La narrativa del fraude

Hay una pregunta que debería incomodar a cualquier demócrata, independientemente de su signo político: ¿qué significa que la impugnación injustificada del resultado electoral ya no sea el grito del perdedor desesperado, sino el instrumento retórico de presidentes en ejercicio, de líderes con millones de seguidores, de gobiernos que en vez de brindar certidumbre erosionan la institucionalidad desde dentro? Algo ha cambiado. Y lo que ha cambiado no es la tecnología.

El software electoral tiene una cualidad extraordinaria para quien quiere impugnarlo: su complejidad técnica crea una asimetría de comprensión que favorece siempre al acusador. Alegar que el código fuente fue manipulado es sencillo, cuesta segundos y no requiere ninguna prueba. Desmentirlo exige semanas de peritaje técnico, informes de auditorías externas y comunicadores capaces de traducir la informática al lenguaje ciudadano. Para cuando la refutación llega, la narrativa ya está instalada.

Este principio —la duda sembrada no necesita ser demostrada— es la columna vertebral de todas las narrativas del fraude tecnológico. No se trata de probar nada. Se trata de generar desconfianza suficiente para que cualquier resultado adverso (o no) pueda ser leído como evidencia de conspiración. Las autoridades electorales pasan a ser defensoras de su propia inocencia en lugar de garantes del proceso.

La narrativa tecnológica del fraude no tiene exclusividad ideológica. Petro se ubica en las antípodas ideológicas de Trump y Bolsonaro, pero la narrativa del fraude es transversal. Es la señal de un recurso político que funciona con independencia del signo de quien lo emplea.

Más allá de episodios concretos, estas narrativas producen daños institucionales que se miden en años o décadas, no en semanas. El primero y más evidente es la erosión de la confianza en la democracia electoral como mecanismo legítimo de alternancia.

El segundo daño es menos visible, pero igualmente grave: la dificultad para modernizar los sistemas electorales en el futuro. Si el código fuente es sospechoso hoy, lo será mañana. Si las urnas electrónicas son fraudulentas en la derrota, los organismos electorales tendrán cada vez menos margen para introducir innovaciones tecnológicas que podrían mejorar la transparencia, la accesibilidad y la eficiencia del proceso.

El tercer daño es la normalización del no reconocimiento como opción política viable. Cada vez que un líder relevante impugna un resultado sin pruebas y sin consecuencias, el umbral para hacerlo vuelve a bajar.

En los últimos años han emergido antecedentes judiciales concretos que demuestran que las democracias pueden, cuando tienen voluntad institucional, establecer consecuencias reales para quienes difunden narrativas del fraude sin sustento.

La primera línea de respuesta institucional es, precisamente, que la impunidad no sea la norma. Cuando la narrativa del fraude tecnológico se difunde sin costos —jurídicos, políticos o reputacionales— se convierte en un recurso gratuito. Cuando genera consecuencias reales, el cálculo cambia.

Colombia deberá tomar medidas para que el costo de desinformar sea suficientemente alto para que los actores políticos lo piensen dos veces.

*Director ejecutivo de Transparencia Electoral. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Candidato a Magíster en Estudios Electorales por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM / Argentina). El artículo completo puede leerse en Latinoamérica21.