperables” no podían ser fusilados ni derivados a la Justicia ni, mucho menos, liberados porque volverían a tomar las armas o a cuestionar o enfrentar a la dictadura ya que el concepto de “subversión” que utilizaban los jefes militares era amplio, elástico, discrecional: no se limitaba a quienes habían tomado las armas.

La confesión de Videla sobre la falta de previsión sobre qué hacer con los detenidos es sorprendente. Salvando las distancias históricas y sin pretender una analogía entre los desaparecidos argentinos y el genocidio nazi, tampoco el régimen de Adolf Hitler supo qué hacer con los judíos hasta 1942, tres años después de la invasión a Polonia que provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y cuando la expansión alemana experimentaba los primeros “percances”.

Los nazis consideraban a los judíos un “obstáculo” en la “inevitable” supremacía de la raza aria, pero no habían definido qué hacer con ellos, cómo remover o solucionar ese “problema”.  Al principio, forzaron la emigración masiva de judíos a otros países, pero el 20 de enero de 1942, en una mansión a orillas del lago Wannsee, al sur de Berlín, quince jerarcas de la dictadura debatieron durante dos horas “una solución completa, final, a la cuestión judía en los territorios bajo control alemán”, según explicó el general Reinhard Heydrich al inicio de la suntuosa comida. La “solución final” que encontraron provocó la muerte de seis millones de personas en cámaras de gas. Hubo algunos participantes que estuvieron en contra hasta que al final cedieron, como Wilhelm Stuckart, representante del ministro del Interior. “Matarlos ilegalmente los convertirá en mártires y les dará la victoria”, argumentó Stuckart, que había sido uno de los creadores de las leyes de Nuremberg; proponía que, en lugar del Holocausto, se aplicaran esas normas y se esterilizara en forma masiva a los judíos para que no pudieran reproducirse.

Videla afirma que nunca se habló en Argentina de “solución final”.

—“Disposición Final” fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final. Ya no tiene vida útil.

También Harguindeguy usa esa frase. Y en la primera y hasta ahora única lista de desaparecidos encontrada desde la recuperación de la democracia, figura la sigla DF (Disposición Final) al lado de 195 de los 293 nombres de detenidos en la jefatura de la Policía de Tucumán. El documento fue aportado el 15 de junio de 2010 por Juan Carlos “el Perro” Clemente, un militante de la Juventud Peronista que luego pasó a colaborar con la represión ilegal, durante un juicio a policías y militares. La lista había sido confeccionada a máquina por los represores, y los nombres aparecen por orden alfabético, con su alias o presunto “nombre de guerra”; en la tercera columna figura el destino de cada uno de ellos: “DF”, “Libertad” o “Disp. PEN”, en alusión a los detenidos que eran “blanqueados” y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Según el Régimen Funcional de Logística del Ejército, la Disposición Final es “la actividad logística mediante la cual se determina el trámite a dar a los efectos finales irrecuperables, obsoletos o que han perdido sus condiciones antes de su baja del patrimonio”.

Estas palabras, Disposición Final, ya aparecen en la “Conducción para fuerzas terrestres”, de 1968.

Harguindeguy asegura que los oficiales superiores (los coroneles y los generales) nunca se reunieron para decidir qué hacer con los detenidos considerados “irrecuperables” por sus verdugos: “No se habló (entre los oficiales superiores)… Ahora, usted recuerda que la Junta Militar se reunía y eran tres; los demás, ‘colita de perro’, como en los juegos infantiles. Tres eran las cabezas… En el Ejército, los comandantes de cuerpo, y después, arriba de ellos, el comandante en jefe. Si hablaron o no hablaron… Yo creo que no pudieron dejar de hablar porque era muy trascendente en la vida del país, del futuro, y más si iba a ser (haber) Disposición Final. Si era (había) Disposición Final, había que dar el nombre, el lugar y el hecho. ¿Cómo justificaba el hecho? ¿Cómo tenía que juntar las pruebas suficientes para lograr una pena semejante?”.

La Junta Militar era la autoridad suprema del país y estaba formada por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los tres elegían en forma unánime al presidente de la Nación, que debía ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas, en actividad o retirado. Videla fue el primero, hasta 1981, y mantuvo el cargo clave de jefe del Ejército hasta mediados de 1978, cuando fue reemplazado por su aliado, el general Roberto Eduardo Viola. 

Videla asegura que la Junta Militar nunca se reunió para debatir el destino de los prisioneros “irrecuperables”.

—No hubo una reunión de Junta para decidir esto; cada fuerza lo fue decidiendo a medida que se iban produciendo los hechos. La guerra contra la subversión no fue competencia de la Junta Militar sino de cada fuerza a través de su comandante en jefe.

Luego del golpe de Estado, las desapariciones, que ya venían ocurriendo, aumentaron en forma exponencial, a tono con el grado máximo de autonomía que los militares habían adquirido respecto del resto de la sociedad argentina. No tenían que rendirle cuentas a nadie, tenían todo el poder político en sus manos. Videla se hace cargo de “todos esos hechos” y señala que los alentó de manera implícita, tácita.

—Frente a esas situaciones, había dos caminos para mí: sancionar a los responsables o alentar estas situaciones de manera tácita como una orden superior no escrita que creara la certeza en los mandos inferiores de que nadie sufriría ningún reproche. No había, no podía haber, una Orden de Operaciones que lo dijera. Hubo una autorización tácita. Yo me hago cargo de todos esos hechos.

Y agrega que, en el contexto de aquella época, fue “la mejor solución” que encontraron.

—No había otra solución; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le pasara desapercibido. La solución fue sutil, la desaparición de personas, que creaba una sensación ambigua en la gente: no estaban, no se sabía qué había pasado con ellos; yo los definí alguna vez como “una entelequia”. Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte. 

Los jefes militares que tomaron el poder estaban dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance para vencer a las guerrillas. Ya lo había anticipado Videla el 23 de octubre de 1975, en Montevideo, durante la Undécima Conferencia de Ejércitos Americanos: “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”.

—La libertad de acción derivó en grupos que se manejaron con demasiada autonomía. Había una finalidad, que era lograr la paz sin la que hoy no habría una república. Pero los medios fueron tremendos.

Desde antes del golpe, los jefe militares intentaron ocultar, disimular, enmascarar la decisión de no respetar las leyes ni los derechos humanos más fundamentales. Tanto es así que Massera tomó un café con el embajador estadounidense, Robert Hill, el 16 de marzo de 1976, ocho días antes del golpe de Estado, cuando, según transmitió el diplomático a su gobierno, le confirmó que los militares podrían verse obligados a intervenir “muy pronto” para evitar el “caos total”, y le señaló que, en ese caso, “intensificarán la lucha contra el terrorismo y la subversión, pero dentro de la ley. Él dijo que la intención de los comandantes es hacer eso de la manera más ‘democrática’ y moderada posible. Él apuntó que ellos estaban teniendo algunas dificultades conteniendo a los exaltados (hot heads), pero expresó su confianza en que podrían hacerlo”.

Hill agregó en el cable 1751 al Departamento de Estado de su país, de carácter secreto, que Massera enfatizó que los militares eran “completamente conscientes de la necesidad de evitar problemas sobre los derechos humanos” y que, en el caso de que debieran tomar el poder, “no seguirán los lineamientos de la intervención de (Augusto) Pinochet en Chile. Más bien, dijo él, ellos tratarán de proceder dentro de la ley y con total respeto por los derechos humanos”. Siempre según esa fuente, Massera sostuvo que los militares estaban “muy preocupados sobre sus relaciones públicas en los Estados Unidos si tuvieran que intervenir”; incluso, le pidió a Hill que le recomendara “una o dos empresas de relaciones públicas bien reputadas en los Estados Unidos que podrían encargarse de ese problema para un futuro gobierno militar”. El embajador le contestó que “yo no podía darle ningún consejo como el que me había pedido, pero podía ofrecerle la lista de las empresas de relaciones públicas disponible en la biblioteca de la oficina comercial de la embajada. Massera me dijo que le parecía bien y que le gustaría recibir esa lista ‘dentro de los próximos días’”.

Massera, Videla y los militares comprendían que la situación política en Estados Unidos ya no era favorable a los gobiernos “amigos” que violaban los derechos humanos, como el chileno. En marzo de 1976 faltaban apenas siete meses para las elecciones presidenciales que provocarían el retorno de los demócratas a la Casa Blanca con James Carter, que hacía de la condena a la represión ilegal en la Unión Soviética y en sus satélites pero también en las dictaduras militares del Cono Sur una de sus banderas políticas. El triunfo de Carter reflejó a una opinión pública sensibilizada por el abierto respaldo de los republicanos al cruento golpe del general Augusto Pinochet en Chile en 1973. Cuando los militares argentinos derrocaron a Isabel Perón, ese cambio en la opinión pública estadounidense ya se estaba dando, al punto de que los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso.

Por ese motivo, el Departamento de Estado, a pesar de las preferencias militares y anticomunistas de su titular, Henry Kissinger, mantuvo una posición cauta frente al golpe de Videla y compañía. Tanto fue así que, en su cable secreto del 16 de marzo de 1976, el embajador Hill informó que no pensaba cancelar su viaje del día siguiente a Estados Unidos: “Si cancelo estos planes ahora y el golpe se lleva a cabo, por ejemplo el 18 de marzo, esto será interpretado por muchos como prueba de que teníamos previo conocimiento del accionar militar. Además, es posible que se argumente que cancelé mis planes y me quedé acá para ayudar a dirigir el golpe. El hecho de que esté fuera del país cuando el golpe ocurra, creo que será un hecho a nuestro favor que indicará el no involucramiento de la embajada y el gobierno de Estados Unidos”.

El mes anterior, Hill había enviado un cable a su gobierno señalando que “Diego Medús, el director del Departamento América del Norte de la  Cancillería, me confió en un almuerzo que ‘el grupo que está planificando el golpe militar’ le pidió que prepare un estudio y haga recomendaciones sobre cómo podía el futuro gobierno militar evitar o minimizar la clase de problemas que los gobiernos chileno y uruguayo estaban teniendo con Estados Unidos sobre el tema derechos humanos. Sostuvo (el diplomático argentino) que les contestó que tendrían problemas si comenzaban ejecutando gente. Los oficiales replicaron que ellos intentarían conducir una guerra a fondo contra los terroristas y que algunas ejecuciones podrían probablemente ser necesarias, pero que deseaban minimizar cualquier problema resultante con Estados Unidos, y le pidieron que igual preparara el informe”.

El giro en la opinión pública norteamericana y la situación electoral en Estados Unidos fueron dos de los factores que inclinaron a Videla y a los militares hacia la “Disposición Final”. No querían levantar protestas en Estados Unidos. En sintonía, los colaboradores de Videla presentaban al nuevo presidente como el líder de la facción moderada dentro de los militares, las “palomas”, a quien había que respaldar porque era el único que podía mantener a raya a los “halcones”, partidarios de una represión feroz.

Al principio, la dictadura logró confundir a los diplomáticos estadounidenses y de otros países destacados en Buenos Aires. La delegación israelí fue una de las primeras en darse cuenta de que esta división no funcionaba, al menos en el plano de la represión, según un cable de la embajada norteamericana del 23 de junio de 1976 titulado “La opinión de Israel”. Hill señaló que, para sus colegas, “los militares tomaron la decisión de eliminar la subversión y el terrorismo, y de silenciar y aterrorizar a toda la potencial oposición, mucho antes del golpe del 24 de marzo. La única cuestión restante era cómo hacerlo con menor exposición a las críticas externas que las que habían aislado al régimen militar en Chile. El gobierno dio luz verde a las fuerzas de seguridad para hacer frente al problema de seguridad interna con cualquier método considerado apropiado, pero siempre manteniendo al gobierno en una posición de ‘posible negación’ de la responsabilidad”.

Desde un punto de vista estrictamente militar, el otro motivo de las desapariciones fue el protagonismo de las tareas de Inteligencia en la lucha contra la guerrilla, según Videla.

—La Inteligencia siempre actúa en secreto, sea para prevenir que se infiltre el enemigo como para sembrar incertidumbre en las filas del enemigo; de allí la importancia de la figura de los desaparecidos.

Un “halcón” como el general Santiago Riveros, que era el jefe de la Zona 4, tiene una explicación muy directa, brutal, sobre el método utilizado contra los prisioneros considerados “irrecuperables”: “Los terroristas detenidos que fueran miembros activos de las organizaciones ERP y Montoneros debían ser aniquilados, o sea eliminados, procedimiento aplicable por no caberles la aplicación de las leyes de guerra dado que no eran soldados regulares sino partisanos o combatientes irregulares que, como tales, estaban excluidos de ese tratamiento”.

En su alegato judicial del 20 de abril de 2010, antes de que lo condenaran por segunda vez a prisión perpetua, Riveros responsabilizó de esa decisión al gobierno constitucional del peronismo, a través de tres decretos despachados el 6 de octubre de 1975. Y agregó: “Frente al caso concreto de detenciones cabían tres alternativas: 1) La libertad ante la falta de toda evidencia de culpa o sospecha; 2) La puesta a disposición del Poder Ejecutivo si solo existía un estado de sospecha; 3) El aniquilamiento en los casos en que se comprobaba, por el procedimiento militar y en base a las pruebas reunidas, de que se trataba de terroristas, medida que decidía el comandante en jefe del Ejército”.

Hay aquí una diferencia con Videla, quien asegura que él alentó las muertes y las desapariciones “de manera tácita”, al no sancionar a sus responsables, y que todas sus órdenes escritas fueron “genéricas: una orden escrita siempre es genérica”, y nunca recomendaron la “Disposición Final”.

Por su lado, Riveros afirma que “todos los operativos fueron documentados y, hasta su destrucción, estos antecedentes se encontraban en los estados mayores de las fuerzas, en el Ministerio del Interior (coordinador de la información) y en la sede de los respectivos comandos. Debe quedar claro que nadie fue perseguido por su forma de pensar, ideología, raza, nacionalidad, religión o condición social, sino exclusivamente por su calidad de terrorista”.

Riveros alude a la quema de los documentos vinculados a la represión ordenada por el general Reynaldo Bignone, el último presidente de la dictadura, que el 28 de abril de 1983 firmó el decreto reservado 2726.

La represión fue capilar y la decisión de qué hacer con cada prisionero quedó en manos de cada fuerza y, en el caso del Ejército, del comandante de cada una de las cinco zonas en las que el país fue dividido. Como sucedía con los señores feudales, estos “señores de la guerra” se manejaban con autonomía en sus territorios. Videla asegura que los jefes de las zonas no tenían que pedirle permiso y ni siquiera informarle sobre cada caso en particular, salvo aquellos que consideraran tan importantes o relevantes que debían ser conocidos por el comandante en jefe.

—La responsabilidad de cada caso recayó en el comandante de la zona, que utilizó el método que creyó más apropiado. Cada comandante tuvo autonomía para encontrar el método más rápido y menos riesgoso. Nadie estuvo en contra de eso en el Ejército ni en las Fuerzas Armadas; no generó ninguna discusión. Hubo problemas en algunos casos por la resonancia del personaje. A mí, los comandantes o jefes de zona no me pedían permiso para proceder: yo consentía por omisión. A veces, me avisaban. Recuerdo el caso de una visita a Córdoba y el general Luciano Menéndez me recibe con esta novedad: “El hijo de Escobar andaba en malas juntas y los liquidamos anoche”. Era el hijo de un coronel que había sido compañero nuestro de promoción; entonces, yo ya sabía que si Escobar venía le tenía que decir: “De ese tema no quiero hablar”. Pero el padre no me preguntó nada.

☛ Título: Disposición final

☛ Autor: Ceferino Reato

☛ Editorial: Sudamericana

☛ Edición: 1° de marzo de 2016

☛ Páginas: 360
 

Datos del autor 

Ceferino Reato (1961, Crespo, Entre Ríos) es periodista y licenciado en Ciencia Política. 

Fue redactor en la sección Política Nacional del diario Clarín; editor jefe en Perfil; corresponsal de la agencia internacional de noticias ANSA en San Pablo, Brasil, y consejero de prensa de la embajada argentina ante el Vaticano. 

Actualmente, es editor ejecutivo de la revista Fortuna y conduce el programa Retweet, por +Radio FM 107.5. 

Es analista en Gran Hermano y en Cortá por Lozano, también por Telefe.