¿Se puede cumplir la ley universitaria sin romper el equilibrio fiscal? Un informe señala dónde estarían los fondos

¿Es posible cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sin poner en riesgo el equilibrio fiscal que defiende el Gobierno de Javier Milei? Un nuevo informe económico sostiene que sí y señala que el propio proyecto de Presupuesto 2027 contiene recursos que alcanzarían para financiar la recomposición salarial y presupuestaria de las universidades nacionales, sin necesidad de aumentar el gasto total previsto ni crear nuevos impuestos.

El estudio señalado fue elaborado por la consultora Zentrix y difundido este jueves 15 de octubre, mientras cobra cuerpo la marcha federal universitaria en la que estudiantes, docentes y gremios reclaman al Gobierno que cumpla la ley.  El análisis calcula que la aplicación integral de la Ley 27.795 tendría un costo adicional de entre $2,45 y $3,65 billones durante 2027, equivalente a entre el 0,18% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI).

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La cifra contrasta con los $5,93 billones que el informe identifica dentro del Presupuesto 2027 como fondos sin asignación específica, ubicados principalmente en la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro.

En diálogo con PERFIL, Claudio Montiel, director de Zentrix, explicó que los casi $6 billones identificados en el Presupuesto 2027 corresponden a partidas cuyo destino no está especificado en las planillas oficiales. “Técnicamente, ellos los dejan de libre disponibilidad, no hacen la aclaración en las planillas,”, señaló en diálogo con PERFIL. El economista consideró que esos recursos podrían funcionar como una reserva del Gobierno ante eventuales desvíos en las metas de recaudación, inflación o resultado fiscal. Sin embargo, planteó que una parte podría reasignarse al financiamiento universitario: “De esos casi 6 billones, tendría que poner 2,4, más o menos, para cubrir aunque sea una parte de la ley”. Y concluyó: “El informe busca, de alguna manera, responder a la pregunta de dónde saldría el dinero”.

La conclusión de Zentrix es que, la diferencia podría cubrirse mediante una reasignación de partidas ya contempladas en el gasto público. En ese escenario, el resultado fiscal proyectado por el Gobierno no se modificaría, aunque el Ejecutivo perdería margen para distribuir esos recursos entre otros destinos.

"Lo que está en discusión no es la existencia de recursos, sino su asignación", concluye el trabajo, titulado Financiamiento universitario: cuánto cuesta cumplir la Ley 27.795 y dónde están los fondos en el Presupuesto 2027.

Cuánto dinero necesitan las universidades para cumplir la ley

El punto de partida es el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027, que contempla $7,35 billones para las universidades nacionales.

Ese monto se encuentra por debajo de los recursos que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera necesarios para cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación vigente.

De acuerdo con el informe, el CIN calcula que se requieren al menos $9,8 billones para aplicar la ley y propone un presupuesto de $11 billones para 2027, distribuido entre $8,4 billones para personal y $2,6 billones para gastos de funcionamiento.

Esto significa que la diferencia entre lo previsto por el Gobierno y las necesidades identificadas por el sistema universitario oscila entre $2,45 y $3,65 billones.

La consultora también calculó un escenario de cumplimiento parcial, vinculado con la medida cautelar judicial que exige recomponer salarios y actualizar las becas.

En ese caso, la necesidad adicional ronda los $2 billones, con un rango estimado de entre $1,8 y $2,2 billones. La estimación se concentra en el componente salarial, dado que el presupuesto no permite cuantificar con precisión el costo adicional de las becas.

En términos del gasto total proyectado para 2027, cumplir la ley completa requeriría reasignar entre el 1,2% y el 1,8% de los recursos presupuestados.

El cálculo no incluye eventuales diferencias retroactivas correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, por lo que no constituye una estimación de todas las obligaciones acumuladas.

Dónde están los $5,93 billones que identifica el informe

Uno de los principales hallazgos de Zentrix surge del análisis de las partidas agrupadas bajo la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro.

Según el trabajo, esta área es la que registra uno de los mayores incrementos presupuestarios para 2027: pasa de $5,64 billones a $14,81 billones, lo que representa un crecimiento real del 116,9%.

Dentro de esa jurisdicción, el informe identifica $7,68 billones clasificados como "otras asistencias financieras", sin una identificación específica de todos sus beneficiarios en las planillas analizadas.

Sin embargo, Zentrix descuenta de ese monto $1,45 billones destinados a reservas salariales de la Administración Nacional y otros $300.000 millones ya contemplados como transferencias universitarias.

De esa manera, llega a una base de $5,93 billones sin asignación específica, integrada principalmente por transferencias al sector privado en servicios sociales y otras partidas sin apertura detallada.

El trabajo plantea que esos recursos podrían utilizarse para financiar la diferencia entre el crédito universitario previsto y el requerido para cumplir la ley.

En el escenario de cumplimiento parcial, la reasignación necesaria equivaldría al 34% de esos fondos. Para cubrir la base estimada de la ley completa, se necesitaría el 41%. Y para alcanzar los $11 billones solicitados por el CIN, el porcentaje ascendería al 62%.

La existencia de partidas sin beneficiario individualizado en el proyecto no significa, sin embargo, que los recursos estén efectivamente libres de compromisos. Su disponibilidad dependerá de las obligaciones que deban atender y de las decisiones que se adopten durante la ejecución presupuestaria.

El propio informe reconoce que utilizar esos fondos reduciría la capacidad del Ejecutivo para afrontar contingencias u otros gastos durante el ejercicio.

¿Se puede financiar sin afectar el superávit fiscal?

La conclusión económica del estudio es que una reasignación de los fondos existentes no modificaría el nivel total de gasto previsto en el Presupuesto 2027.

En otras palabras, si el Gobierno destinara a las universidades una parte de los recursos actualmente contemplados en Obligaciones a cargo del Tesoro, debería reducir en igual magnitud otras aplicaciones de esas partidas.

Por lo tanto, bajo ese supuesto, no se alteraría el resultado fiscal proyectado.

La estimación adquiere relevancia porque el proyecto oficial contempla un superávit primario del 1,1% del PBI, mientras que el costo adicional de aplicar la ley universitaria se ubicaría entre el 0,14% y el 0,26% del producto, dependiendo del alcance de la recomposición.

Sin embargo, el planteo presenta una diferencia importante entre la disponibilidad presupuestaria y la ejecución efectiva.

Para que el resultado fiscal permanezca sin cambios, el incremento de los fondos universitarios debería compensarse con menores erogaciones en otras partidas. No bastaría con agregar el gasto sin identificar qué recursos dejarían de utilizarse para otros fines.

Zentrix sostiene que el mecanismo resulta legalmente posible mediante las facultades de reasignación presupuestaria y que la solución más estable sería incorporar expresamente los fondos en el artículo 12 del Presupuesto 2027.

De ese modo, los recursos dejarían de depender de decisiones administrativas durante el año y pasarían a formar parte del financiamiento universitario aprobado por el Congreso.

Salarios universitarios: una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 26%

La discusión presupuestaria también está atravesada por el deterioro de los ingresos de docentes y trabajadores no docentes.

El informe señala que los salarios universitarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre el 22% y el 26% respecto de noviembre de 2023, aun después del acuerdo alcanzado en junio de 2026.

Ese entendimiento estableció una recomposición de la masa salarial del 24,33%, distribuida entre un incremento del 21,33% en junio y otro del 3% previsto para octubre.

También contempló una actualización del 20% de los gastos de funcionamiento, recursos adicionales por $50.000 millones para hospitales universitarios y una mejora del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Según el estudio, las mejoras permitieron interrumpir parte del deterioro salarial, pero no alcanzaron para recuperar los niveles de poder adquisitivo previos al cambio de gobierno.

El problema adquiere una dimensión presupuestaria significativa porque entre el 87% y el 90% de los recursos de las universidades nacionales se destina al pago de salarios.

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De acuerdo con el CIN, alrededor de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en universidades nacionales durante el período de deterioro salarial, una cifra que el estudio incorpora como parte de los costos económicos del conflicto.

Los recortes también alcanzan a las actividades de investigación, extensión y funcionamiento de los hospitales universitarios.

La Justicia ordenó aplicar la ley, pero el Gobierno apeló

La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso durante 2025 y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025.

Sin embargo, ambas cámaras insistieron en su sanción con mayorías de dos tercios, por lo que la norma quedó convertida en ley.

El Gobierno la promulgó mediante el Decreto 759/2025, aunque suspendió su ejecución bajo el argumento de que no se habían identificado los recursos necesarios para financiarla.

La controversia llegó a la Justicia, que dictó una medida cautelar para exigir el cumplimiento de los artículos vinculados con la recomposición salarial y las becas.

Posteriormente, el 6 de octubre de 2026, una sentencia de primera instancia declaró inconstitucional la suspensión y ordenó aplicar la ley completa.

El Ejecutivo apeló esa decisión el 9 de octubre, por lo que la sentencia de fondo todavía no se encuentra firme. Sí continúa vigente la medida cautelar sobre salarios y becas.

Finalmente, el informe plantea que la discusión sobre el Presupuesto 2027 podría permitir resolver el conflicto por una vía legislativa, sin esperar necesariamente el desenlace completo de la disputa judicial.

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