A 72 horas del tratamiento del proyecto de la reforma laboral que comenzará el miércoles en el Senado, los bancos les dirigieron cartas a varios legisladores, pero en particular a la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, Patricia Bullrich, y al titular de Diputados, Martín Menem, donde advirtieron por las consecuencias en el sector en caso de que se apruebe el documento. La movida, en concreto por el artículo 35 del megaproyecto oficial, abre un cono de sombra en el momento más sensible de las negociaciones del oficialismo. El inciso permite que trabajadores y jubilados cobren sus sueldos y haberes en billeteras virtuales en vez de solo en cuentas bancarias.
El documento de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra), firmado por su director ejecutivo, Marcelo Mazzón, reiteró el “enérgico rechazo” que él realizó el 18 de diciembre en la comisión, cuando disertó que “la habilitación de billeteras virtuales para el pago de haberes pone en riesgo la liquidez del sistema y el crédito productivo”.
En estas nuevas misivas, Abappra resaltó que los proveedores de servicios de pago (PSP), como se conoce a estos actores no bancarios, “no se encuentran alcanzados por las protecciones legales esenciales” que tienen las cuentas sueldo y jubilatorias. Esto “genera el riesgo concreto de que dichas protecciones se vean neutralizadas”.
Otro de los puntos clave que marcaron desde la cámara fue la “ausencia de garantías y mayor riesgo patrimonial para los usuarios”. Aclaró que los fondos depositados en cuentas bancarias cuentan con un sistema de “triple protección” integrado por el Seguro de Depósitos (Sedesa) que cubre hasta $ 25 millones por persona, por cuenta y por depósito. Tienen además el estatus de pasivo privilegiado sobre la totalidad de los activos del banco y un régimen de resolución especial. Las billeteras, en cambio, “carecen por completo de estas protecciones. En caso de insolvencia de un PSP, los fondos de trabajadores ingresarían a la masa concursal sin prioridad”.
Recordaron que “este marco regulatorio asegura que ni un solo asalariado haya sufrido pérdidas o demoras en sus haberes en las últimas tres décadas”. La experiencia histórica demuestra que el riesgo no es marginal, ya que, como resaltaron, “las quiebras y fraudes en fintech como Wirecard, FTX o Wenance, Generación Zoe, Sur Finanzas, generaron pérdidas masivas para usuarios sin que existieran mecanismos de garantía o rescate. En ninguno de estos casos hubo protección equivalente a la que hoy rige para los depósitos bancarios”. “La seguridad de los haberes no puede quedar subordinada a modelos de negocios sin sustento regulatorio ni garantías de solvencia. Existe regulación para proteger al trabajador”, remarcaron en la dura epístola.
“El punto que se critica choca con la reactivación del crédito, uno de los presuntos objetivos del Gobierno, porque el dinero que los clientes tienen en las billeteras virtuales no puede utilizarse para crédito”, resaltaron desde una entidad financiera a PERFIL. Fuentes de la City señalaron que el artículo 35 de la reforma “es un movimiento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger”, y acusaron que el beneficiario “tiene nombre y apellido: Mercado Pago”. Aunque les abren el juego a todas las billeteras. “Lo que subyace es una pelea entre Luis Caputo y Sturzenegger”, apuntaron a PERFIL desde otra compañía del sector. Este medio se contactó con el entorno del titular de Desregulación y con Mercado Pago, pero no hubo respuesta al momento del cierre de esta nota.
Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), también envió notas a los senadores, donde aclaró que la cámara comparte la orientación general de la iniciativa, pero que al mismo tiempo consideró necesario formular “una objeción puntual y sustantiva, atento a los riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales que su eventual aprobación podría generar”.
Abappra, ABA y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) habían expuesto en el Congreso en contra del artículo 35 de la reforma laboral hace casi dos meses. En ese momento, Javier Bolzico, presidente de Adeba, había alertado que esta modificación que atañe al sistema financiero “puede impactar negativamente sobre la seguridad de los fondos de las personas y, sobre todo, a la generación del crédito para empresas y familias”.
El Gobierno pretende que la reforma se trate el miércoles 11 a las 11 en el recinto. Del lado de los trabajadores, otros de los damnificados son algunos estatutos que el proyecto busca dar de baja. Más allá de que la CGT desinfló la posibilidad de un paro general para el día del debate, los sindicatos directamente afectados se reunieron en las últimas semanas uno a uno con todos los legisladores que los recibieron para llevarles sus argumentos en contra del documento. El silencio público del oficialismo hasta ahora deja dudas en las partes involucradas sobre si se modificarán o no los artículos observados.
