El acuerdo con Estados Unidos es una bomba de tiempo en la OMC

El acuerdo firmado entre la República Argentina y los Estados Unidos bajo el rótulo de “Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversión” no es un gesto diplomático menor ni una declaración de buenas intenciones. Es, en los hechos, una reconfiguración profunda de la política comercial argentina y un mensaje inequívoco hacia el Mercosur: la Argentina se reserva el derecho de negociar por fuera del bloque, aun cuando el bloque se construyó precisamente para evitar esa fragmentación.

La cuestión central no es ideológica. Es institucional. El Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto no establecieron un club de afinidades políticas: crearon un proceso de integración con una lógica concreta, basada en la coordinación, la Tarifa Externa Común y la construcción de una política comercial común. En ese marco, firmar unilateralmente un acuerdo de esta magnitud con una potencia extrarregional no es “diversificar vínculos”: es vaciar de contenido la arquitectura del Mercosur.

La primera objeción jurídica es evidente: un Estado Parte de una unión aduanera no puede, sin afectar al conjunto, otorgar preferencias arancelarias bilaterales a un tercero. Si la Argentina reduce aranceles, crea cupos preferenciales (TRQs) o establece cronogramas de desgravación para productos estadounidenses, altera la coherencia de la Tarifa Externa Común y el equilibrio interno del bloque. La invocación de la Lista Nacional de Excepciones no constituye un paraguas suficiente para un paquete de concesiones arancelarias y regulatorias de esta escala.

Pero el problema no termina en el Mercosur. Se agrava cuando el Gobierno intenta defender el acuerdo sosteniendo que “no es un tratado de libre comercio”. Esa defensa, lejos de blindarlo, lo vuelve vulnerable en el sistema multilateral.

El derecho de la OMC es claro: el Artículo I del GATT consagra el principio de Nación Más Favorecida. Toda ventaja arancelaria o comercial otorgada a un país debe extenderse inmediata e incondicionalmente a todos los demás miembros. La gran excepción –en materia de bienes– es el Artículo XXIV del GATT, que admite acuerdos de libre comercio o uniones aduaneras bajo requisitos estrictos.

En otras palabras: si el acuerdo concede preferencias y no se encuadra como TLC bajo el Artículo XXIV, el argumento jurídico más obvio es que viola Nación Más Favorecida. Y si el Gobierno quisiera evitar esa conclusión, debería sostener lo contrario: que sí es un TLC con cobertura amplia. Pero esa salida lo enfrenta al otro muro: el Mercosur, cuya lógica institucional exige coordinación externa y limita la posibilidad de negociar bilateralmente preferencias profundas.

El resultado es una trampa perfecta. Si es TLC, tensiona –cuando no vulnera– los compromisos del Mersour. Si no es TLC, expone a la Argentina a cuestionamientos serios en la OMC por discriminación comercial. En ambos casos, el costo institucional es altísimo.

Además, el acuerdo no se limita a tarifas. Incluye disciplinas típicas de tratados “de nueva generación”: propiedad intelectual, regulaciones, empresas estatales, subsidios, compromisos laborales y ambientales. Esto no es un detalle técnico: es el corazón del problema, porque traslada al plano internacional decisiones que deberían formar parte del debate democrático interno.

Pero hay un punto que desnuda la operación política detrás del acuerdo: el capítulo que hoy celebran algunos sectores ganaderos –la supuesta “cuota de carne” hacia el mercado estadounidense– no figura como un derecho adquirido en el texto firmado. No aparece como obligación exigible, ni como acceso garantizado, ni como cronograma verificable. Es, en el mejor de los casos, una promesa política: mientras la Argentina firma compromisos concretos, Estados Unidos no deja por escrito la contraprestación que el Gobierno utiliza para justificar la entrega. Así, el “beneficio” se anuncia; la cesión se firma.

Lo más grave es que todo esto ocurre sin debate parlamentario previo y sin una discusión regional seria. El Mercosur, con todas sus dificultades, sigue siendo el principal marco jurídico de inserción comercial de la Argentina. Incluso cuando negocia acuerdos posiblemente imperfectos como el firmado con la Unión Europea lo hace de manera conjunta. Romper su lógica desde adentro no es modernizarlo: es dejarlo sin sentido. Y un bloque regional sin sentido es un país negociando solo frente a potencias que, naturalmente, negocian desde posiciones asimétricas.

Argentina puede –y debe– tener una estrategia inteligente de diversificación internacional. Pero esa estrategia no puede construirse sobre la base de la fragmentación regional, la improvisación jurídica y la erosión institucional. El acuerdo con Estados Unidos no es solo un texto. Es una señal. Y la señal es clara: el Gobierno está dispuesto a reconfigurar la inserción internacional argentina sin respetar ni el andamiaje del Mercosur ni las reglas estructurales del comercio multilateral. Actuando como un protectorado de los Estados Unidos, siguiendo su estrategia de ponerle un corset al accionar de China en la región. Cuando la política exterior se vuelve un acto unilateral, el resultado no es soberanía: es vulnerabilidad y dominación.

* Del Centro de Estudios de Política Exterior Juan Atilio Bramuglia.