El sueldo de docentes universitarios tiene que subir 50% para mantener poder adquisitivo

Para mantener el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, los salarios de los docentes universitarios deberían haberse incrementado en un 49% en marzo. Así concluye un análisis del Observatorio de Salario y Presupuesto del Gremio de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba. El cargo de referencia con el que se hace este cálculo es de un profesor/asistente con dedicación semiexclusiva y 10 años de antigüedad.

En el informe explican que las estimaciones se realizan con las mediciones de IPC de Córdoba, que ya implementó ponderaciones actualizadas “mostrando diferencias relevantes respecto del índice nacional (aunque cabe aclarar que el índice anterior de Córdoba ya contaba con diferencias respecto del nacional)”. En ese sentido, aclaran, “un ejercicio de simulación recalculando el IPC del INDEC con nuevas ponderaciones arroja una inflación acumulada mayor que la oficial”. Y, así como la inflación con estas ponderaciones entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 sería entre 24 y 26 puntos porcentuales más alta, también “los salarios de los docentes universitarios y preuniversitarios muestran caídas más pronunciadas”.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacó en un documento que los salarios representan en promedio el 86,9% del gasto universitario, mientras que el dinero destinado al resto de la inversión en su funcionamiento representa el 13,1%. Por lo tanto, una caída presupuestaria tiene especial impacto en los ingresos. 

El ajuste real del presupuesto para las instituciones fue del 28,7% entre 2023 y 2025, y del 45,6% respecto de 2023 en relación al monto vigente en 2026, según las estimaciones del CEPA. El informe recuerda que la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) fue sancionada dos veces por el Congreso (la segunda en octubre de 2025) y que la justicia ordenó su aplicación en diciembre, pero que el Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificarla. 

Si se hubiera aplicado la ley, explican, este presupuesto presentaría hoy un crecimiento del 35,1% respecto a 2025: eso no significaría una recomposición completa frente al ajuste (todavía estaría 3,6% debajo de 2023), pero se acercaría a ese número.

La caída presupuestaria, como se mencionó, tuvo un impacto directo sobre los ingresos. “Entre 2023 y 2026 el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente, que se redujeron 43,2%”, estimaron.

“Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, tanto los docentes como el personal no docente de las universidades nacionales registraron una fuerte pérdida de poder adquisitivo en sus salarios. La mayor parte de esa caída se concentró en los primeros meses de 2024, entre diciembre 2023 (inclusive) y julio 2024 la inflación acumulada alcanzó 134,6%, mientras que los salarios aumentaron 80,4%”, agregan. Esto implicó “una reducción del 23,1% en términos reales respecto de noviembre 2023. Tomando ese mes como base, el salario real se redujo 24,4% hasta diciembre 2024 (inclusive)”. Durante 2025, continúan, “volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, acumulando así una caída total del 32,1%”. En 2026 la reducción en términos reales llegó al 34%, siempre teniendo en cuenta las mediciones oficiales de inflación.

Si se toman como referencia la Canasta Básica Alimentaria ($ 644.088 para una familia de cuatro integrantes) y la Canasta Básica Total ($ 1.397.672 para una familia, según el Indec) “en enero de 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se observa que solo una pequeña parte de los cargos supera la línea de pobreza”: se trata de los titulares con dedicación exclusiva, los únicos que superan ese umbral (con un salario básico bruto de $ 1.456.091). El resto de los sueldos van desde $ 162.991 (auxiliar con dedicación simple) a $ 1.295.710 (docente asociado con dedicación exclusiva). 

Las diferencias, si se aplicara la ley sancionada, serían notables. Por empezar, resume el informe del CEPA, establece la convocatoria a una paritaria nacional “para que el salario básico del personal docente y no docente de las universidades nacionales recupere el poder adquisitivo perdido desde diciembre 2023 (inclusive) hasta el mes de su publicación en el Boletín Oficial (octubre 2025)”, lo que implica un aumento salarial del 44%.

El proyecto del Gobierno, en cambio, “establece una recomposición sobre 2025 en salarios que se realice en tres cuotas trimestrales no acumulativas de 4,1%, y totaliza un 12,3%”. 

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) expresó en un comunicado que, con los salarios actuales “la docencia universitaria está endeudada, con pluriempleo y trabajando en apps como Rappi o Uber”. Y resaltaron que actualmente “una enorme cantidad de docentes cobra $ 250 mil por mes”. 

Un documento de la Universidad Nacional Arturo Jauretche reveló que, para septiembre de 2025, el 89% de sus docentes tenían otro empleo y el 19% de ellos en actividades no vinculadas a su profesión. “La respuesta colectiva de la docencia se expresa en renuncias o en la sobrecarga de obligaciones laborales, con jornadas extendidas que combinan la tarea académica con otras actividades, tanto afines como diferentes, como por ejemplo la venta por catálogo (Avon) o de chofer en plataformas como Uber”.