Corrupción en la ex Andis: detectaron sobreprecios por más de $ 650 millones con un mismo proveedor

Un estudio técnico presentado ante la Justicia por el Ministerio de Salud denuncia “desvíos críticos y sobreprecios” en las facturas presentadas y pagadas a seis empresas proveedoras de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El monto de todos los contratos analizados por el propio Gobierno en 505 expedientes –según el análisis al que pudo acceder PERFIL– es de $ 18 mil millones (en concreto, son $ 18.368.585.604). Solamente dos de esos expedientes presentarían, según ese documento, diferencias de precios por más de $ 652 millones, lo que equivale a casi 1.900 pensiones por discapacidad (hoy en $ 345 mil). Esos montos adicionales fueron pagados a la empresa Farma Salud S.R.L., que de acuerdo con la cartera que dirige Mario Lugones presentó facturas por $ 11 mil millones. 

Las compras corresponden a sistemas de válvulas bicaval transcatéter, con un presupuesto superior en $ 300,8 millones a lo que PAMI había pagado a otras empresas por el mismo producto; e insumos médicos implantables, por los que Andis pagó $ 351,2 millones más que el valor que Salud estimó era el de mercado.

Mientras esto ocurría, el por entonces vocero presidencial (y hoy jefe de Gabinete), Manuel Adorni, mostraba una radiografía de un perro para intentar probar que existían grandes irregularidades en la adjudicación de pensiones por discapacidad, algo que, afirmaba, comprometía el presupuesto y el equilibrio fiscal. Luego se comprobó que la persona que había presentado esa documentación no había sido admitida y por lo tanto jamás llegó a cobrar ese ingreso. Por otro lado, el Gobierno continuó acusando a los beneficiarios de estafar al Estado y, de hecho, presentó ante el Congreso un proyecto de ley titulado “Contra el fraude de las pensiones por invalidez”. 

Pero el mismo Ejecutivo reconoció, en el informe de gestión presentado el 29 de abril en la legislatura, que casi el 99% de las bajas en pensiones ocurridas entre 2024 y 2025 (110.454 de las 112.136) se debieron a la violación de los artículos f y g del decreto 432/1997: es decir, a que las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación no fueron entregadas al beneficiario por inconsistencias en los datos del domicilio, y no a falsificaciones en estudios médicos u otro tipo de fraude.

El verdadero fraude, al parecer, estaba ocurriendo dentro de las mismas instituciones públicas y en organismos a cargo de funcionarios designados por el Gobierno, como Diego Spagnuolo, amigo y abogado del Presidente, antiguo titular de Andis y procesado por asociación ilícita, fraude y sobornos. Los sobreprecios de hasta 4.239% detectados por la denuncia que Salud presentó en la causa incluían insumos como sillas de ruedas, válvulas pulmonares autoexpandibles y diferentes tipos de prótesis. Entre los ejemplos el Gobierno menciona que, mientras la compra de endoprótesis aortobílica y endoprótesis ilíaca bifurcada fue adjudicada a la empresa Farma Salud S.R.L. por un monto de $ 369.800.000, “el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI), en un antecedente reciente, había abonado a la firma Barraca Acher Argentina S.R.L. la suma de $ 17.850.000 por el mismo insumo”. Esto, agregan, “equivale a un incremento del 1.972%, es decir, más de 19 veces el valor abonado por otro organismo del Estado para el mismo producto”.

El informe enumera otras anomalías como por ejemplo el caso de prótesis que nunca llegaron a los beneficiarios o domicilios legales inexistentes de los proveedores. 

Las empresas involucradas. Los desvíos críticos señalados involucran a seis compañías proveedoras: las facturas fueron presentadas por Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugia Y Ortopedia Imnova S.A., BYMAX MEDICAL y Expo Trauma. De todas ellas Farma Salud S.R.L. representa la mayor participación, con un monto superior a los $ 11.000 millones, “seguida por Ortopedia Bernat S.R.L. y el grupo vinculado Artrobone / Imnova”, continúa el escrito.

PERFIL buscó los nombres de estos proveedores en el sistema Compr.Ar, por el que deberían pasar estas adquisiciones salvo en casos de contratos directos o en situaciones de emergencia, y lo que resultó de esa búsqueda fue que Farma Salud S.R.L., la señalada como la principal beneficiaria, todavía figura como pendiente de inscripción como proveedora del Estado. 

Del monto total de los contratos con estas empresas, afirman desde Salud, todavía hay $ 4.770 millones pendientes de liquidación. “Esta situación técnica otorga a la administración la oportunidad de ejercer un control de legalidad preventivo, ya que el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, afirmaron.

Otros saldos pendientes.  Según constató este medio en los datos del presupuesto abierto, para la atención de la salud de las personas que cobran una pensión no contributiva el Gobierno devengó poco más del 10% del presupuesto en casi seis meses del año: $ 115.648 millones de los $ 1,13 billones asignados. Por otro lado, el Estado acumulaba hasta fines de abril una deuda con los prestadores de Incluir Salud cercana a los $ 70 mil millones desde noviembre de 2025. 

Desde la Secretaría de Discapacidad afirmaron a PERFIL que los pagos de la deuda con los prestadores se hacen a través del Ministerio de Salud, por lo que entienden que “se están regularizando”, aunque no pudieron dar mayores precisiones al respecto.