Reforma laboral: una normativa mejor para los trabajadores y las PyMes

Se conocieron los datos de desempleo del tercer trimestre y trajeron una buena noticia. A pesar de que la gente que quiere trabajar aumentó, la creación de empleo fue más fuerte de lo esperado; por lo que la desocupación bajó a 6,6%. También trajo una mala noticia, una parte menor de esos nuevos puestos fueron asalariados formales en el sector privado. Sin embargo, esto no es una sorpresa, sino una realidad que prima en Argentina desde hace décadas. La proporción de ocupados en relación de dependencia en el sector privado viene bajando perseverantemente respecto al total.

Téngase en cuenta que esto sucedió independientemente de los “colores” de los gobiernos de turno o de las coyunturales recuperaciones económicas. Es cierto que para que se genere empleo debe haber inversión y crecimiento. El problema es que cuando estas condiciones se dieron en Argentina, la relación con la cantidad de puestos asalariados en el sector privado generados fue muy baja comparada en términos internacionales. De hecho, es conocido que las PyMes suelen ser grandes generadoras de empleo. Sin embargo, acá, cuando una de ellas consigue un crédito subsidiado de algún banco público, lo utiliza para producir más con menos trabajadores; lo cual es un absurdo en un país que tiene poco capital y mucha gente que quiere trabajar en relación de dependencia en el sector privado. También es cierto que la elevada litigiosidad y no contar con parámetros claros para enfrentar un juicio laboral ha llevado a que, para una PyMe, el riesgo de tomar a alguien sea excesivo. Incluso, un juicio laboral puede llevarla a la quiebra dejando sin ingresos a los otros trabajadores y a los dueños. 

Hoy tenemos una legislación laboral que sobreprotege al que tiene un puesto en relación de dependencia en el sector privado y le da poder y “caja” a los gremios, con el costo de excluir de una ocupación de esas características a la ma-yoría de los trabajadores argentinos. Esto es sumamente injusto. Incluso para quien tiene la mala suerte de perder su puesto en relación de dependencia; ya que le va a costar mucho conseguir uno de similares condiciones. En los países serios, hay legislaciones laborales que realmente protegen los derechos de los trabajadores; pero sin generar una barrera infranqueable para el despido o alta posibilidad de litigios laborales. Lo que logran es incentivar la creación de puestos de trabajo en re-lación de dependencia en el sector privado; por lo que se generan muchos más de los que se extinguen. Entonces, si alguien lo pierde o ingresa en el mercado laboral, siempre puede conseguir un empleo de esas características. Acá, por el contrario, ante la enorme dificultad de encontrar un puesto asalariado en el sector privado, se termina desocupado, en la informalidad, como independiente en blanco o con un seguro de desempleo disfrazado de trabajo en el sector público, que no le es útil a la sociedad.

Un dato a tener en cuenta, por las cosas que se escuchan en los medios, es que la reforma laboral no afecta los derechos adquiridos de los trabajadores. Sí, modifican las condiciones desde su promulgación en adelante. Por ejemplo, no cambia la indemnización que tiene el empleado hasta hoy; aunque sí lo hace para el futuro, clarificando los términos para que haya menos motivos de litigios judiciales. También, se instaura un fondo de cese laboral obligatorio que implicará un ahorro que hará el empleador para tener más posibilidades de contar con los recursos para enfrentar una eventual indemnización. Este instrumento le dará más garantía de cobro al empleado cesanteado y no tiene costo adicional para la empresa; ya que el aporte mensual se descuenta de las contribuciones patronales.

En realidad, la reforma aumenta los derechos de los trabajadores a costa de la “caja” de los sindicalistas. No será más obligatorio que el empleador le descuente al trabajador la cuota que va al sindicato; ya que éste deberá acceder a dicha detracción. Incluso, hoy esa retención obligatoria incluye a aquellos que ni siquiera son afiliados al gremio. 

¿A alguien se le puede ocurrir que unos cuantos empresarios y sindicalistas reunidos en CABA pueden fijar las condiciones de trabajo para empresas PyMes y grandes, desde La Quiaca hasta Ushuaia? Es lo que pasa hoy. Por supuesto, luego, muchas PyMes a lo largo del país terminan acordando condiciones distintas con sus empleados; lo que no es legal. Pues, luego de la reforma, de mutuo acuerdo, los trabajadores y empleadores podrán decidir negociar acuerdos distintos a nivel de empresa, sector, por tamaño o región que sean distintos a las condiciones pactadas a nivel superior y serán las que primarán. Nadie conoce mejor que los empleados y sus dueños cuál es la forma en que esa empresa funcionará mejor, generando mayores salarios y ganancias.

Hay que avanzar en la reforma laboral para tener una normativa donde se respeten los derechos y que sea inclusiva de todos los trabajadores del país. Una donde no sean rehenes de sindicalistas ricos que priorizan la “caja” y el poder a costa de gremios y afiliados empobrecidos.

*Economista y director de la Fundación Libertad y Progreso.