Inflación invisible: el IPC subestima el ajuste

La salida abrupta de Lavagna del Indec volvió a poner en agenda un tema bien discutido en 2024: la falta de actualización de la metodología que está por detrás del IPC (índice general de precios) y que implicaba que, para el cálculo de la inflación, se pasará a contemplar la evolución de los precios de los bienes y servicios más consumidos según la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo) realizada en el 2017/18, y no la realizada en el 2004/05, como hace el IPC actual. En cambio, se trataba de adecuar la canasta contemplada para el cálculo de la inflación para que se acerque un poco más a los consumos que realizan hoy los/as argentinos/as. Implicaba dos cosas: Cambiar, como ya se señaló, el relevamiento de los productos que componen los rubros cuya evolución de precios se contempla, pero también de ajustar los ponderadores que le asignan un peso determinado a cada rubro dentro de la canasta de consumo que hace al IPC. Un ejemplo de esto último son las tarifas de servicios públicos regulados (luz, gas, agua): este rubro pasaría de representar un 9,4% sobre el IPC total, a un 14,7% (por lo tanto, un aumento tarifario impactaría más en el aumento mensual de la inflación de lo que lo hace con la metodología actual). La salida de Lavagna reaviva discusiones y genera una pregunta: ¿por qué la negativa del Gobierno a actualizar el cálculo en enero, como ya se había anunciado?

Si se observa la diferencia entre los dos indicadores –IPC actual e IPC con ponderadores actualizados– en 2025 la negativa a actualizar el cálculo parece un capricho (la interanual sin ponderadores actualizados dió 31% y con ponderadores actualizados 32%), pero cabe señalar que sí hay una marcada diferencia entre la inflación acumulada desde el cambio de gestión si se mide de una u otra manera: mientras que con el IPC actual la inflación acumulada desde noviembre de 2023 es de 259%, con los ponderadores actualizados este valor llega al 276%. Esto se debe a que la diferencia entre indicadores se dio, sobre todo, a principios de 2024 producto del abrupto “ajuste de precios relativos” que hizo en ese momento el Gobierno (sobre todo: el aumento de las tarifas de servicios públicos regulados, como el agua, el gas y la luz). 

El cambio de los ponderadores implica que ganen peso (es decir: que sus variaciones “importen” más al momento de hacer el cálculo final del IPC) seis rubros; como muestra el siguiente cuadro, de estos seis, cinco crecieron por encima de la inflación desde el cambio de gestión. Es decir: los que ganan peso en el cálculo del IPC con el cambio de metodología, tienden a ser los rubros que, bajo este modelo económico, más suben (en general: servicios cuyos precios quedan menos expuestos a la competencia importadora). En principio, de no haber aumentos reales pensados a futuro, no habría problema; sin embargo, desde febrero de este año comenzará a regir un nuevo esquema tarifario que implica un aumento de los hogares sin subsidios a la energía y un aumento de las tarifas de luz y gas incluso para aquellos hogares que continúen teniendo parte de su consumo subsidiado (producto de una disminución de la cantidad subsidiada y de una baja del porcentaje del valor que se subsidia). Es probable, entonces, que el 2026 se parezca más al 2024: un año donde la inflación sea traccionada por aumentos de los servicios públicos regulados, el rubro que más peso gana y que es, además, el que más subió desde el cambio de gestión (461% contra 259% del IPC). Por lo tanto, este año entrante, podría llegar a volver a haber una diferencia más marcada entre los dos índices.

Cuando los rubros que más aumentan son también los que más peso tienen en el gasto efectivo de los hogares, la inflación deja de ser solo un indicador macroeconómico y se traduce directamente en una caída del ingreso disponible.

A estas implicancias sobre el cálculo del IPC, que los servicios públicos sean los que vienen liderando la suba generalizada de precios, debe sumarse que estos “gastos fijos” –que se pagan a principio de cada mes– disminuyen el ingreso disponible que tienen las personas. La boleta de luz, agua y gas pesaba 3,8% de un salario del sector privado en noviembre de 2023, pero en diciembre de 2025 superan el 6,8%. La merma en el ingreso que queda disponible luego de los gastos fijos se ve cristalizada en la caída del consumo. Las ventas en supermercados acumuladas de enero a noviembre en 2025, se encuentran un 10,2% por debajo del consumo en el mismo período del 2023.

Todo esto en un contexto de salarios en pisos históricos y de pérdida de puestos de trabajo privados registrados (que suelen tener niveles salariales más altos), hace que las familias estén “ahogadas”. Es por esto que –contra 2023– crece el despliegue de estrategias que hacen los hogares para “llegar a fin de mes”: en el tercer trimestre de 2025 un 34% de los hogares argentinos tuvo que gastar ahorros para llegar a fin de mes, el 13% endeudarse financieramente, el 15% endeudarse con conocidos/as y el 9,4% vender pertenencias. Estos indicadores, seguidos por el informe de Estrategias del hogar del Instituto Argentina Grande, nos permiten, en un mar de datos que a veces pueden resultar difíciles de interpretar, comprender mejor qué está pasando dentro de los hogares argentinos.

* Investigadores del área de economía del Instituto Argentina Grande (IAG).