La memoria que nació desde abajo: la historia que el Estado no logró cristalizar
La memoria sobre la dictadura no empezó en los tribunales. Antes del Juicio a las Juntas, ya se había construido desde abajo, y por eso, medio siglo después, sigue siendo un terreno de disputa política
El Juicio a las Juntas fue históricamente valorado por el hito que significó enjuiciar a los integrantes de las primeras tres Juntas Militares de la dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). A pesar de que estableció una verdad judicial, la memoria que vive en nuestra sociedad no nació en aquellos expedientes, sino mucho antes, con las denuncias de las familias, las marchas de las Madres de Plaza de Mayo, los pedidos de ayuda al exterior y un pueblo que sabía que “algo raro pasaba”.
Juicio a las Juntas Militares 1985
Esa construcción previa no fue abstracta ni espontánea, sino el resultado de una búsqueda impulsada desde las calles y sostenida en el tiempo.
Primero fue individual, con familiares recorriendo comisarías, hospitales y cuarteles en busca de parientes, o en su defecto, de alguna respuesta que nunca llegaba. Tiempo después, esa desesperación tomó forma en los tribunales, a través de habeas corpus, que preguntaban por el paradero de los desaparecidos y que, en su mayoría, eran rechazados o directamente ignorados, forzando a dejar registro de algo que el Estado se negaba a reconocer y acumulando registros que años más tarde resultarían clave para reconstruir lo ocurrido.
Aun sin respuestas, la búsqueda se volvió colectiva. En 1977 comenzaron las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, que todos los jueves caminaban en círculos alrededor de la Plaza para sortear la prohibición policial de permanecer detenidas, transformando el reclamo individual en una presencia pública sostenida y construyendo legitimidad desde abajo, frente a un Estado que no la otorgaba.
Madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos desaparecidos
Cuando el plano local también se volvió insuficiente, las denuncias cruzaron las fronteras y llegaron a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de recibir miles de presentaciones, su visita en 1979, permitió visibilizar lo que en Argentina todavía se intentaba ocultar.
Incluso la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), por más de haber sido promovida desde el Estado, ya democrático, fue constituida por miembros de la sociedad civil. Representantes de la cultura, los medios de comunicación, la religión, la academia y los derechos humanos, fueron los encargados de recopilar y validar lo que la sociedad ya venía denunciando. En otras palabras, aun cuando la dictadura ya había terminado, el Estado se apoyó en la sociedad para construir esa memoria, que dio como resultado el informe “Nunca Más”.
Por todo esto, para cuando el poder público finalmente pudo y quiso intervenir, esa memoria ya estaba en circulación en las calles. Argentina no tuvo un Estado que ordenara rápidamente la interpretación de ese pasado, pero la sociedad ya lo venía nombrando desde hacía tiempo.
Manifestaciones por los desaparecidos
El Juicio a las Juntas no fue lo que definió esa interpretación, sino que le dio forma institucional a algo que la población venía construyendo desde hacía años. A través del proceso judicial se establecieron responsabilidades, se organizó una verdad y se fijaron límites que hasta entonces no habían sido reconocidos de manera oficial. Pero ese ordenamiento no partió de cero, recogió denuncias, testimonios y registros que ya existían, y los transformó en una narrativa con peso jurídico.
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Esa forma de construcción explica, en parte, por qué la memoria sobre el Golpe de Estado en Argentina de 1976 nunca terminó de cerrarse del todo.
Al no haber nacido exclusivamente desde el Estado, sino desde la sociedad, quedó abierta a reinterpretaciones, tensiones y disputas, porque nunca fue consolidada ni institucionalizada de una vez y para siempre, sino construida en movimiento.
Miembros de la Junta Militar
A cincuenta años, no se trata solo de recordar lo ocurrido, sino de cómo se lo interpreta y con qué sentido se lo trae al presente. En ese terreno, distintos actores políticos siguen intentando apropiarse de esa memoria, resignificarla o incluso discutirla, porque ese pasado nunca terminó de quedar completamente constituido y cada gobierno busca leerlo desde su propio presente.
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Tal vez por eso sigue siendo incómoda, insistente y actual, porque en Argentina la memoria nunca fue solo recuerdo, sino también una forma de intervención política y pública sobre el presente.
RG